Más plata, más planes, muchos más pobres

Durante muchos años, el populismo sostuvo que la forma de lograr la inclusión social se basaba en dar empleo público, más o menos de la misma forma que el populismo moderno entrega "planes", aunque la modalidad del ingreso masivo de agentes a la administración pública tampoco se ha detenido.

Más allá de que el empleo público es largamente más digno que los "planes", ninguno de los dos da verdadera dignidad porque, como sostenían los clásicos de la Economía, lo que dignifica a las personas es el trabajo que genera bienes y servicios y no el mero cobro por servicios dudosos, aunque la falta de prestación de estos servicios no se origina en la perversidad de los agentes públicos o los "planificados", sino en la del propio gobierno que usa esta estratagema del falso empleo y las dádivas, las que literalmente "indignan".

No hacen falta demasiados datos para probar estas afirmaciones, porque una gran parte de los presupuestos públicos, a escala municipal provincial e incluso nacional se han multiplicado por diez en poco más de cinco años, y la inflación no se ha decuplicado en ese período. Claramente entonces, los presupuestos públicos han crecido en términos reales, o sea, por encima de la inflación, y ese aumento en su gran mayoría se ha volcado al ingreso del rubro personal, aunque los así llamados "gastos reservados", o sea, los que tienen impunidad porque no se rinden pero puede apreciarse en qué se gastan si se juzga por el enriquecimiento de muchos funcionarios públicos "exitosos", estos "gastos reservados", se decía, no han ido por debajo del crecimiento del gasto público en general.

¿Por qué el gasto en personal no es equivalente al desarrollo e inclusión? Sencillamente, porque, aunque quienes tienen empleo, o al menos un ingreso clientelar, pueden considerarse en parte librados de la total exclusión, ese crecimiento vertiginoso del gasto público no ha cambiado ni un milímetro la situación de pobreza extrema de cada vez más salteños y argentinos, quienes, a su precariedad y erraticidad de ingresos le suman las necesidades básicas insatisfechas y los flagelos asociados a la pobreza extrema: desnutrición infantil, enfermedades crónicas especialmente respiratorias, adicciones, carencias de agua potable y otras penurias.

¿Hay una manera genuina de combatir la pobreza extrema? Sin duda, y paradójicamente viene también de la mano del gasto público, pero no en la toma compulsiva de gente y el reparto masivo de "planes" para asegurar el "ejército electoral de reserva", sino en el reemplazo de ese tipo de gastos, por la inversión pública en escuelas, centros de salud, agua potable, desagües pluviales, viviendas dignas, caminos y ferrocarriles, apertura de puertos, etc. Esa mayor inversión pública se puede financiar en buena medida clausurando el nuevo ingreso de personal a la plantilla, empleando más eficientemente el existente mediante concursos cerrados y aplicando los nuevos ingresos presupuestarios, esos que se han decuplicado, a la obra pública, además de buscar recursos adicionales a través del financiamiento del crédito interno o internacional con proyectos con estudios de factibilidad.

Al amparo de esta nueva dinámica inversora del sector público, las empresas privadas se asocian naturalmente con la provisión de los nuevos bienes y servicios que se demandan, porque ahora habrá gente que encuentra trabajo genuino, tanto público como privado, a la vez que las pyme podrán también dinamizarse a través de pequeños emprendimientos generados de motu proprio, porque el empleo de padres y madres exigirá nuevos servicios perfectamente adaptados para este tipo de emprendimientos que pueden por supuesto alentarse con seriedad desde el gobierno a través de líneas crediticias con los bancos estatales o cercanos a la esfera oficial.

El desarrollo, que es lo único que genera inclusión social, puede y debe lograrse, y el Estado cumple una función estratégica esencial, pero por supuesto, a través del esquema mencionado, y no tensando a niveles insostenibles el populismo que degrada y envilece a la sociedad porque no cierra la brecha de desigualdad, agiganta la corrupción y enrarece la democracia republicana, cuando no la destruye por completo.