Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla
La oleada semanal de piquetes en el norte no se detiene y la historia se repite en Aguaray, donde ayer hubo dos reclamos en diferentes lugares, pero con el mismo pedido: trabajo.
En la mañana, la ruta 34 fue cortada a la altura de Piquirenda (a 20 kilómetros de Tartagal) por la cooperativa de desocupados que realiza el desmalezamiento de las vías del ferrocarril y reclamaron el pago de una quincena adeudada. Encabeza la cooperativa Alejandro Quiroz, quien depende del grupo Quebracho que lidera Fernando Esteche a nivel nacional.
El segundo piquete fue en la empresa neuquina Vertúa, que construye el Gasoducto del Nea. La denuncia de sus propietarios disparó la intervención de la Infantería, que desalojó a los manifestantes a media mañana. Es la misma compañía que la semana pasada había sufrido la toma del obrador a mano de cuatro mujeres piqueteras, que tras algunas horas quedaron detenidas.
Esta vez fueron unas 40 personas que protestaron en las puertas impidiendo que los vehículos con los operarios salieran hacia la zona de tareas. El reclamo no quedó ahí, sino que parte del grupo atacó una camioneta rompiéndole algunos vidrios, mientras otros instalaron grandes cilindros de 45 kilogramos de gas en el acceso al obrador amenazando con volarlas.
Tras el incidente, los apoderados de Vertúa formalizaron la denuncia penal con la que concluyó la protesta, pero la situación dista mucho de resolverse y la localidad de Aguaray vive una tensa calma.
La intervención del fiscal
Armando Cazón, fiscal penal con jurisdicción en Aguaray, explicó que la policía tiene un protocolo de actuación que debe cumplir y se sintetiza en tres pasos: diálogo, intimación y finalmente actuación. En este caso tenía dos frentes, uno por el corte de la ruta en Piquirenda, que finalmente fue liberado, y la situación más tensa en la empresa Vertúa.
Precisó que "la actuación se inició por la denuncia de la empresa, a la que le atacaron un vehículo con gente adentro. Para garantizar las actuaciones, el procedimiento policial estuvo encabezado por el segundo jefe de la Unidad Regional 4, comisario Leonardo Cardozo. Definitivamente tengo la convicción de que la paz social no puede ser negociable en un departamento como San Martín, que ha pagado demasiado caro los reclamos de quienes recurren a la violencia como metodología habitual", reiteró Cazón tal como lo expresó en el desalojo de mujeres el miércoles de la semana pasada.
En la mañana, la ruta 34 fue cortada a la altura de Piquirenda (a 20 kilómetros de Tartagal) por la cooperativa de desocupados que realiza el desmalezamiento de las vías del ferrocarril y reclamaron el pago de una quincena adeudada. Encabeza la cooperativa Alejandro Quiroz, quien depende del grupo Quebracho que lidera Fernando Esteche a nivel nacional.
El segundo piquete fue en la empresa neuquina Vertúa, que construye el Gasoducto del Nea. La denuncia de sus propietarios disparó la intervención de la Infantería, que desalojó a los manifestantes a media mañana. Es la misma compañía que la semana pasada había sufrido la toma del obrador a mano de cuatro mujeres piqueteras, que tras algunas horas quedaron detenidas.
Esta vez fueron unas 40 personas que protestaron en las puertas impidiendo que los vehículos con los operarios salieran hacia la zona de tareas. El reclamo no quedó ahí, sino que parte del grupo atacó una camioneta rompiéndole algunos vidrios, mientras otros instalaron grandes cilindros de 45 kilogramos de gas en el acceso al obrador amenazando con volarlas.
Tras el incidente, los apoderados de Vertúa formalizaron la denuncia penal con la que concluyó la protesta, pero la situación dista mucho de resolverse y la localidad de Aguaray vive una tensa calma.
La intervención del fiscal
Armando Cazón, fiscal penal con jurisdicción en Aguaray, explicó que la policía tiene un protocolo de actuación que debe cumplir y se sintetiza en tres pasos: diálogo, intimación y finalmente actuación. En este caso tenía dos frentes, uno por el corte de la ruta en Piquirenda, que finalmente fue liberado, y la situación más tensa en la empresa Vertúa.
Precisó que "la actuación se inició por la denuncia de la empresa, a la que le atacaron un vehículo con gente adentro. Para garantizar las actuaciones, el procedimiento policial estuvo encabezado por el segundo jefe de la Unidad Regional 4, comisario Leonardo Cardozo. Definitivamente tengo la convicción de que la paz social no puede ser negociable en un departamento como San Martín, que ha pagado demasiado caro los reclamos de quienes recurren a la violencia como metodología habitual", reiteró Cazón tal como lo expresó en el desalojo de mujeres el miércoles de la semana pasada.
Un fotógrafo afectado
En medio de la refriega entre piqueteras y personal de la empresa Vertúa, al camarógrafo y reportero gráfico Raúl Vaca le destrozaron su máquina cuando intentaba hacer su trabajo. Fue a las 9.30 de ayer cuando fotografiaba los incidentes que habían comenzado media hora antes. "Cuando llegué ya estaban unos 40 efectivos a unos cien metros del portón. Muy cerca, cuatro mujeres forcejeaban con alguien de la empresa, que después me enteré es Pablo Vertúa, hijo del propietario. Cuando me vio se puso muy nervioso y me tiró un manotazo que destrozó el zoom, que me costó $ 6 mil, y aún no recupero la máquina, por lo que ya hice la denuncia correspondiente".
PUBLICIDAD