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Aún no se conocen en profundidad los motivos por los cuales el gobernador Juan Manuel Urtubey decidió apartar a la Fundación Trabajo y Solidaridad del servicio de limpieza y mantenimiento de los hospitales públicos de la ciudad capital.
El anuncio se hizo de manera imprevista durante el acto por el Día de la Sanidad y no hubo mayor información que la esperable: el Gobierno provincial se hará cargo de los 440 trabajadores que ahora pasarán a la planta del Estado en forma precaria.
Tampoco se conoció información oficial desde la fundación que trabaja con las empresas Todolim, Cocirap y Trabasani que tenían a su cargo esos servicios en los hospitales San Bernardo, Señor del Milagro, Oñativia y Ragone. Se sabe que los contratos y los plazos para las prestaciones estaban vencidos desde hace rato y que la decisión venía siendo postergada para después de los comicios provinciales, atento a que el diputado Abel Ramos, vinculado a la fundación, trabajó en el plan de reelección de Urtubey. Conseguido ese objetivo político, era cuestión de tiempo que se ponga en práctica un nuevo avance estatal sobre las empresas privadas.
Pero existe un marcado hermetismo y la base gremial de la fundación que agrupa a trabajadores de la sanidad no aparenta estar en desacuerdo con la medida; pasar a la planta del Estado es, en circunstancias, una reivindicación sindical. Y este parece ser el caso.
Desde la perspectiva de la actividad privada y la prestación de servicios públicos, un fenómeno que comenzó con el modelo impuesto por el gobernador Urtubey desde un comienzo de su gestión, se ha trasformado en un verdadero sello. El Estado paternalista siempre por encima de las empresas y en una franca y desigual competencia en la generación de empleo. La mano de obra, cautiva.
Pero las empresas privadas han sostenido los servicios públicos en varias etapas inflacionarias y sus pedidos de readecuación contractual no siempre fueron escuchados por el Gobierno.
Así ocurrió con Aunor, a cargo del mantenimiento y peaje en la autopista Salta-Güemes. Sus trabajadores pasaron a la órbita estatal, también en forma precaria, una vez que a la empresa se le negó un incremento de tarifas y la renovación del contrato de concesión.
Algo más reciente es el caso de la empresa Plumada, a cargo del mantenimiento y conservación de los archivos de la Provincia. Plumada había solicitado al Ministerio de Economía la readecuación de los precios en el marco de un contrato de servicio de archivo, custodia y logística de documentación con el Gobierno. La primera presentación fue hecha el 28 de mayo de 2012 y en mayo de 2014 presentó un nuevo pedido como reclamo administrativo y de recurso jerárquico. Ninguno de los casos fue atendido y la concesión del servicio le fue retirada. Hoy los trabajadores reclaman una salida estatal a su situación laboral.
El argumento es que el Estado no puede delegar la gestión en materia de derechos para la población como la salud, pero al mismo tiempo nadie garantiza que esta determinación vaya a mejorar las condiciones para la correcta prestación de los servicios.
El anuncio se hizo de manera imprevista durante el acto por el Día de la Sanidad y no hubo mayor información que la esperable: el Gobierno provincial se hará cargo de los 440 trabajadores que ahora pasarán a la planta del Estado en forma precaria.
Tampoco se conoció información oficial desde la fundación que trabaja con las empresas Todolim, Cocirap y Trabasani que tenían a su cargo esos servicios en los hospitales San Bernardo, Señor del Milagro, Oñativia y Ragone. Se sabe que los contratos y los plazos para las prestaciones estaban vencidos desde hace rato y que la decisión venía siendo postergada para después de los comicios provinciales, atento a que el diputado Abel Ramos, vinculado a la fundación, trabajó en el plan de reelección de Urtubey. Conseguido ese objetivo político, era cuestión de tiempo que se ponga en práctica un nuevo avance estatal sobre las empresas privadas.
Pero existe un marcado hermetismo y la base gremial de la fundación que agrupa a trabajadores de la sanidad no aparenta estar en desacuerdo con la medida; pasar a la planta del Estado es, en circunstancias, una reivindicación sindical. Y este parece ser el caso.
