¿Cómo sostener una guerra revolucionaria en el actual contexto mundial? Los 220.000 muertos y 6.000.000 de desplazados durante medio siglo implican un costo inaceptable para una guerra civil insostenible. ¿Puede subsistir una guerrilla que abrevó en el foquismo guevarista en este mundo que va cambiando paradigmas desde la implosión de la Unión Soviética y el fracaso del unipolarismo norteamericano? La muerte violenta de Raúl Reyes y la liberación de Ingrid Betancourt en marzo y julio de 2008, respectivamente; los Diálogos de Paz del Caguán, promovidos por el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) con las FARC y el ELN, separadamente y sin éxito; la rehabilitación en julio de 2013 de Unión Patriótica, partido creado por las FARC en 1983 e inhabilitado en 2002, fueron indicios de una nueva perspectiva para su cúpula.
Tal cambio obedeció a su vez a tres sucesos respecto de los cuales gobierno ni guerrilla tenían incidencia: el cambio de posición de la Casa Blanca, con Barack Obama, respecto de la redemocratización de América Latina en general y del "caso" colombiano en particular, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU, y la incógnita venezolana, parcialmente despejada por la debacle electoral oficialista en las recientes parlamentarias. Esos datos marcaron el punto de arranque de un extremadamente complejo proceso de paz. El acuerdo firmado en La Habana el 23 de septiembre pasado propone esencialmente que las FARC se sometan a un proceso judicial integral, que no implicará amnistías, indultos y "perdones recíprocos" como los habidos en otras experiencias internacionales semejantes.
El trabajoso arreglo fue saludado con esperanza por todos los gobiernos de la región y de Europa, seguido discretamente por el Departamento de Estado norteamericano. El gobierno colombiano aceptó la ayuda cubana y la del gobierno de Noruega, cuya embajada en La Habana fue sede neutral de los encuentros de ambas delegaciones. El Vaticano también siguió con igual atención pues las rondas negociadoras coincidían con el viaje del Papa a la capital cubana, a Washington y Nueva York; ninguno de los involucrados tenía interés en que la visita de Francisco se iniciara con una mala noticia (el diálogo estuvo a punto de descarrilar a mediados de septiembre). Santos, además, ya había dado un ultimátum: si en noviembre no había acuerdo, el Gobierno se retiraba de las negociaciones y todo volvía a fojas cero. Una de las razones del éxito logrado fue la calidad de los integrantes de las respectivas delegaciones, compuestas por políticos, abogados y militares: Humberto de la Calle (vicepresidente de Ernesto Samper y jefe de la delegación oficial), Sergio Jaramillo y Oscar Naranjo, por el gobierno colombiano; Iván Márquez y Henry Castellanos, por las FARC.
Para comprender la importancia de lo acordado no hay que perder de vista la entidad de los delitos producidos durante medio siglo: asalto, daños materiales, extorsión, homicidio, lesiones, narcotráfico, rebelión, reclutamiento forzoso, secuestro, terrorismo, toma de rehenes, torturas y violencia sexual. Tanta afrenta, de un lado y de otro, no podía quedar sin sanción sobre todo si la consigna base es Verdad y Justicia.
La paz debe asentarse en un "sistema integral de justicia", cuyos ejes son la comisión de la verdad, la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición. Ese sistema alcanzará a quienes hayan cometido crímenes de guerra, se trate de guerrilleros, militares o civiles, para que no haya impunidad y sin perjuicio de aplicar la amnistía para delitos políticos y conexos, previa ley especial del Congreso. El principio elemental es "a más verdad, menos sanción" y viceversa; en el primer supuesto las sanciones variarán entre 5 y 8 años; en el segundo, la prisión puede llegar a los 20 años. Se fijó un plazo de seis meses a partir del 24 de septiembre para firmar el fin del conflicto y para comenzar el desarme de la guerrilla a partir de mayo del año próximo.
Otro aspecto particularmente sensible fue garantizar que no habría extradición a Estados Unidos, decisión en cuya implementación se comprometió el gobierno de Obama para resguardarla de los avatares políticos colombianos posteriores.
Los principales medios de comunicación colombianos reaccionaron con entusiasmo en una sociedad escéptica, no obstante la razonable preocupación por el mal uso político del logro. Hoy el expresidente Álvaro Uribe es el principal escollo para su ex ministro de defensa Juan Manuel Santos, pues capitaliza cierta inquietud popular sobre el efectivo cumplimiento de las penas o el pago de indemnizaciones.
Más del 70% de los colombianos ansía una paz definitiva. No ayuda a este proceso que, aparte de la división social existente, se incremente el escepticismo y el resentimiento de la ciudadanía. Para la especialista colombiana María Paula Saffon (El Tiempo de Bogotá, 17/11/2015), "Colombia es líder en materia de diseño institucional [...] En contra del maximalismo penal defendido con convicción por algunos círculos y por hipocresía reciente por otros, el acuerdo combina justicia para los crímenes graves con amplia amnistía para los delitos políticos y conexos y despenalización de la protesta social".
