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Milagro Sala: la Justicia ya investiga la "ruta del dinero S"

Sabado, 30 de enero de 2016 01:30
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Tal como surgió de la entrevista que El Tribuno mantuvo en las últimas horas con funcionarios de Jujuy en un informe especial sobre la detención de Milagro Sala, la Justicia provincial dispuso mantenerla en prisión acusada en esta oportunidad por "asociación ilícita y fraude a la administración pública". La causa que se analizaba anteriormente, "instigación a cometer delitos y tumultos", quedó sin efecto, pero ahora deberá afrontar esta nueva acusación que tiene connotaciones y penas más duras. La primera contemplaba una condena de 6 años de prisión.
El fiscal de Estado Mariano Miranda señaló que el caso que ahora se analiza "la pena puede alcanzar los diez años de prisión", en el marco de la investigación por la supuesta administración irregular de fondos públicos destinados a construcción de viviendas sociales.
"Hemos presentado denuncias por el desmanejo de fondos públicos destinado a la obra social. Hay un faltante de 29 millones de pesos que fueron aportados a través del Instituto de Vivienda de Jujuy a cuatro cooperativas ligadas a la Tupac Amaru, pero esta cifra puede ampliarse, ya que los fondos que recibían eran elevadísimos", indicó Miranda.
En su edición del viernes y a través de consultas de este medio con funcionarios y cooperativistas de la vecina provincia, El Tribuno, publicó que el manejo de fondos por parte de Milagro Sala es incalculable, si se tiene en cuenta que los 29 millones de pesos faltantes que denunció el gobernador Morales corresponden sólo a los envíos de noviembre para el pago a las cooperativas de la construcción. Hacia atrás aún no se investigó, pero tampoco se descarta que la Justicia actúe de oficio en lo que comienza a conocerse como "la ruta del dinero S" (la ruta del dinero de Milagro Sala) un paralelismo con otra investigación judicial sobre el lavado de dinero que involucró al gobierno de Cristina Kirchner.
El secretario de Gobierno, Luciano Riva, en contacto con El Tribuno había advertido que para calcular la plata que pudo haber manejado Milagro Sala "habría que usar una balanza y pesar los billetes", en relación a los elevados montos que la Tupac Amaru manejaba públicamente con operaciones de extracción de dinero por ventanilla y en efectivo.
La Justicia tiene en claro cual fue el modus operandi de las extracciones de dinero, pero no aún el destino de esos millonarios fondos. Para ello se espera la declaración de otros dos detenidos en las últimas horas: el exvocal del Instituto de la Vivienda Pablo Tolosa y la exjefa del Departamento Administrativo Financiero del Instituto, Marta Gutiérrez, encargada de autorizar los pagos destinados a obras y que, según la denuncia judicial, nunca llegaron a destino. "No hubo control de la obra pública. Esta era la maniobra que utilizaban para quedarse con el dinero", precisó Miranda. "Estamos intentando saber cuál fue la ruta del dinero. Nos vamos a constituir en querellantes" adelantó.
Luciano Riva Sec de Gobierno de Jujuy El funcionario jujeño había advertido a través de El Tribuno que hay mucho más dinero desviado del que se calcula

Repudio de la Tupac Amaru
La organización dice que es otra causa armada por el Gobierno de Morales Según informó la organización Tupac Amaru, Sala fue notificada ayer a las 8.30 de la resolución del juez Mercau en la que hacía lugar al cese de detención solicitado por su defensa, pero que "media hora después" fue informada de la nueva detención por la denuncia. "Repudiamos desde la Tupac Amaru esta clara muestra de ensañamiento contra Milagro Sala que da cuenta del grado de humillación y perversidad al que la quieren someter", indicó la organización, que precisó que la defensa "ya ha presentado un nuevo pedido de cese de detención".
Respecto a la nueva causa, la Tupac Amaru denunció que "tanto la asociación ilícita como la extorsión constituyen claramente la persecución por parte del poder político en complicidad con el poder judicial".
"Este nuevo proceso busca silenciar los legítimos reclamos de los cooperativistas, queriendo ilegalizarlos a través de la figura de asociación ilícita y de extorsión que ya han sido utilizadas en los 90 con el fin de criminalizar la protesta", apuntó
a organización barrial, que además sostuvo que los denunciantes, hasta hace pocas semanas integrantes de la Red de Organizaciones Sociales, fueron "cooptados por el gobierno provincial a través de prebendas y prácticas desleales con la velada intención de dividir a la clase trabajadora".
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