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Han pasado 112 días desde la fatídica mañana del 17 de octubre de 2015, cuando un terremoto de 5,9 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió la zona sur de la provincia. La localidad más afectada, El Galpón, con una población de 8.765 habitantes, se encuentra prácticamente igual que luego del movimiento sísmico. Hasta ahora solo se están construyendo nueve viviendas nuevas, la Iglesia no recibió un solo retoque, todavía hay 14 personas evacuadas y las clases tendrán que comenzar en aulas móviles.
El Galpón despertó el 17 de octubre inundado de histeria. La caída de techos en varias construcciones, el derrumbe de la escuela Magdalena Güemes de Tejada y los daños en la Iglesia fueron solo algunas de las consecuencias del temblor.
La conmoción fue creciendo cuando se supo que Alberta Flores, una mujer de 94 años, había perdido la vida. Los segundos que duró el movimiento tectónico fueron suficientes para causar serios daños.
Según estimaciones del intendente Federico Sacca las familias damnificadas ascienden a 400, lo cual significaría "un 60% de la población". A pesar de ello, no se conformó un comité de crisis con vecinos, ni se dio participación a los galponeños en la distribución de la mercadería y los enseres que llegaron en calidad de donaciones. "Se hizo un reparto discrecional", denuncia Marcelo Conrado Giménez, docente jubilado.
El propio Sacca se pliega al reclamo al asegurar que "no se creó un fondo de crisis, que vaya por fuera de la coparticipación que le corresponde al municipio". De soslayo, el intendente que asumió el 10 de diciembre último, culpabiliza a los legisladores del sur provincial por no ejercer presión en el Palacio Legislativo de Salta capital.
La escuela
En las ruinas de la Escuela Magdalena Güemes, ubicada en la intersección de 25 de Mayo y Güemes, aún se ven los montículos de escombros que no fueron removidos. En villa María, en Islas Malvinas y San Francisco, la construcción del edificio que debería reemplazar a la estructura dañada está parada por falta de fondos.
La obra del nuevo establecimiento se inició el 28 de octubre de 2014, un año antes del sismo, y tiene fecha de finalización para el 18 de abril. La cesantía de los trabajos hace suponer que no se cumplirá con dicha proyección, y que por lo tanto, los más de 700 chicos que asisten a la escuela, no estudiarán donde les corresponde.
Las clases se iniciarán de la misma manera en que terminaron: la escuela agrotécnica de nivel secundario prestará sus instalaciones para que asistan los niños del primario, que no tienen edificio. Mientras tanto, los adolescentes empezarán el año en aulas móviles, vehículos de gran porte equipados para dictar clases.
Las casas
Actualmente, se están construyendo nueve casas, ninguna con un avance de obra mayor al 50%. Los trabajos se iniciaron en la primera semana de diciembre, luego de que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) organizara la construcción
Son dos frentes de obra, uno de cinco viviendas y el otro de cuatro. Intervienen dos empresas contratistas: Daniel Madeo Construcciones y Gustavo Astudillo Construcciones.
Los trabajadores de cada frente de obra cobran entre $270 y $320 el día. Los pagos se volvieron fluctuantes, y por esa razón, además de la demora en iniciar las obras, los días de trabajo fueron intermitentes. Cada vez que no había dinero para pagar a los obreros, éstos quitaban sus colaboraciones.
Los evacuados
Cuando se produjo el terremoto, 14 familias fueron evacuadas. En estos momentos son tres las familias que aún se encuentran en esta situación, albergadas en el Complejo Municipal de El Galpón. Se trata de nueve niños y cinco adultos.
Consultados por El Tribuno sobre el por qué de su situación, comentaron que los precios de los alquileres de la localidad hacen imposible mudarse. "Vivíamos en el Centro de Jubilados, donde se cayó el techo, ahora no tenemos para pagar un alquiler", confesó Jimena Argañaraz.
