De entre todas las provincias argentinas, Salta tiene el porcentaje más alto de empleo no registrado. Si bien no hay información fiable acerca de las dimensiones de nuestra economía oculta o informal, es muy probable que alcance a más del 60% de nuestro bruto geográfico.
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De entre todas las provincias argentinas, Salta tiene el porcentaje más alto de empleo no registrado. Si bien no hay información fiable acerca de las dimensiones de nuestra economía oculta o informal, es muy probable que alcance a más del 60% de nuestro bruto geográfico.
Esta propensión a la informalidad y al incumplimiento de las reglas reconoce varias causas. Dos de las más importantes son el pésimo funcionamiento de nuestras oficinas administrativas, y la abrumadora presión fiscal que castiga al empleo y a los emprendedores.
Quienes gobiernan se auto-engañan o incurren en propaganda engañosa cuando hablan de las maravillas de la actual gestión en los ámbitos ejecutivo, judicial y legislativo. Los pregonados progresos que los poderes del Estado estarían trayendo gracias a la informática, a la juventud de los gobernantes y a su óptima preparación, no existen, lamentablemente.
Antes de malgastar tanto dinero en propaganda engañosa los gobernantes deberían comenzar por conocer y reconocer las penurias que sufren los administrados y los usuarios de servicios públicos. Sobre todo, aquellos que "no tienen llegada".
Permítanme presentar tres ejemplos que me ocurrieron en la mañana del jueves 28 de septiembre.
En Salta, pagar el Impuesto de Sellos (una carga anacrónica y pesada) es un engorro. Cola ante una ventanilla que liquida el impuesto. Nueva cola en una segunda ventanilla que cobra el impuesto. Tercera cola en otra ventanilla donde se compran las estampillas fiscales que más tarde requerirá el pre-moderno Registro Público de Comercio de Salta, que, sin embargo y según colegas, funciona muy bien como Juzgado de Minas. Cuarta cola para satisfacer una exigencia ilegal de la DGR: Dejar fotocopia del contrato sellado (para lo cual hay que trasladarse a un quiosco vecino). Última cola, breve, para dejar la fotocopia ilegalmente -por contraria a los principios del derecho a la protección de datos privados- exigida. Conviene apuntar que la oficina que liquida impuestos desconocía la existencia de las nuevas Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
El segundo acontecimiento sucede en la Secretaría de Trabajo de la Provincia. Intento consultar un expediente administrativo del año 2004. Pregunto en Informes y me indican: "Vaya a Mesa de Entradas"; cola, escaso personal y mala onda (las sillas del funcionario son un atentado a la salud y a la ergonomía). El funcionario me dice: "Pregunte en el archivo". Voy al Archivo, abarrotado de papeles y en donde no se ven pantallas de computación; de inmediato la empleada me dice: "Ah, no. Primero tiene que ir a Informática. Pregunte por Corimayo". Voy a donde me mandan y un afable señor me dice: "No. Esto pasó ahora a Rubricas". Me encamino hacia esta nueva ventanilla, en donde un señor también amable me dice: "Vuelva al Archivo" y me da las fechas en las que se dispuso el archivo de las actuaciones que busco. Vuelvo a esta oficina y la señora me dice: "No. Tiene que ir a Informática y hablar con Corimayo". Le explico: "Ya hablé. Ahora la información está en Rúbricas a cargo de Ignacio". Desconfiada la señora del Archivo resuelve hablar con Ignacio, que sentencia: "Hay que ir a Mesa de Entradas". Voy nuevamente a donde me manda, acompañado de la señora desconfiada. Y ahí se hace la luz: "Sus expedientes están en Plumada". Vuelvo al Archivo y otra señora me dice: "No puedo hacer nada. Plumada está devolviendo las cajas con expedientes archivados. Hay un pleito con los políticos. Si quiere, presente una nota". O sea: Estuve cerca de una hora, de aquí para allá, y al final me regresaron al punto de partida, Mesa de Entradas, pero no conseguí lo que buscaba. Esta es la Salta Cibernética del moderno mandatario que descansa en Las Costas.
La tercera muestra del atraso y la negligencia tiene lugar en la Mesa de Entradas del Registro Público de Comercio de Salta. Trámite: "Reserva de nombre de una sociedad". Me reciben el escrito y me dicen: "Vuelva en una semana". Regreso a los diez días: "No está todavía. Vuelva en una semana". Pero, como el señor que me precedía explicó que era la cuarta semana que venía por el mismo trámite y nada de nada, decidí protestar. "Mire que se trata de una Sociedad por Acciones Simplificada de la Ley 27.349, que manda registrar en 24 horas". La respuesta del joven empleado: "Eso será en Buenos Aires. Aquí no tenemos instrucciones y nos manejamos con nuestros tiempos". Fue inútil explicarle que las leyes nacionales se aplican en Salta desde su promulgación.
Cuando pido hablar con algún funcionario, me dicen: "El juez está de licencia desde hace varios meses. La secretaria tampoco está. Venga el lunes". Al final, un empleado más rodado y diligente me dice: "No se preocupe, el lunes le daremos la constancia de inicio del trámite". Y cumplió. En fin: algo es algo. Adviértase que la Ley 27.340 fue promulgada en marzo de 2017. O sea, han pasado más de 6 meses y la administración salteña no se da por enterada. Habría que recordarles la trotada de Calixto Gauna, cuando no había Internet.
Para no quedarme en críticas a nuestra deslucida burocracia provinciana, advierto que la Sucursal Salta del Banco de la Nación es también una auténtica vergenza. El viernes, a las 8,30 la cola llegaba hasta España al 600. Allí, cualquier trámite por simple que sea, insume un par de horas. Pienso, en conclusión, que toda esta burocracia ineficiente, cara y desatenta frena el desarrollo, promoviendo la informalidad y el trabajo en negro.