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El diputado radical Manuel Garrido consideró hoy "indignante" la ley sobre declaraciones juradas de los funcionarios públicos, recientemente reglamentada, y denunció que, con la norma, la presidenta Cristina Fernández "ha buscado su propio beneficio que es evitar declarar los bienes que tiene y que le costaron tantos dolores de cabeza a ella" y a varios de sus "ministros".
"Estamos peor que al final del gobierno de (Carlos) Menem en materia de transparencia", advirtió el ex fiscal, quien instó al titular de la Oficina Anticorrupción (AO), Julio Vitobello, a "dar la cara" y explicar de qué se trata esta normativa, a la que calificó de "lamentable" y un "retroceso". En diálogo con radio Continental, el legislador nacional alertó que, a partir de ahora, "la función de control que cumplía la Oficina Anticorrupción se ve directamente dinamitada" y sostuvo que la nueva ley "implica dejar sin efecto una de las pocas, sino la única política pública anticorrupción que la Argentina había mantenido de manera constante desde fines del '90".
"Esto atenta contra la publicidad de la declaración jurada; lo que se va a publicar es solamente información superficial", es decir, cifras patrimoniales "globales" y sin "discriminar", deploró.
Ayer, el Gobierno reglamentó la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, por la cual se establece que "serán iguales" a las que con fines impositivos se presenten ante la AFIP y que serán remitidas a la Oficina Anticorrupción para ser publicadas en Internet.
Consultado al respecto, Garrido denunció que, con esta normativa, "es evidente que la Presidenta ha buscado su propio beneficio que es evitar declarar los bienes que tiene y que le costaron tantos dolores de cabeza: a ella, al vicepresidente (Amado Boudou), a ministros de gabinete..." "Una vez más se mezclan los intereses propios con decisiones generales, en este caso la del recorte de control de la evolución patrimonial de los funcionarios", lanzó y juzgó esta situación de "indignante".
Para el ex fiscal anticorrupción, "estamos peor que al final del gobierno de Menem en materia de transparencia".
"Ahora no solo se logró hacer menos públicas las declaraciones juradas (de los funcionarios), sino que además hay una carencia técnica evidente (en la norma)", se quejó.
Garrido manifestó su "desazón" por el hecho de que "esto pase de esta manera sin ningún tipo de responsabilidad ni siquiera política. Es lamentable para los que tenemos algún interés o compromiso con políticas" de lucha contra la corrupción.
El diputado radical recordó que la "Ley de Etica Pública decía que el funcionario tiene que presentar información sobre antecedentes laborales y actividades por posibles conflictos de intereses y eso aparece ahora en un anexo reservado, con lo cual se cierra en un sobre y solo se puede conocer a pedido de un juez", repudió.
Garrido insistió en que "esta reglamentación ha implicado eliminar la función de control que tenía hasta ahora la Oficina Anticorrupción. ¿Qué va a controlar, si no tiene ningún tipo de información?".
"No sé que va a hacer (ese organismo) que, dicho sea de paso, aumentó el número de personas que trabaja ahí. ¿Qué va a controlar?", reiteró.
En su embestida, el diputado nacional reflexionó: "Una de las cosas que se ha tolerado en los últimos años es que al responsable de la OA no lo conozca nadie y ahora, de repente, se corta de cuajo una de las políticas públicas que se venían sosteniendo y no ha habido ninguna declaración publica de su parte, siguen escondidos y ellos son los que hicieron esta reglamentación, seguramente".