Desde la perspectiva de la actividad privada y la prestación de servicios públicos, un fenómeno que comenzó con el modelo impuesto por el gobernador Urtubey desde un comienzo de su gestión, se ha trasformado en un verdadero sello. El Estado paternalista siempre por encima de las empresas y en una franca y desigual competencia en la generación de empleo. La mano de obra, cautiva.
Pero las empresas privadas han sostenido los servicios públicos en varias etapas inflacionarias y sus pedidos de readecuación contractual no siempre fueron escuchados por el Gobierno.
Así ocurrió con Aunor, a cargo del mantenimiento y peaje en la autopista Salta-Güemes. Sus trabajadores pasaron a la órbita estatal, también en forma precaria, una vez que a la empresa se le negó un incremento de tarifas y la renovación del contrato de concesión.
Algo más reciente es el caso de la empresa Plumada, a cargo del mantenimiento y conservación de los archivos de la Provincia. Plumada había solicitado al Ministerio de Economía la readecuación de los precios en el marco de un contrato de servicio de archivo, custodia y logística de documentación con el Gobierno. La primera presentación fue hecha el 28 de mayo de 2012 y en mayo de 2014 presentó un nuevo pedido como reclamo administrativo y de recurso jerárquico. Ninguno de los casos fue atendido y la concesión del servicio le fue retirada. Hoy los trabajadores reclaman una salida estatal a su situación laboral.
El argumento es que el Estado no puede delegar la gestión en materia de derechos para la población como la salud, pero al mismo tiempo nadie garantiza que esta determinación vaya a mejorar las condiciones para la correcta prestación de los servicios.
Para el caso de las empresas de servicios en los hospitales, se desconoce si habían solicitado una readecuación de tarifas, pero el resultado final fue el mismo: el Estado se hizo cargo. Algo parecido ocurrió hace varios años con la Fundación Santa Tecla, que estaba a cargo del Hospital Materno Infantil y que tenía como plan de acción el control y monitoreo de los centros de salud en la ciudad.
Ahora, como en aquel caso, la rescisión contractual no responde a ninguna lógica.
Un grupo de trabajadores de las empresas a cargo de la fundación habían iniciado hace meses un plan de lucha contra el despido de algunos de ellos y las protestas habían adquirido un tono de dramatismo con gente que amenazó con arrojarse al vacío desde el techo del hospital San Bernardo o bien prenderse fuego. Pero, en todo caso, los servicios nunca dejaron de prestarse.
El argumento es que el Estado no puede delegar la gestión en materia de derechos para la población como la salud, pero al mismo tiempo nadie garantiza que esta determinación vaya a mejorar las condiciones para la correcta prestación de los servicios.
Hoy los hospitales públicos no pasan por un buen momento. Están colapsados y en gran medida por una sobredemanda incontenida desde los centros de salud. La falta de profesionales se hace cada vez más evidente y los insumos no alcanzan. Hay unidades como en Tartagal y Orán donde se ampliaron infraestructuras, pero que no pueden ser habilitadas simplemente porque no hay médicos: los profesionales prefieren trabajar del otro lado de la frontera. Esta debería ser una cuestión de Estado antes que la negación sistemática del valor del empleo privado.
Ahora, como en aquel caso, la rescisión contractual no responde a ninguna lógica.
Un grupo de trabajadores de las empresas a cargo de la fundación habían iniciado hace meses un plan de lucha contra el despido de algunos de ellos y las protestas habían adquirido un tono de dramatismo con gente que amenazó con arrojarse al vacío desde el techo del hospital San Bernardo o bien prenderse fuego. Pero, en todo caso, los servicios nunca dejaron de prestarse.
El argumento es que el Estado no puede delegar la gestión en materia de derechos para la población como la salud, pero al mismo tiempo nadie garantiza que esta determinación vaya a mejorar las condiciones para la correcta prestación de los servicios.
Hoy los hospitales públicos no pasan por un buen momento. Están colapsados y en gran medida por una sobredemanda incontenida desde los centros de salud. La falta de profesionales se hace cada vez más evidente y los insumos no alcanzan. Hay unidades como en Tartagal y Orán donde se ampliaron infraestructuras, pero que no pueden ser habilitadas simplemente porque no hay médicos: los profesionales prefieren trabajar del otro lado de la frontera. Esta debería ser una cuestión de Estado antes que la negación sistemática del valor del empleo privado.
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