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Juan Carlos Romero es una de las figuras más conocidas en Salta, con una trayectoria pública que abarca desde la universidad, la senaduría nacional y doce años como gobernador. "Ahora quiero gobernar cuatro años para hacer una profunda reforma jurídica, que ponga fin a las reelecciones y termine con el amiguismo y el nepotismo", dijo, en una entrevista con este diario donde habló del plan de gobierno del Frente Romero+Olmedo. Recordó que "hay que mirar para adelante" y definió "el empleo genuino, la vivienda, la educación y la salud como las prioridades".
Su candidatura causó sorpresa y esa sensación duró mucho. Llegamos a una semana decisiva. ¿Cuál fue la razón de esta decisión?
La certeza de que Salta necesita una reforma política profunda, que recomponga el funcionamiento de los poderes del Estado y contribuya a la modernización institucional. Este aspecto es esencial para solucionar los problemas sociales de la provincia, que vienen agravándose, sin descuidar por supuesto el acercamiento a los vecinos para resolver los problemas de seguridad, salud, educación, viviendas y trabajo, entre otras cosas básicas que están abandonadas.
¿Cuál es su primer balance?
Estoy satisfecho por la adhesión que hemos recibido, pero fundamentalmente porque partiendo de orígenes e historias diferentes, mirando al futuro, hemos sido capaces de construir una alternativa, coincidir en políticas de Estado y diseñar un programa de acción para un gobierno de coalición de cuatro años, que será también de transición porque nos proponemos cambios que sacarán a Salta del subdesarrollo político, económico y social.
¿Cuál sería el efecto de una reforma de esa naturaleza?
Brindar la seguridad jurídica que vuelve al futuro previsible para quienes quieren producir y generar empleo. En los últimos siete años, Salta retrocedió. Hay un desempleo encubierto dramático, tenemos el récord del empleo en negro y las actividades estratégicas, como el campo y el turismo, dejaron de evolucionar. Esto se debe a falta de gestión, de compromiso con la provincia y de visión de futuro. ¿Cómo puede Salta estar entre las dos provincias más pobres de Argentina? Al borde del descenso dirían en el fútbol. Estamos lejos de salir campeones, pero merecemos por lo menos estar antes de la mitad de la tabla. Donde supimos estar.
¿Cómo incidiría esa reforma en la gestión de gobierno?
Los países que lograron salir de la extrema pobreza y hoy ocupan los primeros lugares no deben su éxito al brillo de líderes carismáticos sino a las reglas de juego claras y a la solidez institucional. Por eso, la reforma que llevaremos adelante eliminará las reelecciones indefinidas. Un gobernador deberá durar cuatro años en el cargo, sin posibilidad de ser reelegido. Podrá volver más adelante, una única vez más, pero la legislación impedirá cualquier trampa o cualquier forma de amiguismo o de nepotismo al no poderlo suceder ningún familiar. La limitación de los mandatos será drástica. Y lo mismo sucederá con los cargos legislativos. Uno o dos mandatos, y a casa.
Un cambio a las reformas constitucionales de 1985 y 1989...
Un cambio profundo. Hace nueve meses firmamos el documento "Consensos de Cambios para el Futuro de Salta" y el 11 de febrero al constituir la coalición "Salta Nos Une" suscribimos el "Proyecto de Bases para Transformar Salta en una Sociedad Justa, Democrática e Integrada". Es un ejemplo para el país, ya que antes de hablar de candidaturas nos pusimos de acuerdo en lo que hay que hacer.
¿Cuáles son los temas críticos?
Una Legislatura como la actual, que funciona como una escribanía del Gobierno y donde son capaces de sancionar cualquier cosa, no es representativa ni democrática. Nos proponemos modificar la representación de manera que la composición de la Cámara refleje la voluntad ciudadana expresada en las urnas y no la hegemonía de un sistema de poder. La idea es que ningún partido tenga los dos tercios.
Vale decir...
Vale decir que los integrantes del frente no queremos que Salta termine como la Catamarca de la familia Saadi o la Santiago del Estero de la familia Juárez. ¿Está claro? Yo nunca nombré familiares en cargos públicos. Juan Manuel Urtubey prometió lo mismo y ahí lo tiene: en un gobierno de amigos y parientes. ¡Si hasta la fórmula del domingo tiene los mismos apellidos que la boleta de 2013! Urtubey-Isa. Hay que evitar que los gobiernos se conviertan en dinastías, porque las dinastías terminan mal.
¿Los Romero no son dinastía?
No somos, de ninguna manera, una dinastía. Yo accedí al gobierno ocho años después que mi padre, cuando éste ya había fallecido, en una elección democrática con resultado ajustado. Nadie podrá impedir que un familiar haga política. En Chile está el caso de los Frei, pero entre el padre y el hijo pasaron tres décadas. Una cosa es la vocación política y otra, muy distinta, el acomodo de parientes y hacerse suceder por ellos. Y volviendo a la pregunta, no somos una dinastía, sino una familia comprometida con la democracia y con Salta por más de medio siglo, desde la política o desde el periodismo aún en tiempos de dictaduras de las cuales nunca fuimos amigos. De hecho, este proyecto de reforma lo concebimos con un grupo muy sólido de dirigentes, con formación teórica y trayectoria, provenientes de distintas vertientes políticas y a quienes nadie puede catalogar como "romeristas".
