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Familiares de los siete policías acusados de apremios ilegales en perjuicio de dos menores volvieron a manifestarse frente a los tribunales de la ciudad de Orán, luego de tomar conocimiento que el Tribunal de Impugnación confirmó el procesamiento dictado por la jueza Norma Vera. Como lo expresaron en otras oportunidades, insistieron en que ellos no participaron de los hechos que se investigan, y que son víctimas de una causa armada para salvar a cuatro jefes. Los hechos ocurrieron el 3 de mayo pasado cuando personal de Infantería detuvo a dos menores en el barrio Balut, quienes fueron golpeados y arrojados a un basural. En el hecho fueron involucrados los suboficiales y agentes Javier Ignacio Romano, Miguel Angel García, Darío Fernando Villafañe, José Néstor Farfán, Juan Gabriel Huerta, Fabián Aníbal Tapia y Américo Paulo Arce, los que fueron procesados por lesiones leves calificadas, abuso de funciones y torturas. Según los imputados, ninguno participó de esos sucesos, ya que ellos tomaron servicio a las 5.30 de la mañana y el caso de los menores se produjo entre las dos y las cuatro de la madrugada de ese día. Pablo Cardozo, el nuevo abogado designado por los policías, dijo que la causa “está plagada de irregularidades” y anunció que apelará a la Corte de Justicia de Justicia.
Cefereno Villafañe y Gladys Falco, padres de uno de los imputados, expresaron que la causa fue armada para salvar al jefe de Infantería, Walter Ramírez; al jefe interino de la Unidad Regional, José Antonio Cruz; a la esposa de éste, Gloria Chambi (jefa de día) y al jefe del 911, Carlos Alfaro. Celia Cruz, esposa de Tapia, calificó de dramática la situación que atraviesa la familia y reclamó enfáticamente que se haga justicia. La mujer participó de la marcha junto a Gina Gisela, su hija ciega de cuatro años. "Llora todos los días, no quiere comer y pide a los gritos estar con su papá", expresó.