La ansiada paz en Colombia, aun considerándola inexorable, no deja de pender de un hilo: la incapacidad de nuestros países para juzgar y reconciliar.
Tal cambio obedeció a su vez a tres sucesos respecto de los cuales gobierno ni guerrilla tenían incidencia: el cambio de posición de la Casa Blanca, con Barack Obama, respecto de la redemocratización de América Latina en general y del "caso" colombiano en particular, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU, y la incógnita venezolana, parcialmente despejada por la debacle electoral oficialista en las recientes parlamentarias. Esos datos marcaron el punto de arranque de un extremadamente complejo proceso de paz. El acuerdo firmado en La Habana el 23 de septiembre pasado propone esencialmente que las FARC se sometan a un proceso judicial integral, que no implicará amnistías, indultos y "perdones recíprocos" como los habidos en otras experiencias internacionales semejantes.
El trabajoso arreglo fue saludado con esperanza por todos los gobiernos de la región y de Europa, seguido discretamente por el Departamento de Estado norteamericano. El gobierno colombiano aceptó la ayuda cubana y la del gobierno de Noruega, cuya embajada en La Habana fue sede neutral de los encuentros de ambas delegaciones. El Vaticano también siguió con igual atención pues las rondas negociadoras coincidían con el viaje del Papa a la capital cubana, a Washington y Nueva York; ninguno de los involucrados tenía interés en que la visita de Francisco se iniciara con una mala noticia (el diálogo estuvo a punto de descarrilar a mediados de septiembre). Santos, además, ya había dado un ultimátum: si en noviembre no había acuerdo, el Gobierno se retiraba de las negociaciones y todo volvía a fojas cero. Una de las razones del éxito logrado fue la calidad de los integrantes de las respectivas delegaciones, compuestas por políticos, abogados y militares: Humberto de la Calle (vicepresidente de Ernesto Samper y jefe de la delegación oficial), Sergio Jaramillo y Oscar Naranjo, por el gobierno colombiano; Iván Márquez y Henry Castellanos, por las FARC.
Para comprender la importancia de lo acordado no hay que perder de vista la entidad de los delitos producidos durante medio siglo: asalto, daños materiales, extorsión, homicidio, lesiones, narcotráfico, rebelión, reclutamiento forzoso, secuestro, terrorismo, toma de rehenes, torturas y violencia sexual. Tanta afrenta, de un lado y de otro, no podía quedar sin sanción sobre todo si la consigna base es Verdad y Justicia.
La paz debe asentarse en un "sistema integral de justicia", cuyos ejes son la comisión de la verdad, la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición. Ese sistema alcanzará a quienes hayan cometido crímenes de guerra, se trate de guerrilleros, militares o civiles, para que no haya impunidad y sin perjuicio de aplicar la amnistía para delitos políticos y conexos, previa ley especial del Congreso. El principio elemental es "a más verdad, menos sanción" y viceversa; en el primer supuesto las sanciones variarán entre 5 y 8 años; en el segundo, la prisión puede llegar a los 20 años. Se fijó un plazo de seis meses a partir del 24 de septiembre para firmar el fin del conflicto y para comenzar el desarme de la guerrilla a partir de mayo del año próximo.
Otro aspecto particularmente sensible fue garantizar que no habría extradición a Estados Unidos, decisión en cuya implementación se comprometió el gobierno de Obama para resguardarla de los avatares políticos colombianos posteriores.
Los principales medios de comunicación colombianos reaccionaron con entusiasmo en una sociedad escéptica, no obstante la razonable preocupación por el mal uso político del logro. Hoy el expresidente Álvaro Uribe es el principal escollo para su ex ministro de defensa Juan Manuel Santos, pues capitaliza cierta inquietud popular sobre el efectivo cumplimiento de las penas o el pago de indemnizaciones.
Más del 70% de los colombianos ansía una paz definitiva. No ayuda a este proceso que, aparte de la división social existente, se incremente el escepticismo y el resentimiento de la ciudadanía. Para la especialista colombiana María Paula Saffon (El Tiempo de Bogotá, 17/11/2015), "Colombia es líder en materia de diseño institucional [...] En contra del maximalismo penal defendido con convicción por algunos círculos y por hipocresía reciente por otros, el acuerdo combina justicia para los crímenes graves con amplia amnistía para los delitos políticos y conexos y despenalización de la protesta social".
La ansiada paz en Colombia, aun considerándola inexorable, no deja de pender de un hilo: la incapacidad de nuestros países para juzgar y reconciliar.