¿Cómo está resultando la fórmula Romero+Olmedo?
A Alfredo lo conozco desde hace mucho y tenemos acuerdos y diferencias. Es un hombre formado en la actividad privada y comparte absolutamente los lineamientos del cambio global. Es una figura convocante para miles de personas a las que la política suele ignorar. Olmedo los expresa de manera auténtica, porque tiene una especial sensibilidad. Su preocupación por la formación e integración de los jóvenes, la lucha contra la droga que destruye personas y familias, su énfasis en la producción y en la necesidad de descentralizar organismos y reparticiones son aportes muy valiosos. Es un excelente compañero de fórmula. Integramos un equipo compacto.
¿Qué otros aspectos aborda la reforma política?
La democracia y la república solo existen en los Estados donde hay límites y controles a los poderes. El gobernador debe tener el poder que necesita para tomar decisiones, pero no puede pretender que le aprueben leyes a libro cerrado. Las minorías en la Legislatura son una instancia central para controlar al Ejecutivo, para construir consensos, para participar en la constitución del Poder Judicial. Hoy la concentración del poder en manos del gobernador facilita maniobras hegemónicas. Por poner un ejemplo, las minorías no están representadas en la Auditoría ni en el Consejo de la Magistratura. Esto es antidemocrático y vamos a cambiarlo.
¿Qué harán con el Poder Judicial y el Ministerio Público?
Devolverles la independencia. El Ministerio Público debe ser parte del Poder Judicial y no una dependencia al servicio de los caprichos del gobernador. Los jueces y fiscales deben regirse por la ley y funcionar no como ahora, para perseguir a disidentes políticos o para esconder las causas de los amigos del gobierno. Se llega a situaciones absurdas y ridículas, como la causa inventada para darle el gusto a un eterno diputado de Anta y atacar sin razones al exjuez Protti. No es justo, no es honesto, que ningún fiscal haya tomado alguna decisión fuerte con la banda que, con apoyo del poder político, emboscó y casi lo mata al exconcejal Carlos Marín, mientras que a un pobre inocente lo tuvieron preso un año por "portación de cara". Lamentablemente, para la salud de las instituciones, hoy los jueces y fiscales de la provincia están sometidos a presiones inadmisibles del Poder Ejecutivo.
Las encuestas oficiales revelan que la selección de jueces y fiscales no es satisfactoria...
Hacen con la Justicia lo mismo que con la política de viviendas: todo para los parientes y los amigos. Las reformas en el proceso penal han trasladado excesivas competencias al Ministerio Público que, en los hechos, funciona como una organización vertical cuyos miembros están sometidos a los dictados del procurador general.
¿Van a revisar designaciones?
Lo que se hizo mal, se hizo mal. A los jueces y fiscales que están trabajando les vamos a garantizar estabilidad e independencia y les vamos a exigir probidad e idoneidad, como corresponde. Y vamos a revisar los sistemas de selección para que la Justicia esté a cargo de los mejores profesionales. Los exámenes finales serán tomados por tribunales con abogados de otras provincias que garantizarán imparcialidad.
¿Cómo?
Con el cumplimiento de las leyes en tiempo y forma. La Superintendencia brilla por su ausencia. Los indicadores de gestión son insuficientes, cuando no se ocultan o se dan a conocer tardíamente. Me preocupa el atraso que registra el fuero del Trabajo. También la sobrecarga que soporta el fuero de Familia. ¡Qué casualidad!, el servicio de Justicia previsto para atender a los más necesitados, o sea, a los obreros y a las familias en crisis, es el más lento. No es posible que los trabajadores deban esperar 4 o 5 años hasta obtener una sentencia definitiva. Tampoco que una madre que reclama alimentos para sus hijos deba penar meses y meses hasta obtener un pronunciamiento provisorio. Esta morosidad perjudica también a las víctimas de los accidentes de tránsito y de otros siniestros, como es el caso de los bomberos recientemente fallecidos en Guachipas. Al final, la gente baja los brazos. Hay demasiados asesinatos sin esclarecer. Demasiados crímenes sin que se hayan identificado los responsables.
Uno de los temas de campaña del oficialismo es que usted no se presenta ante la Justicia...
