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Un allanamiento a las oficinas de la obra social de la Federación de Petroleros Privados en Buenos Aires, ordenada por la Justicia Federal, puso en vilo a los trabajadores del sector, entre ellos los que pertenecen a este sindicato en las provincias de Salta y Jujuy.
El allanamiento fue consecuencia de una denuncia formalizada por integrantes de la misma federación, conformada por representantes de los diferentes sindicatos de las provincias productoras de gas y petróleo, en contra del secretario general, el diputado nacional massista Alberto Roberti y del secretario de finanzas, David Castro, por un supuesto desvío de sumas millonarias de la obra social, que superarían los 170 millones de pesos.
El actual secretario general del gremio de petroleros privados de Salta y Jujuy, y actual secretario legal de la federación nacional, Alberto Romero, tenía previsto reunirse ayer con el resto de los integrantes de la entidad gremial nacional. "No sabemos de qué se trata exactamente; por eso nos vamos a reunir en Buenos Aires", manifestó Romero al ser consultado por El Tribuno, sin entrar en detalles.
La denuncia, según trascendió extraoficialmente habría sido formalizada contra el actual diputado nacional Alberto Roberti y contra el secretario de finanzas de la federación, David Castro, por parte del dirigente santacruceño Marcelo Turchetti, secretario general del Sindicato de la Cuenca Austral, por el supuesto faltante de unos 170 millones de la obra social Ospegap que cubre a unos 20.000 trabajadores del país. En el caso de las provincias de Salta y Jujuy la cobertura alcanza a 2.000 trabajadores de esta industria por lo que los afectados -tomando en cuenta el grupo familiar- serían entre 8 mil y 10 mil personas.
Un comunicado interno
Dada la gravedad del hecho, la federación emitió un comunicado interno que fue distribuido entre los diferentes sindicatos que la conforman al que tuvo acceso El Tribuno. "Ante la crítica situación que vive en las últimas horas La Federación Argentina Sindical de Petróleo Gas y Biocombustibles, y que es de público conocimiento, quiero instar a todos los compañeros trabajadores a ser prudentes y respetuosos de los tiempos de la Justicia. Hay una denuncia en perjuicio... Sin duda esta situación nos va a afectar a todos por cuánto somos dependientes de casa central Ospegap. Y sumado a los momentos críticos socioeconómicos que se vive a nivel nacional es mucho más sensible el tema de la Obra Social...".
Sebastián Barrios recientemente consagrado como secretario general del gremio de los petroleros privados de las provincias de Salta y Jujuy y que asumirá su cargo en agosto próximo, consultado por El Tribuno consideró que "la situación en general y el allanamiento en Buenos Aires ha generado gran preocupación en nuestros afiliados. En el caso del sindicato de petroleros de Salta y Jujuy, el administrador regional de la obra social es el actual secretario general Alberto Romero. Estamos expectantes para conocer qué información nos puede dar respecto de estas acciones que está llevando adelante la Justicia Federal, a fin de llevar tranquilidad a nuestros afiliados".
Serios incumplimientos a los prestadores
™Sebastián Barrios precisó que “la obra social Ospegap está a cargo de un directorio encabezado por Alberto Roberti, e integrado por otros secretarios generales de diferentes provincias productoras. Lo que conocemos extraoficialmente es que las denuncias fueron contra el propio Roberti, el secretario de finanzas de la federación y el secretario de la obra social. Estamos hablando del aporte que realizan miles de trabajadores de la industria del petróleo y del gas de todo el país por tanto son sumas muy importantes”.
En lo que hace al norte, detalló: “Había serios inconvenientes con el cumplimiento a los prestadores de la obra social, algo que tengo entendido sucedía prácticamente en todo el país. En el norte hemos tenido conflictos con las clínicas por falta de pagos pero es lo único que conocemos”. Consideró además que “la persona que debería responder sobre las finanzas de la obra social debe ser Alberto Romero que, además de secretario general del gremio, es administrador regional de la obra social”.
“Estimamos que el directorio se debe reunir periódicamente para elaborar informes financieros de cada región”, finalizó.