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El diputado Carlos Raúl Zapata y el intendente Miguel Isa lograron súbita notoriedad a nivel nacional cuando aquel denunció el 25 de marzo que el jefe comunal financió empresas de familiares suyos con fondos de la municipalidad capitalina.
La denuncia dejó perplejos al intendente y a su compañero de fórmula, el gobernador Juan Manuel Urtubey. Isa emitió algunas amenazas pero terminó justificándose y dijo que lo había hecho para dar "trabajo a algunas personas". Urtubey prefirió mirar para otro lado - "hacer la vista gorda", según Zapata- y se escudó en el viejo argumento de "la división de poderes" que, como se sabe, en la Salta de hoy funciona solamente para estas circunstancias. Por carta, Zapata le pidió a Urtubey que el Estado contribuya a investigar "los delitos continuados que perduran en el tiempo y a delitos flagrantes que se realizan a la vista de todos .. en perjuicio de los ciudadanos, contribuyentes y al fisco en general".
"Si Miguel Isa se puso el saco y terminó admitiendo el tema de las contrataciones, quien debe identificar e imputar al responsable es el fiscal, no yo", declaró Zapata.
Claro, también había hecho una presentación al ministerio público pero a sabiendas de que los fiscales son poco propensos a apurar las investigaciones cuando se trata de personajes del oficialismo; así se deduce de la experiencia surgida de los casos de aparente enriquecimiento ilícito de los ministros o ex ministros Carlos Parodi, Julio Loutaif, Alfredo De Angelis, Juan Pablo Rodríguez, las irregularidades en el Instituto de la Vivienda, en EnReJa y en la compra de ómnibus para Saeta, la vertiginosa fortuna de Marcelo Cil y los discutibles manejos de Matías Posadas y los intendentes Julio Jalit, Atta Gerala, Juan Rosario Mazzone y Carlos Villalba e, incluso, de algunas actividades de los hermanos del gobernador. "Vengo a solicitar ... que los ilícitos denunciados sean investigados y condenados evitando que tales conductas queden impunes", decía Zapata en su escrito.
La Secretaría Legal y Técnica le respondió indignada que ese pedido a Urtubey "vertía un contenido antirrepublicano" ya que entendía que solicitaba al Poder Ejecutivo que se entrometiera en la labor del Ministerio Público y los jueces.
Ayer Zapata contestó a Urtubey considerando "loable" ese prurito por la independencia de los poderes. "Tal tesitura debe mantenerse en todo tiempo y ante todo proceso" y sugirió que se aplique la misma vara para el gobierno como para sus adversarios políticos.
La denuncia dejó perplejos al intendente y a su compañero de fórmula, el gobernador Juan Manuel Urtubey. Isa emitió algunas amenazas pero terminó justificándose y dijo que lo había hecho para dar "trabajo a algunas personas". Urtubey prefirió mirar para otro lado - "hacer la vista gorda", según Zapata- y se escudó en el viejo argumento de "la división de poderes" que, como se sabe, en la Salta de hoy funciona solamente para estas circunstancias. Por carta, Zapata le pidió a Urtubey que el Estado contribuya a investigar "los delitos continuados que perduran en el tiempo y a delitos flagrantes que se realizan a la vista de todos .. en perjuicio de los ciudadanos, contribuyentes y al fisco en general".
"Si Miguel Isa se puso el saco y terminó admitiendo el tema de las contrataciones, quien debe identificar e imputar al responsable es el fiscal, no yo", declaró Zapata.
Claro, también había hecho una presentación al ministerio público pero a sabiendas de que los fiscales son poco propensos a apurar las investigaciones cuando se trata de personajes del oficialismo; así se deduce de la experiencia surgida de los casos de aparente enriquecimiento ilícito de los ministros o ex ministros Carlos Parodi, Julio Loutaif, Alfredo De Angelis, Juan Pablo Rodríguez, las irregularidades en el Instituto de la Vivienda, en EnReJa y en la compra de ómnibus para Saeta, la vertiginosa fortuna de Marcelo Cil y los discutibles manejos de Matías Posadas y los intendentes Julio Jalit, Atta Gerala, Juan Rosario Mazzone y Carlos Villalba e, incluso, de algunas actividades de los hermanos del gobernador. "Vengo a solicitar ... que los ilícitos denunciados sean investigados y condenados evitando que tales conductas queden impunes", decía Zapata en su escrito.
La Secretaría Legal y Técnica le respondió indignada que ese pedido a Urtubey "vertía un contenido antirrepublicano" ya que entendía que solicitaba al Poder Ejecutivo que se entrometiera en la labor del Ministerio Público y los jueces.
Ayer Zapata contestó a Urtubey considerando "loable" ese prurito por la independencia de los poderes. "Tal tesitura debe mantenerse en todo tiempo y ante todo proceso" y sugirió que se aplique la misma vara para el gobierno como para sus adversarios políticos.
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