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La decisión del Gobierno concordó con los planteos de Giacosa, aunque el titular del bloque justicialista Alternativa Parlamentaria consideró conveniente establecer el acceso irrestricto al Boletín Oficial con una ley que asegure la perdurabilidad del avance republicano.
Avances parciales
En los últimos seis años, el Ejecutivo dictó dos decretos que removieron de modo parcial el obstáculo de la suscripción paga. Desde el 19 de agosto de 2009, por decreto 3.568, el Ministerio de Gobierno habilitó el acceso libre y gratuito de todas las secciones del Boletín Oficial, pero solo durante el día hábil de la publicación. Desde el 14 de agosto de 2012, por decreto 2.187, la Secretaría General de la Gobernación estableció el acceso irrestricto, en el sitio web, pero solo para la sección administrativa.
En base a esos antecedentes, Giacosa consideró necesaria la sanción de una norma que garantice el acceso libre a información de interés, en sintonía con nuevos conceptos, como el de "gobierno abierto", orientados hacia una "plena publicidad del manejo de la cosa pública".
En el proyecto, el legislador capitalino planteó que resulta "un anacronismo mantener arancelada la suscripción del Boletín Oficial en un soporte que no tiene costos para el Estado", de modo que propuso que solo sigan siendo pagas las entregas impresas.
El decreto 2.133, que firmaron el pasado 18 de junio el gobernador Juan Manuel Urtubey y el secretario general de la Gobernación, Simón Padrós, se adelantó al tratamiento del proyecto de ley, que quedó postergado la semana pasada y fue incorporado nuevamente al acta de labor parlamentaria para la sesión de hoy de Diputados.
Un derecho esencial
En los considerandos del decreto que se publicó ayer, el Ejecutivo recordó que el derecho de acceso a la información pública se encuentra expresamente consagrado en la Constitución nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También reconoció que "el acceso a toda información que obre en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos", y remarcó que "para poder ejercer el precitado derecho plenamente, es necesario que esté sustentado sobre la base de la igualdad, sin limitaciones ni restricciones".