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¿Cómo sostener una guerra revolucionaria en el actual contexto mundial? Los 220.000 muertos y 6.000.000 de desplazados durante medio siglo implican un costo inaceptable para una guerra civil insostenible. ¿Puede subsistir una guerrilla que abrevó en el foquismo guevarista en este mundo que va cambiando paradigmas desde la implosión de la Unión Soviética y el fracaso del unipolarismo norteamericano? La muerte violenta de Raúl Reyes y la liberación de Ingrid Betancourt en marzo y julio de 2008, respectivamente; los Diálogos de Paz del Caguán, promovidos por el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) con las FARC y el ELN, separadamente y sin éxito; la rehabilitación en julio de 2013 de Unión Patriótica, partido creado por las FARC en 1983 e inhabilitado en 2002, fueron indicios de una nueva perspectiva para su cúpula.
Tal cambio obedeció a su vez a tres sucesos respecto de los cuales gobierno ni guerrilla tenían incidencia: el cambio de posición de la Casa Blanca, con Barack Obama, respecto de la redemocratización de América Latina en general y del "caso" colombiano en particular, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU, y la incógnita venezolana, parcialmente despejada por la debacle electoral oficialista en las recientes parlamentarias. Esos datos marcaron el punto de arranque de un extremadamente complejo proceso de paz. El acuerdo firmado en La Habana el 23 de septiembre pasado propone esencialmente que las FARC se sometan a un proceso judicial integral, que no implicará amnistías, indultos y "perdones recíprocos" como los habidos en otras experiencias internacionales semejantes.
El trabajoso arreglo fue saludado con esperanza por todos los gobiernos de la región y de Europa, seguido discretamente por el Departamento de Estado norteamericano. El gobierno colombiano aceptó la ayuda cubana y la del gobierno de Noruega, cuya embajada en La Habana fue sede neutral de los encuentros de ambas delegaciones. El Vaticano también siguió con igual atención pues las rondas negociadoras coincidían con el viaje del Papa a la capital cubana, a Washington y Nueva York; ninguno de los involucrados tenía interés en que la visita de Francisco se iniciara con una mala noticia (el diálogo estuvo a punto de descarrilar a mediados de septiembre). Santos, además, ya había dado un ultimátum: si en noviembre no había acuerdo, el Gobierno se retiraba de las negociaciones y todo volvía a fojas cero. Una de las razones del éxito logrado fue la calidad de los integrantes de las respectivas delegaciones, compuestas por políticos, abogados y militares: Humberto de la Calle (vicepresidente de Ernesto Samper y jefe de la delegación oficial), Sergio Jaramillo y Oscar Naranjo, por el gobierno colombiano; Iván Márquez y Henry Castellanos, por las FARC.
Para comprender la importancia de lo acordado no hay que perder de vista la entidad de los delitos producidos durante medio siglo: asalto, daños materiales, extorsión, homicidio, lesiones, narcotráfico, rebelión, reclutamiento forzoso, secuestro, terrorismo, toma de rehenes, torturas y violencia sexual. Tanta afrenta, de un lado y de otro, no podía quedar sin sanción sobre todo si la consigna base es Verdad y Justicia.
La paz debe asentarse en un "sistema integral de justicia", cuyos ejes son la comisión de la verdad, la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición. Ese sistema alcanzará a quienes hayan cometido crímenes de guerra, se trate de guerrilleros, militares o civiles, para que no haya impunidad y sin perjuicio de aplicar la amnistía para delitos políticos y conexos, previa ley especial del Congreso. El principio elemental es "a más verdad, menos sanción" y viceversa; en el primer supuesto las sanciones variarán entre 5 y 8 años; en el segundo, la prisión puede llegar a los 20 años. Se fijó un plazo de seis meses a partir del 24 de septiembre para firmar el fin del conflicto y para comenzar el desarme de la guerrilla a partir de mayo del año próximo.
Otro aspecto particularmente sensible fue garantizar que no habría extradición a Estados Unidos, decisión en cuya implementación se comprometió el gobierno de Obama para resguardarla de los avatares políticos colombianos posteriores.
Los principales medios de comunicación colombianos reaccionaron con entusiasmo en una sociedad escéptica, no obstante la razonable preocupación por el mal uso político del logro. Hoy el expresidente Álvaro Uribe es el principal escollo para su ex ministro de defensa Juan Manuel Santos, pues capitaliza cierta inquietud popular sobre el efectivo cumplimiento de las penas o el pago de indemnizaciones.
Más del 70% de los colombianos ansía una paz definitiva. No ayuda a este proceso que, aparte de la división social existente, se incremente el escepticismo y el resentimiento de la ciudadanía. Para la especialista colombiana María Paula Saffon (El Tiempo de Bogotá, 17/11/2015), "Colombia es líder en materia de diseño institucional [...] En contra del maximalismo penal defendido con convicción por algunos círculos y por hipocresía reciente por otros, el acuerdo combina justicia para los crímenes graves con amplia amnistía para los delitos políticos y conexos y despenalización de la protesta social".
