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Es un avance desorganizado, “improvisado”: una barrera de gendarmes sin escudos ni cascos de los escuadrones de Esquel y El Bolsón. Sólo algunos tienen bastones y hay tres efectivos munidos de escopetas antitumulto. Uno de ellos efectúa disparos de disuasión desde un cerco; el resto avanza a pie y, cuando una camioneta blanca da la señal, los sucesos se tornan más violentos. Todos corren y se enfrentan con los manifestantes, que no logran ser visualizados. Imposible certificar si entre ellos está Maldonado, según informa diario La Nación.
Tampoco avanzan con las armas reglamentarias. No hay una lluvia de balas 9 mm, como describió la comunidad mapuche, ni una “cacería feroz”, como denunciaron los organismos de derechos humanos. Se ve más bien, en ese tramo inicial, la decisión de actuar, de imponer un repliegue a los manifestantes.
Tampoco dan cuenta las imágenes de un operativo “con 127 gendarmes”, número que, en realidad, se corresponde con el total de efectivos que actuaron durante las 48 horas que insumió el despeje de la ruta 40.
Video incompleto
No obstante, el video, grabado por la Gendarmería, es incompleto. No hay registros de esa fuerza ingresando en el predio de la comunidad. Ni imágenes de cuando los manifestantes corren hacia el río Chubut. Pero lo que se ve, aún siendo parcial, no se condice con la idea de “un operativo represivo brutal”. Incluso, se escucha a un gendarme pedir que le alcancen “la otra escopeta”.
La Nación accedió en total a nueve filmaciones de los distintos momentos en esos dos días del operativo. Quizás el más sugestivo sea el que muestra a cinco mujeres mapuches y tres niños en el rancho que funciona como guardia en el ingreso al predio, cuando todo ha concluido. Allí, entre reproches para que se “deje de filmar porque no pueden hacer imágenes con sus celulares porque eso es anticonstitucional, le recrimina Aika Millañanco, la cuñada de Facundo Jones Huala, al gendarme. Nadie advierte sobre la desaparición de Santiago Maldonado. No hay denuncias sobre algún manifestante capturado, golpeado y subido a un Unimog. Entre ese grupo de mujeres, dos de ellas declararon ayer como testigos de parte ante el juzgado federal de Esquel. Dijeron que vieron a Maldonado el 1 de agosto, antes del inicio del procedimiento de Gendarmería. Tampoco se ve la quema de carpas, frazadas y pertenencias a manos de la Gendarmería, que la comunidad denunció a través del defensor oficial Fernando Machado.
Un tercer video es también sugestivo: como episodio secundario, antes de iniciarse el procedimiento del 1º de agosto, un automóvil sale del Lof de Resistencia y es demorado en un control de la fuerza sobre la ruta 40. En él viajan Fernando Huala y dos mujeres. El grupo es retenido durante varias horas a un costado de la ruta. Las imágenes muestran cómo el gendarme elabora el acta, le devuelve pertenencias secuestradas -una linterna y un cargador de celular-, les retiene los celulares y un cuchillo a Huala, que lo reclama.
“Caballero, el cuchillo no se lo voy a poder devolver. Le secuestro estas cosas y las llevo al juzgado”, anuncia el gendarme. Una de las mujeres toma mate y Huala sonríe con sorna, ajeno a cualquier situación violenta. Está demorado en un punto de la ruta donde, de haber sido Maldonado introducido en una camioneta blanca que partió rumbo a Esquel, difícilmente esos tres testigos no hubieran visto el traslado del joven tatuador.
El resto de las imágenes exhiben el corte de ruta, con troncos y ramas y a cuatro encapuchados que arrojan piedras, cuando un gendarme les notifica por megáfono que están cometiendo un delito federal y que cuentan con una orden judicial para despejar la ruta. “Se los intima a que depongan sus actitud y levanten los obstáculos que se encuentran en el lugar”.
No lo hacen. Lo harán los gendarmes al caer la noche. Horas después, ingresarán al predio, sin registrar la totalidad del operativo. Es ese lapso, desde que ingresan hasta que se van, cerca de las 17.50, donde la Justicia intenta determinar si hubo excesos y si Maldonado pudo haber sido capturado por la Gendarmería. Los cotejos de ADN de rastros biológicos secuestrados en los móviles de la fuerza podrían despejar dudas o reunir elementos probatorios para pedir indagatorias.
Fuente: Diario La Nación