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El ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y el jefe de Policía de Córdoba, Ramón Frías, presentaron su renuncia como consecuencia del escándalo por la detención de cinco autoridades policiales del área de Lucha contra el Narcotráfico.
Al anunciar ambas dimisiones, el gobernador José Manuel de la Sota dijo que enviará un proyecto a la Legislatura para que el director del área antidrogas sea elegido con aval legislativo y para que los policías que integren el área deban presentar declaraciones juradas de bienes.
El escándalo surgió cuando se denunció públicamente que policías de la división Drogas Peligrosas, incluyendo a su máximo responsable, el comisario mayor Rafael Sosa, robaban parte de la droga incautada para pagarle con mercadería a sus informantes, venderla por su cuenta o guardarla para luego ‘plantarla‘ en operativos ilegales.
Incluso se los vinculó en el secuestro del propietario de un club nocturno de la ciudad de Córdoba.
Es así que la Justicia Federal ordenó el pasado miércoles la detención de Sosa, y otros cuatro policías del área, incluyendo a un comisario.
Todos fueron imputados por los delitos de asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad, esto último por supuestas detenciones ilegales.
Tras pasar unas horas en la Alcaidía de Tribunales Federales, todos los detenidos fueron alojados en la cárcel de Bouwer, en las afueras de Córdoba.
Hoy se conoció que también fueron imputados el anterior jefe del área antidrogas y jefe de Sosa, el comisario Mayor Mario Nieto y otros dos policías.
Hasta ayer, el gobierno de Córdoba garantizaba las continuidades del ministro de Seguridad y del Jefe de Policía, a través del Jefe de Gabinete, Oscar González, por lo que las renuncias anunciadas hoy no dejaron de ser sorpresivas, especialmente en el caso de Paredes.
Paredes fue una suerte de policía dilecto del gobernador De la Sota, ya que lo llevó de crear y comandar el grupo especial Eter, a ser Jefe de Policía primero y ministro de Seguridad después.
La estrategia oficial, hasta hoy, se había centrado en atribuir a las denuncias intencionalidad política basándose en la presunta militancia kirchnerista del fiscal Senestrari, que es el que impulsa la pesquisa.
Hoy, al anunciar el alejamiento de estos funcionarios y los cambios en la lucha contra el narcotráfico, el gobernador De la Sota volvió a deslizar sospechas sobre la investigación.
‘Pareciera que el flagelo mundial de la droga en Argentina tiene colores políticos y sólo aparece en provincias que tienen una posición independiente como Santa Fe o Córdoba‘, dijo De la Sota.