La ansiada paz en Colombia, aun considerándola inexorable, no deja de pender de un hilo: la incapacidad de nuestros países para juzgar y reconciliar.
Tal cambio obedeció a su vez a tres sucesos respecto de los cuales gobierno ni guerrilla tenían incidencia: el cambio de posición de la Casa Blanca, con Barack Obama, respecto de la redemocratización de América Latina en general y del "caso" colombiano en particular, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU, y la incógnita venezolana, parcialmente despejada por la debacle electoral oficialista en las recientes parlamentarias. Esos datos marcaron el punto de arranque de un extremadamente complejo proceso de paz. El acuerdo firmado en La Habana el 23 de septiembre pasado propone esencialmente que las FARC se sometan a un proceso judicial integral, que no implicará amnistías, indultos y "perdones recíprocos" como los habidos en otras experiencias internacionales semejantes.
El trabajoso arreglo fue saludado con esperanza por todos los gobiernos de la región y de Europa, seguido discretamente por el Departamento de Estado norteamericano. El gobierno colombiano aceptó la ayuda cubana y la del gobierno de Noruega, cuya embajada en La Habana fue sede neutral de los encuentros de ambas delegaciones. El Vaticano también siguió con igual atención pues las rondas negociadoras coincidían con el viaje del Papa a la capital cubana, a Washington y Nueva York; ninguno de los involucrados tenía interés en que la visita de Francisco se iniciara con una mala noticia (el diálogo estuvo a punto de descarrilar a mediados de septiembre). Santos, además, ya había dado un ultimátum: si en noviembre no había acuerdo, el Gobierno se retiraba de las negociaciones y todo volvía a fojas cero. Una de las razones del éxito logrado fue la calidad de los integrantes de las respectivas delegaciones, compuestas por políticos, abogados y militares: Humberto de la Calle (vicepresidente de Ernesto Samper y jefe de la delegación oficial), Sergio Jaramillo y Oscar Naranjo, por el gobierno colombiano; Iván Márquez y Henry Castellanos, por las FARC.
Para comprender la importancia de lo acordado no hay que perder de vista la entidad de los delitos producidos durante medio siglo: asalto, daños materiales, extorsión, homicidio, lesiones, narcotráfico, rebelión, reclutamiento forzoso, secuestro, terrorismo, toma de rehenes, torturas y violencia sexual. Tanta afrenta, de un lado y de otro, no podía quedar sin sanción sobre todo si la consigna base es Verdad y Justicia.
La paz debe asentarse en un "sistema integral de justicia", cuyos ejes son la comisión de la verdad, la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición. Ese sistema alcanzará a quienes hayan cometido crímenes de guerra, se trate de guerrilleros, militares o civiles, para que no haya impunidad y sin perjuicio de aplicar la amnistía para delitos políticos y conexos, previa ley especial del Congreso. El principio elemental es "a más verdad, menos sanción" y viceversa; en el primer supuesto las sanciones variarán entre 5 y 8 años; en el segundo, la prisión puede llegar a los 20 años. Se fijó un plazo de seis meses a partir del 24 de septiembre para firmar el fin del conflicto y para comenzar el desarme de la guerrilla a partir de mayo del año próximo.
Otro aspecto particularmente sensible fue garantizar que no habría extradición a Estados Unidos, decisión en cuya implementación se comprometió el gobierno de Obama para resguardarla de los avatares políticos colombianos posteriores.
Los principales medios de comunicación colombianos reaccionaron con entusiasmo en una sociedad escéptica, no obstante la razonable preocupación por el mal uso político del logro. Hoy el expresidente Álvaro Uribe es el principal escollo para su ex ministro de defensa Juan Manuel Santos, pues capitaliza cierta inquietud popular sobre el efectivo cumplimiento de las penas o el pago de indemnizaciones.
Más del 70% de los colombianos ansía una paz definitiva. No ayuda a este proceso que, aparte de la división social existente, se incremente el escepticismo y el resentimiento de la ciudadanía. Para la especialista colombiana María Paula Saffon (El Tiempo de Bogotá, 17/11/2015), "Colombia es líder en materia de diseño institucional [...] En contra del maximalismo penal defendido con convicción por algunos círculos y por hipocresía reciente por otros, el acuerdo combina justicia para los crímenes graves con amplia amnistía para los delitos políticos y conexos y despenalización de la protesta social".
La ansiada paz en Colombia, aun considerándola inexorable, no deja de pender de un hilo: la incapacidad de nuestros países para juzgar y reconciliar.
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