Es mentira. Así de simple. Yo me presento de acuerdo con los derechos que me otorga la ley y declaro por escrito. Siempre. Es un derecho que me asiste a mí y a los funcionarios a los que se les otorga fueros para evitar justamente esto que es el ensañamiento político. Este gobierno, con el procurador general como instrumento, se empeña en armarme causas penales que para nada se corresponden con la verdad de los hechos. Ellos quieren mi foto entrando a tribunales y yo no pienso darles el gusto. Pretenden lincharme, han politizado las causas y a los funcionarios encargados de su trámite. Tengo, como cualquier ciudadano, el irrenunciable derecho a ser juzgado por jueces independientes. Y yo no soy de los que se dejan arriar por el caballo del comisario.
Usted habló de las "viviendas para los amigos".
El escándalo por Lomas de Medeiros fue la cabeza del témpano. La verdad es que este gobierno nunca tuvo una política habitacional y eso se nota, a partir de 2007, en la reducción del presupuesto, la disminución del número de casas construidas y en el vicio de llamar "viviendas" a las "soluciones habitacionales". Ellos optaron por una estrategia más cómoda, porque no entienden a la vivienda como un derecho de la gente, sino como una forma de lograr adhesiones. Por eso llaman vivienda a un módulo de 15 metros cuadrados.
Se comprometió a construir 25 mil viviendas y el Gobierno lo acusa de "demagogia"...
Hace tres meses el interventor del IPV anunció 13 mil viviendas para 2015. Ahora dicen que nosotros estamos engañando a la gente porque prometemos 6.250 viviendas por año y cincuenta mil lotes urbanizados para familias en emergencia. Su problema es que a nosotros nos creen y a ellos no. Por eso es masiva la inscripción al plan Mi casa propia.
¿De dónde va a salir el dinero?
El dinero nunca viene solo. Hay que gestionarlo. Hoy el sistema Fonavi fue reemplazado por otro, muy discrecional. A pesar del encolumnamiento absoluto de Urtubey con el Gobierno nacional, no fue capaz de gestionar beneficios. Uno tiene que ser gobernador y no empleado del poder central. Además, desde que se estatizaron las jubilaciones, a las provincias les deben el 15% del impuesto a las Ganancias que cedieron cuando se había hecho la privatización. Según la Constitución, las provincias no pueden recibir menos del 34 % del total de la recaudación nacional, pero reciben el 24 %. Las políticas arbitrarias en materia de hidrocarburos privaron a Salta de cifras millonarias en concepto de regalías. Por la vía de la gestión o a través de juicios, vamos a recuperar recursos para la provincia.
¿Es de esperar un cambio en las relaciones federales de Salta con la Nación?
Todos saben que van a cambiar. Los candidatos presidenciales, también. El centralismo dañó nuestro potencial hidrocarburífero; sus políticas nos obligaron a malvender nuestro gas y nuestro petróleo. Y luego nos estafaron a la hora de liquidar nuestras regalías. Su política de precios, subsidios, retenciones y de comercio exterior está pensada para favorecer a las regiones centrales. El centralismo, con su política inflacionaria y de emisión de moneda destruyó la coparticipación de impuestos. El centralismo lleva una década discriminando a Salta y al Norte Grande en materia de obras de infraestructura. No iremos a aplaudir como ahora a ningún gobierno nacional, sino a usar las manos para golpear las puertas como lo supimos hacer por muchos años.
¿Cuáles son las prioridades en política social?
Las que plantea la gente en una provincia deteriorada. Lo primero, diría, garantizar contención y tratamiento a los jóvenes adictos. Esa estrategia va de la mano con la transformación de los centros de salud en núcleos eficaces para la medicina preventiva, con equipamiento adecuado y profesionales que trabajen en condiciones dignas. Vamos a recuperar las metas de excelencia que sostuvimos hasta 2007, porque para eso no hacen falta milagros. Y vamos a combatir al narcotráfico barrio por barrio, pero también vamos a blindar nuestra narcofrontera, exigiendo al Estado nacional que haga lo que tiene que hacer y no hace. Orán y San Martín y toda Salta hoy se sienten sitiadas y amenazadas por el narcotráfico.
¿Porqué se destaca el fuerte interés en estos dos departamentos?
Nuestro interés está puesto en cada localidad y cada barrio de la provincia. Pero el fenómeno del desempleo y la pobreza castiga especialmente a los departamentos con potencial agrícola y ganadero, cuyo desarrollo se paralizó por decisión de Urtubey. Es imperdonable que en una zona tan rica haya tantos pobres. Como es inadmisible que Anta aporte fortunas a Nación en retenciones y sus municipios no puedan pagar sueldos. Los intendentes me dicen que en algunos lugares, de no ser por los subsidios, el desempleo sería del 50%.
¿O sea que no va a haber despidos en el Estado ni eliminación de subsidios?
Esos son disparates que inventa el Gobierno provincial porque se le viene la noche. La población de Salta no puede soportar más castigos. Y hay tanto por hacer, que vamos a necesitar el esfuerzo de todos para alcanzar los objetivos de convertir a Salta en una provincia moderna, donde la gente viva bien. Nosotros hablamos de "mi primer trabajo" y el ministro de Urtubey dice que es imposible. Si el voto ciudadanos lo dispone, ya lo va a ver.
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