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El fiscal de Estado Mariano Miranda señaló que el caso que ahora se analiza "la pena puede alcanzar los diez años de prisión", en el marco de la investigación por la supuesta administración irregular de fondos públicos destinados a construcción de viviendas sociales.
"Hemos presentado denuncias por el desmanejo de fondos públicos destinado a la obra social. Hay un faltante de 29 millones de pesos que fueron aportados a través del Instituto de Vivienda de Jujuy a cuatro cooperativas ligadas a la Tupac Amaru, pero esta cifra puede ampliarse, ya que los fondos que recibían eran elevadísimos", indicó Miranda.
En su edición del viernes y a través de consultas de este medio con funcionarios y cooperativistas de la vecina provincia, El Tribuno, publicó que el manejo de fondos por parte de Milagro Sala es incalculable, si se tiene en cuenta que los 29 millones de pesos faltantes que denunció el gobernador Morales corresponden sólo a los envíos de noviembre para el pago a las cooperativas de la construcción. Hacia atrás aún no se investigó, pero tampoco se descarta que la Justicia actúe de oficio en lo que comienza a conocerse como "la ruta del dinero S" (la ruta del dinero de Milagro Sala) un paralelismo con otra investigación judicial sobre el lavado de dinero que involucró al gobierno de Cristina Kirchner.
El secretario de Gobierno, Luciano Riva, en contacto con El Tribuno había advertido que para calcular la plata que pudo haber manejado Milagro Sala "habría que usar una balanza y pesar los billetes", en relación a los elevados montos que la Tupac Amaru manejaba públicamente con operaciones de extracción de dinero por ventanilla y en efectivo.
La Justicia tiene en claro cual fue el modus operandi de las extracciones de dinero, pero no aún el destino de esos millonarios fondos. Para ello se espera la declaración de otros dos detenidos en las últimas horas: el exvocal del Instituto de la Vivienda Pablo Tolosa y la exjefa del Departamento Administrativo Financiero del Instituto, Marta Gutiérrez, encargada de autorizar los pagos destinados a obras y que, según la denuncia judicial, nunca llegaron a destino. "No hubo control de la obra pública. Esta era la maniobra que utilizaban para quedarse con el dinero", precisó Miranda. "Estamos intentando saber cuál fue la ruta del dinero. Nos vamos a constituir en querellantes" adelantó.