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A esta altura de las circunstancias, la existencia de una distorsión importante en materia de precios relativos resulta inocultable, y su magnitud crece rápidamente dada la presencia de una tasa de inflación superior al 20% anual desde hace más de 3 años.
Desde el punto de vista macroeconómico, los dos precios relativos más distorsionados son el tipo de cambio real y el precio de la energía, cuyos efectos son muy relevantes. La evidencia de que el precio del dólar está distorsionado es que el superávit comercial está cayendo a pesar de la represión de importaciones y de la buena cosecha; que el gasto de turismo sube de manera exponencial hasta el punto de generar un desequilibrio externo comparable con el desequilibrio energético y que las empresas están repagando deudas en dólares (obviamente esto último también se asocia a la existencia del cepo cambiario). Mientras que la evidencia de que el precio de la energía está distorsionado es el creciente déficit comercial energético y el elevado peso de los subsidios a la energía en el gasto público.
En este contexto, el Gobierno ha impulsado este año diversas medidas que en otro contexto resultarían impensadas en un período electoral, como limitar los incrementos salariales, acelerar la depreciación del dólar oficial, incrementar las tasas de interés, o permitir una importante suba en el precio de las naftas. Pero estas iniciativas resultan insuficientes -dada la magnitud de las distorsiones existentes-, y además poseen un enfoque inadecuado. Es que en todos los casos, las medidas adoptadas por el Gobierno en el pasado reciente han tenido como factor común su orientación a atacar sólo a los efectos y no a las causas de los desequilibrios, su mala implementación y peor comunicación. Además, las autoridades han actuado en general con una ausencia total de coordinación de los diversos instrumentos de política económica, y mucho menos pareciera haber detrás de las medidas una estrategia integral.
Así, llegamos en 2013 a una situación en la que las distorsiones de precios relativos resultan de magnitud, escenario que no parece sostenible de cara al futuro. En este sentido, podemos mencionar algunos ejemplos elocuentes:
- * Hoy 1 kilo de pan cuesta lo mismo que un mes entero de servicio de luz en Capital Federal ($20,0 versus $18,9).
- * 1 litro de leche cuesta cinco veces más que un boleto de colectivo en Capital Federal, cuatro veces más que un boleto de tren y triplica el precio del subte (aún luego del reciente ajuste de 150% en este último).
Además, hay que tener en cuenta que esta situación es bien distinta en el interior del país. De hecho, el costo del servicio eléctrico residencial en la ciudad de Salta resulta casi 5 veces mayor que el que se paga en Capital. Mientras que el precio del boleto de colectivo es 1,5 veces mayor al de CABA.
Por tanto, las distorsiones existentes requieren, a esta altura, mucho más que medidas aisladas. En cambio, hace falta un replanteo general del esquema actual de política económica, que necesariamente deberá comenzar por diseñar una estrategia que contemple todos los factores que hoy explican el aumento sostenido de los precios. Es que podría resultar infructuoso e incluso riesgoso- intentar compensar la pérdida de competitividad a través de una aceleración del ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, si no se resuelven antes otras cuestiones como el creciente financiamiento del déficit con emisión monetaria o si no se lleva a cabo un ajuste de las tarifas energéticas.
El problema es que el principal perjudicado de la corrección de precios relativos sería el salario real: un dólar y una energía más caros implican que habrá un fuerte aumento en transporte, gasto de gas y luz domiciliarios y, sobre todo, alimentos. Esto significa un elevado costo en términos políticos.
Por eso es que el Gobierno ha venido posponiendo el ajuste. Pero hay algo que es claro: la corrección ocurrirá en algún momento. Si el ajuste no lo lleva a cabo la política económica (en el futuro cercano), lo terminará haciendo el mercado. Y este último no lo suele hacer en forma gradual y ordenada, ni evalúa la equidad en el reparto de pérdidas. Este riesgo es mayor sobre todo en el caso del dólar: si la brecha se dispara, será imposible evitar una corrección más fuerte en el ritmo de la devaluación oficial.