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Si se aprueba un proyecto de ley que fue incorporado en el acta de labor parlamentaria para la sesión de hoy de Diputados, a propuesta del bloque justicialista Alternativa Parlamentaria, el Boletín Oficial de Salta tendrá acceso libre y gratuito en su edición digital.
La iniciativa, que promueve el ingreso irrestricto al sitio donde su publican las leyes sancionadas por el Poder Legislativo, los actos emanados del Ejecutivo y las resoluciones judiciales que son de interés público, fue presentada por el diputado capitalino Guido Giacosa. La propuesta contempla que solo sigan siendo pagas las entregas impresas.
El autor del proyecto consideró "un anacronismo mantener arancelada la suscripción del Boletín Oficial en un soporte que no tiene costos para el Estado". Hizo notar, en este sentido, que en las democracias occidentales se tiende a "remover todo obstáculo en la publicidad de los actos de gobierno".
Giacosa también subrayó que los avances tecnológicos ayudaron a afianzar nuevos conceptos, como el de "gobierno abierto", que propugnan una plena publicidad del manejo de la "cosa pública", a partir de las posibilidades que ofrece el acceso masivo a las herramientas informáticas de comunicación.
"La ley que proponemos busca promover ciudadanía y fortalecer la democracia, quitando las limitaciones y restricciones establecidas por el sistema actual, las que deberían acotarse únicamente al formato impreso, donde el gasto en papel, tinta y otros insumos, justifica el cobro de un arancel", puntualizó el referente de Alternativa Parlamentaria.
El proyecto en discusión pone en juego uno de los principios elementales de la forma republicana de gobierno y de la democracia participativa: el libre acceso a la información.
En Salta, dos decisiones avanzaron en ese sentido, pero de modo parcial. Desde 2009, a través del decreto 3568 del Ministerio de Gobierno, se habilitó el acceso libre y gratuito de todas las secciones del Boletín Oficial, pero solo durante el día hábil de la publicación. Desde agosto de 2012, por decreto 2187, la Secretaría General de la Gobernación estableció el acceso irrestricto, vía internet, pero solo para la sección administrativa. Una medida similar había dispuesto el Gobierno nacional, en el Boletín Oficial de la República Argentina, a partir de enero de 2011.
La iniciativa, que promueve el ingreso irrestricto al sitio donde su publican las leyes sancionadas por el Poder Legislativo, los actos emanados del Ejecutivo y las resoluciones judiciales que son de interés público, fue presentada por el diputado capitalino Guido Giacosa. La propuesta contempla que solo sigan siendo pagas las entregas impresas.
El autor del proyecto consideró "un anacronismo mantener arancelada la suscripción del Boletín Oficial en un soporte que no tiene costos para el Estado". Hizo notar, en este sentido, que en las democracias occidentales se tiende a "remover todo obstáculo en la publicidad de los actos de gobierno".
Giacosa también subrayó que los avances tecnológicos ayudaron a afianzar nuevos conceptos, como el de "gobierno abierto", que propugnan una plena publicidad del manejo de la "cosa pública", a partir de las posibilidades que ofrece el acceso masivo a las herramientas informáticas de comunicación.
"La ley que proponemos busca promover ciudadanía y fortalecer la democracia, quitando las limitaciones y restricciones establecidas por el sistema actual, las que deberían acotarse únicamente al formato impreso, donde el gasto en papel, tinta y otros insumos, justifica el cobro de un arancel", puntualizó el referente de Alternativa Parlamentaria.
El proyecto en discusión pone en juego uno de los principios elementales de la forma republicana de gobierno y de la democracia participativa: el libre acceso a la información.
En Salta, dos decisiones avanzaron en ese sentido, pero de modo parcial. Desde 2009, a través del decreto 3568 del Ministerio de Gobierno, se habilitó el acceso libre y gratuito de todas las secciones del Boletín Oficial, pero solo durante el día hábil de la publicación. Desde agosto de 2012, por decreto 2187, la Secretaría General de la Gobernación estableció el acceso irrestricto, vía internet, pero solo para la sección administrativa. Una medida similar había dispuesto el Gobierno nacional, en el Boletín Oficial de la República Argentina, a partir de enero de 2011.
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