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El juego es un negocio que recauda alrededor de $400 millones al año en Salta. A mediados de agosto pasado, el Ejecutivo provincial anunció la quita de la concesión a la empresa Enjasa, que tenía el monopolio de casinos, tragamonedas y loterías hasta 2030. Adujo supuestos incumplimientos de normas contra el lavado de dinero. La medida, que lució en su momento improvisada, parece haber sido en realidad un acto planificado al extremo y con meses de antelación. Documentos a los que accedió El Tribuno revelan que, desde noviembre de 2012, el Ente Regulador de los Juegos Azar (Enreja) ya tenía a un reemplazante anotado para quedarse, sin licitación pública de por medio, con más de la mitad de las ganancias. En la disputa por esa suculenta caja aparece uno de los zares del juego más poderosos y polémicos de la Argentina: el cordobés Miguel Angel Caruso.
Para la mayoría de los salteños es un verdadero desconocido. Pero Caruso es el dueño de Casinos MAC Group, que desde 2001 le alquila a Enjasa máquinas para los casinos electrónicos de la capital salteña, Orán, Tartagal, Joaquín V. González, Metán y Rosario de la Frontera.
El casino capitalino Golden Dreams es el más rentable de la provincia y funciona con equipos de Caruso. Factura $275.000 por día, unos $75 millones al año. Los contratos de alquiler de esos aparatos, como tragamonedas, ruletas y mesas de Black Jack electrónicas, fueron firmados por Video Drome SA, una de las compañías de Caruso.
Los acuerdos de Video Drome con Enjasa vencen el 31 de diciembre, pero Caruso tiene un as en la manga: una propuesta al Ente Regulador para que le permita seguir en Salta, ya no brindando servicios con la renta de sus máquinas, sino directamente explotando los casinos más redituables. Es decir, quiere reemplazar a Enjasa en el negocio de las salas que más dinero generan, en particular, de Golden Dreams. Este casino electrónico, ubicado en Alberdi 262, se publicita como “uno de los más importantes del país”. Tiene ruletas, tragamonedas, póker, black jack, dados y bingo.
A mediados de 2012, el Enreja le dio un primer aval a las aspiraciones de Caruso, al legitimar a Video Drome como supuesta operadora de juegos de azar en Salta. Enjasa, la empresa que había ganado la licencia, impugnó esa habilitación ante el Ente Regulador, haciendo valer su condición de “operadora exclusiva”, pero el recurso fue rechazado.
Esa fue solo una de varias decisiones que favorecieron a la firma de capitales cordobeses. Una de las resoluciones más polémicas del ente que preside Sergio Mendoza, funcionario denunciado por negocios incompatibles, sobresueldos en negro y contrataciones sospechadas de corrupción, es la que eximió a Video Drome de renovar las máquinas electrónicas con más de 10 años de antigüedad. La orden de modernizar el equipamiento de los casinos había sido dispuesta por una resolución de mayo de 2012, aunque solo terminó obligando a Enjasa a desembolsar esa inversión millonaria.
Fue en ese contexto que el zar del juego cordobés presentó el 23 de noviembre de 2012 una propuesta para quedarse con la explotación de los casinos electrónicos que más recaudan. En el mismo documento en el que Video Drome pidió ser exceptuada de la renovación de su flota de máquinas, la empresa que forma parte del emporio de Caruso deslizó una “oferta superadora”. En ella, la firma adelantó que ofrecería al Estado, “por intermedio del Enreja”, pagar desde 2014 un canon del 20 por ciento, más elevado que el que aporta Enjasa.
Coincidentemente, el ministro de Economía, Carlos Parodi, aseguró el mes pasado que el monto que deben abonar los operadores del juego subirá del 16 por ciento de la recaudación que se cobra hasta ahora al 20 por ciento. El funcionario dijo esto cuando informó que se le quitaría la licencia a la concesionaria que tenía contrato hasta 2030. “Enjasa queda afuera de esta historia”, señaló el ministro el 14 de agosto, en una conferencia en la que promocionó un avance contra el monopolio. El anuncio prometía transparencia, pero los movimientos que se dieron desde 2012 parecen indicar que, en realidad, solo se trataba de una maniobra para desplazar a una empresa y beneficiar a otra.
Un imperio que nació en la clandestinidad
Empezó con una pequeña lavandería en el barrio Providencia, de la ciudad de Córdoba, donde en 1987 instaló las primeras máquinas de video póker.
Desde la clandestinidad de aquellos bares de “La Docta”, Miguel Ángel Caruso montó, en veinte años, un verdadero imperio de tragamonedas y casinos electrónicos.