Rentar una habitación en El Galpón cuesta $3000 por mes, más que en la ciudad capitalina. Según explican algunos vecinos, este valor se debe a que la empresa multinacional Austin Powder, que pretende instalar una plata de nitrato de amonio, alquila por este precio las piezas que necesita para su personal.
A causa de ello, el piso de los costos inmobiliarios hace tiempo que está dado por las cifras que Austin paga a las familias que alquilan habitaciones.
"El Municipio nos está cubriendo seis meses de alquiler en barrio Congreso, después no sé qué haremos porque no tenemos para bancarnos ni una piecita", expresa Yanina Saravia, quien antes estuvo evacuada. Su madre aún está en esa situación, al cuidado de sus tres hermanos menores.
El Galpón despertó el 17 de octubre inundado de histeria. La caída de techos en varias construcciones, el derrumbe de la escuela Magdalena Güemes de Tejada y los daños en la Iglesia fueron solo algunas de las consecuencias del temblor.
La conmoción fue creciendo cuando se supo que Alberta Flores, una mujer de 94 años, había perdido la vida. Los segundos que duró el movimiento tectónico fueron suficientes para causar serios daños.
Según estimaciones del intendente Federico Sacca las familias damnificadas ascienden a 400, lo cual significaría "un 60% de la población". A pesar de ello, no se conformó un comité de crisis con vecinos, ni se dio participación a los galponeños en la distribución de la mercadería y los enseres que llegaron en calidad de donaciones. "Se hizo un reparto discrecional", denuncia Marcelo Conrado Giménez, docente jubilado.
El propio Sacca se pliega al reclamo al asegurar que "no se creó un fondo de crisis, que vaya por fuera de la coparticipación que le corresponde al municipio". De soslayo, el intendente que asumió el 10 de diciembre último, culpabiliza a los legisladores del sur provincial por no ejercer presión en el Palacio Legislativo de Salta capital.
La escuela
En las ruinas de la Escuela Magdalena Güemes, ubicada en la intersección de 25 de Mayo y Güemes, aún se ven los montículos de escombros que no fueron removidos. En villa María, en Islas Malvinas y San Francisco, la construcción del edificio que debería reemplazar a la estructura dañada está parada por falta de fondos.
La obra del nuevo establecimiento se inició el 28 de octubre de 2014, un año antes del sismo, y tiene fecha de finalización para el 18 de abril. La cesantía de los trabajos hace suponer que no se cumplirá con dicha proyección, y que por lo tanto, los más de 700 chicos que asisten a la escuela, no estudiarán donde les corresponde.
Las clases se iniciarán de la misma manera en que terminaron: la escuela agrotécnica de nivel secundario prestará sus instalaciones para que asistan los niños del primario, que no tienen edificio. Mientras tanto, los adolescentes empezarán el año en aulas móviles, vehículos de gran porte equipados para dictar clases.
Las casas
Actualmente, se están construyendo nueve casas, ninguna con un avance de obra mayor al 50%. Los trabajos se iniciaron en la primera semana de diciembre, luego de que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) organizara la construcción
Son dos frentes de obra, uno de cinco viviendas y el otro de cuatro. Intervienen dos empresas contratistas: Daniel Madeo Construcciones y Gustavo Astudillo Construcciones.
Los trabajadores de cada frente de obra cobran entre $270 y $320 el día. Los pagos se volvieron fluctuantes, y por esa razón, además de la demora en iniciar las obras, los días de trabajo fueron intermitentes. Cada vez que no había dinero para pagar a los obreros, éstos quitaban sus colaboraciones.
Los evacuados
Cuando se produjo el terremoto, 14 familias fueron evacuadas. En estos momentos son tres las familias que aún se encuentran en esta situación, albergadas en el Complejo Municipal de El Galpón. Se trata de nueve niños y cinco adultos.
Consultados por El Tribuno sobre el por qué de su situación, comentaron que los precios de los alquileres de la localidad hacen imposible mudarse. "Vivíamos en el Centro de Jubilados, donde se cayó el techo, ahora no tenemos para pagar un alquiler", confesó Jimena Argañaraz.
