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La campaña sucia denunciada en su momento por el gobernador Juan Manuel Urtubey se ha desdibujado en la intención de posicionarlo como víctima y ha tomado un efecto boomeran. Al menos así se infiere desde el absurdo planteo de violencia que quiere endilgarle a los candidatos opositores, cuando todas las agresiones estuvieron focalizadas en los frentes del oficialismo.
Desde ese lugar Urtubey se victimizó permanentemente, pero la realidad es que hasta el momento nadie explicó el intento de asesinato contra el exconcejal Carlos Marin a manos de una patota identificada con el Gobierno. Tampoco se explicó el motivo de los ataques a las sedes partidarias de la oposición en distintos lugares de la provincia. Se pueden incluir en este conteo los intentos de escraches de gente que es movilizada sin pudor en vehículos de la Provincia hacia las sedes o eventos que organiza la oposición. Allí las agresiones que comienzan con el insulto y terminan en violencia física, dejan como testigos a gente inocente y a las autoridades de seguridad como únicas responsables.
Este escenario es perjudicial para la salud democrática cuando faltan un par de semanas para las elecciones generales en la provincia. Urtubey y sus actores políticos no deberían desconocer este panorama, como tampoco el que se plantea desde la duda de un comicio transparente y los reclamos ante el Tribunal Electoral.
La campaña sucia también se ha instalado en el colectivo electoral porque resulta demasiado evidente que se ha resignado calidad institucional y transparencia a los intereses de una empresa privada. Magic Software no quiere revelar el código fuente de su programa informático y su palabra, al parecer, es ley. El increíble argumento de la propiedad intelectual es superior al derecho constitucional del voto secreto y universal.
Para la oposición, en este caso el Frente Romero + Olmedo que es la segunda fuerza política en la provincia, no se trata de sostener las denuncias de irregularidades en las PASO.
No es lo que ocurrió el 12 de abril, sino lo que va a pasar el 17 de mayo lo que preocupa al electorado que hoy busca una elección que no deje lugar a dudas y allí es cuando aparece otra faceta de la campaña sucia. Hasta el momento ninguno de los pedidos del frente opositor tuvo eco en la Justicia. Por el contrario, el esquema de la prensa adicta al Gobierno se ha esmerado en desestimar los reclamos y asegurar que no hubo denuncias y que los fiscales informáticos se retiraron de la auditoría convocada a mediados de semana por cuestiones contractuales. Nada más alejado de la realidad; las acciones de inconstitucionalidad contra el voto electrónico son terminales y unívocas.
Los auditores contratados por la oposición, especialistas mundiales en la transmisión digital de datos, se retiraron cuando no pudieron lograr que les entreguen la información básica que los protocolos internacionales exigen para el control. Ni siquiera les dijeron dónde se instaló el centro de cómputos de la empresa MSA. Ante la negativa se retiraron para no convalidar la auditoría convocada por el Tribunal, organismo que también prefiere defender a la empresa a llevarle tranquilidad a los votantes.
Un comicio es la columna donde se sostiene la democracia y esto es superior a cualquier interés
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