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El motivo es simple: la falta de pago de las certificaciones por parte de la Provincia a las empresas adjudicatarias. La consecuencia inmediata fue el despido y suspensión de cientos de trabajadores de la construcción del norte salteño.
La grave situación fue denunciada por la Uocra en un comunicado que firmaron el delegado normalizador, Américo Villa y el representante local, Vicente Saavedra, quienes calificaron a la situación como "dramática, ya que solo en construcción de viviendas quedaron sin trabajo más de 500 obreros", aseguraron.
La suspensión involucra obras del Fondo de Reparación Histórica. Los 1.000 millones de pesos obtenidos en 2012 fueron producto de regalías hidrocarburíferas y la inversión total de esos fondos debía concretarse el año pasado. Pero la realidad es que lo invertido no cubre ni un 40% de los trabajos que se habían anunciado para los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia. "El 15 de diciembre último se paralizaron las obras de construcción de 102 viviendas del programa Procrear, dos grupos habitaciones ubicados en el barrio Santa María de 40 viviendas cada uno, 100 viviendas que construye el Instituto Provincial de la Vivienda y otro grupo de 40 casas en Salvador Mazza. Lo grave es que no hay ningún anuncio que anticipe fechas para retomar las obras este año", explicó el gremio.
Paralizadas
La Uocra informó además que se paralizaron las obras de reparación y ampliación de la escuela Humberto Milanessi en Tartagal, la planta depuradora del río Tartagal, que se debía haber finalizado hace un par de años y que corresponde al FRH. Se suma el tendido eléctrico hasta la comunidad de Tonono, al este de Tartagal, una obra en el paraje Peña Morada y mejoras en la capacidad de almacenamiento de la principal fuente de agua del departamento, el dique Itiyuro.
La ruta 54, sin novedades
El gremio de los trabajadores de la construcción en su comunicado agregó que "la obra de la ruta provincial 54 quedó suspendida hasta nuevo aviso afectando a más de 200 obreros de la UTE que conforman las empresas Medina, Moncho y Noroeste Construcciones". A esa obra la Provincia le destinó en el año 2012 más del 50% de los 1.000 millones que correspondían al Fondo de Reparación y debía estar finalizada hace dos años, sin que hasta ahora ningún funcionario haya dado explicaciones sobre las razones de la demora.
Otra de las obras paralizadas fue la construcción de la planta depuradora de Aguaray, que tiene un presupuesto de 7 millones de pesos y debía concluirse a comienzos de 2015, a cargo de la empresa Gavinor.
Fondo de Reparación
Aún es un misterio el paradero de los 180 millones de dólares que cuatro años atrás la Provincia obtuvo al negociar regalías hidrocarburíferas para obras de infraestructura básica en el norte. Ni los funcionarios ni los legisladores que sancionaron la ley ni los intendentes norteños preguntan dónde están los 1.000 millones de pesos en los que se transformaron esos originales 180 millones de la moneda estadounidense por una maniobra financiera que tampoco nunca se explicó.
Lo cierto es que, de ese monto, más de la mitad iba a destinarse para pavimentar la ruta provincial 54, que va desde su intersección con la nacional 34, en el municipio de Aguaray, hasta la localidad de Misión La Paz, en el límite con Paraguay. La obra tuvo un sinnúmero de altibajos, retrasos, suspensiones, paro de trabajadores, pese a que se llevó un abultado presupuesto de 526 millones de pesos, pero hasta el momento no fue concluida.
Para Tartagal, el FRH establecía alrededor de 100 millones de pesos, la mitad para saneamiento ambiental y dentro de ese ítem la construcción de la planta depuradora de líquidos cloacales. La obra nunca comenzó, como tampoco se hizo la Casa de la Cultura.
Los ejemplos se repiten en Aguaray, donde la obra más onerosa es una planta de tratamiento de líquidos cloacales que tampoco se concretó, así como la construcción de la terminal de ómnibus de Mosconi. Para sorpresa, la Provincia le pidió a los municipios de Aguaray y Salvador Mazza que concluyan con fondos propios algunas obras menores contempladas dentro del Fondo para inaugurarlas durante la última campaña política, según lo denunció el delegado departamental de ATE, Fermín Hoyos. Los intendentes oficialistas accedieron y las consecuencias son las actuales: ambas comunas todavía no pueden cubrir las deudas que mantienen con sus empleados.