Rentar una habitación en El Galpón cuesta $3000 por mes, más que en la ciudad capitalina. Según explican algunos vecinos, este valor se debe a que la empresa multinacional Austin Powder, que pretende instalar una plata de nitrato de amonio, alquila por este precio las piezas que necesita para su personal.
A causa de ello, el piso de los costos inmobiliarios hace tiempo que está dado por las cifras que Austin paga a las familias que alquilan habitaciones.
"El Municipio nos está cubriendo seis meses de alquiler en barrio Congreso, después no sé qué haremos porque no tenemos para bancarnos ni una piecita", expresa Yanina Saravia, quien antes estuvo evacuada. Su madre aún está en esa situación, al cuidado de sus tres hermanos menores.
LOS TESTIMONIOS
Carlos Suárez COMERCIANTE
Junto a su hermano, José, son propietarios de una de las esquinas emblemáticas del pueblo, en 25 de Mayo y San Francisco. Allí se encontraba la confitería y la recova, justo frente a la iglesia, en uno de los vértices de la plaza principal. Sus instalaciones se vieron seriamente dañadas y no figuraron entre los beneficiarios de créditos comerciales. Están entre los que esperan los subsidios particulares, ya que también habitan ahí. En su casa todavía se observan las grietas en los muros.
Jimena Argañaraz EVACUADA
Desde hace más de tres meses se encuentra viviendo en el Complejo Municipal, de donde algunos amenazaron con echarla. En un habitáculo sin baño ni cocina particulares, convive con su esposo y sus dos hijos. Su pareja trabaja en el ámbito de la construcción, contratado por la empresa Austin Powder. "Ese puesto no es permanente porque es solo para la etapa de instalación de la planta, cuando se termine no sé qué haremos, porque no tenemos dónde ir", relata.
Salvador Ledesma JUBILADO
Era propietario de una tradicional casa, ubicada en San Martín 652. La vivienda fue totalmente derrumbada y en su lugar se están construyendo otras dos de menor dimensión.
Mientras tanto, duerme en una pieza con techo de chapa que está colmada de goteras. El municipio le abona $300 mensuales para que sobreviva hasta que pueda alquilar alguna de las viviendas que se construyen en su terreno y que aún se encuentra en una etapa inicial. Tiene 82 años.
Yanina Saravia EXEVACUADA
Fue de las primeras evacuadas pero la nueva gestión municipal le ofreció costearle seis meses de alquiler junto a su familia. Es la mamá de Kiara, la niña de dos años que padeció heridas tras la caída de ladrillos sobre su cuerpo. La gran trascendencia mediática de la imagen de Kiara, que El Tribuno retrató, les valió mayor protagonismo que a otros damnificados.
Sin embargo, después que se cumplan los seis meses, no tienen dinero para solventar una renta.
Jesús Moyano TRABAJADOR
Vive a dos cuadras de la plaza principal, sobre la calle 25 de Mayo. En esa zona, a pocos metros de la escuela Magdalena Güemes, varias viviendas sufrieron daños. Su hija tenía un almacén y su esposa, una peluquería. Hasta el momento ninguno de los dos comercios ha podido volver a su atención normal. El almacén debió cerrar sus puertas y la peluquería trabaja de manera precaria, en pasillos y habitaciones que no son adecuados. Todavía no recibieron ninguna ayuda.
Valeria Cuéllar AMA DE CASA
Tiene 54 años y vive junto a su familia en el pasaje Alberdi, a pocas cuadras de la plaza principal. "Cuando vinieron del Gobierno, pasaron por mi casa para ver los daños. Me dijeron que no había pasado nada grave, que no teníamos de qué preocuparnos. Ahora se nos llueve todo, cosa que antes no pasaba", narra con desesperación. No será subsidiada ni recibirá ningún tipo de auxilio, ni siquiera el municipio le ofrece alternativas. "No tengo plata suficiente como para reformar mi casa", remata.
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