Hoy, lejos de los tiempos de prohibición, el dueño de Casinos MAC Group maneja el negocio en Córdoba, asociado con el grupo Roggio en CET (Compañía de Entretenimientos y Turismo), la concesionaria del juego de esa provincia.
Señalado por La Voz del Interior como referente de “la mafia de las máquinas de video póker”, entabló contra ese diario un juicio que el Tribunal Superior de Córdoba definió en 1999 a favor del citado medio de prensa.
En la causa por el crimen del exsenador radical Regino Máders, asesinado en septiembre de 1991 por encargos del hampa que quedaron sin esclarecimiento judicial, Caruso negó haber ofrecido dinero, en ese entonces, para evitar una prohibición del juego en Córdoba. Esa ya no es una preocupación que pueda quitarle el sueño en su provincia, que lo tiene como amo y señor de los casinos y el juego legalizado.
Lejos en el tiempo quedaron también sus cuestionados desembarcos en Catamarca, con la venia de Luis Saadi, y en Tucumán, a comienzos de los noventa, asociado con los hermanos Ale, quienes hegemonizaban desde mucho antes el juego clandestino en el Jardín de la República.
A través de Video Drome, Cosmopolitan Club y otras firmas de su propiedad, Caruso expandió sus negocios de fabricación, importación, alquiler y operación de máquinas de video póker y ruletas electrónicas a media Argentina y otros países.
Además de Córdoba, Catamarca y Tucumán, tiene licencias en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, San Juan, Tierra del Fuego, Mendoza (Las Leñas), San Luis, La Rioja, Neuquén, Jujuy y Córdoba.
Fuera del país explota casinos electrónicos en Paraguay (Asunción y Ciudad del Este). En su sitio oficial, Casinos MAC Group resalta que esas salas de juegos “se encuentran conectadas satelitalmente con el Grupo Caliente de la ciudad de Tijuana, México”. Sus conquistas internacionales incluyen, además de Paraguay y México, a Uruguay, Colombia y Ucrania.
Mendoza sigue al frente, pese a las denuncias
Sergio Mendoza, presidente del Ente Regulador de los Juegos de Azar (Enreja), viola el marco que regula su actividad. La ley le exige dedicación exclusiva al cargo; sin embargo, el funcionario es socio gerente de la empresa agropecuaria SAN SRL. Para no quedar en evidencia, mantuvo oculta su participación desde 2008.
La presidencia del Enreja tiene la remuneración más alta de la administración pública. Sin embargo, Mendoza también fue denunciado por cobrar sobresueldos. Junto a otros directivos del organismo, entre ellos el ex vicepresidente, Gerardo Posadas, percibían montos en negro por $9.500 al mes.
El titular del ente era el responsable de emitir cheques con los que se abonaban los sobresueldos. En mayo pasado, cambiaron ese mecanismo, y el “plus” se depositaba directamente en las cuentas de los directivos del Enreja.
Un funcionario en el supuesto lavado
Esteban María Isasmendi, actual presidente de Aguas del Norte, ocupaba hasta hace unos días una de las sillas del directorio de Enjasa. Según consta en los documentos de la empresa, el funcionario de Urtubey estuvo vinculado a Enjasa desde 2009. Hace un mes, el ministro de Economía, Carlos Parodi, y el presidente del Ente Regulador de los Juegos de Azar (Enreja), Sergio Mendoza, anunciaron el retiro de la licencia a Enjasa y denunciaron que la empresa incumplía normas antilavado de dinero. Ese fue el principal argumento que expusieron al sacarle la explotación de casinos, bingos y rifas.
Isasmendi no pudo evitar quedar envuelto en esas acusaciones, ya que era uno de los directores de la empresa. Por el cargo que ostentaba, el funcionario provincial conocía los balances, participaba en reuniones y tomaba decisiones junto a otros accionistas.
En medio de la polémica, trascendió que Isasmendi renunció a la cúpula de Enjasa. Pese a que desde el mismo Gobierno se le imputó a la dirección de la empresa infracciones constantes a normas de transparencia de capitales, el gobernador Urtubey mantiene a Isasmendi como presidente de la estatal a Aguas del Norte.
Según consta en las inscripciones del directorio de Enjasa archivadas en el Registro Público de Comercio, Isasmendi ingresó al directorio el 19 de mayo de 2009. A la semana siguiente, también logró ser designado por el Ejecutivo provincial como presidente del directorio de Aguas del Norte.
Isasmendi forma parte del círculo íntimo de Facundo Urtubey, hermano del gobernador. Mientras era el titular de Aguas del Norte, la asamblea de accionistas de Enjasa le confirió ser uno de los directivos en mayo de 2010, 2011, 2012 y 2013.