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El Gobierno nacional oficializó la desafectación de terrenos pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Cerrillos, una de las estaciones experimentales más importantes de la región, ubicada en el corazón del Valle de Lerma. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial y plantea interrogantes sobre el futuro de esas tierras, ubicadas en un lugar estratégico, sobre la avenida Circunvalación, frente a las áreas de investigación científica y producción agropecuaria del organismo nacional.
La decisión se enmarca en la política de "racionalización del patrimonio estatal" que impulsa el Ejecutivo nacional, bajo la premisa de que ciertos inmuebles están "subutilizados".
El predio abarca unas 41 has. que están bajo administración del INTA y que se encuentran en una porción aislada del resto de la sede experimental, en un sector que colinda hacia el norte de la Circunvalación sur.
Los terrenos resultaban "innecesarios" para el organismo de origen
Según la resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), los terrenos resultaban "innecesarios" para el organismo de origen y, por lo tanto, quedaban liberados para otro destino. En paralelo, se aclaró que sobre la superficie corre una servidumbre vinculada al gasoducto Cobos-Boroquímica, lo que restringe construcciones a menos de 7,5 metros del tendido.
Al respecto de ese terreno, en agosto de 2024, la Provincia de Salta había firmado un convenio con la Nación para destinar esa porción a proyectos habitacionales. Si bien la necesidad de vivienda en el área metropolitana es innegable, la ausencia de un plan integral despierta temores sobre un avance desordenado de la urbanización, con alto potencial de especulación inmobiliaria.
Originalmente la desafectación no estuvo exenta de polémica. Dirigentes del sector rural y especialistas habían advertido que el procedimiento se realizó sin la debida intervención del Consejo Directivo Nacional del INTA, órgano que debe autorizar este tipo de cesiones. Tras la publicación de ayer en el Boletín Oficial, se cuestiona que el Gobierno nacional convalide, vía resolución, decisiones tomadas previamente de manera unilateral, aunque fuentes consultadas por El Tribuno recordaron que a mediados de año, un informe pedido por el Senado nacional a la AABE, daba cuenta de un acuerdo del INTA para destinar esa porción para el fin habitacional requerido.
Un amarga experiencia
Pero la discusión se enrarece en un año electoral: la posibilidad de que las tierras se destinen a proyectos no establecidos previamente, alimenta la sospecha de que puedan convertirse en moneda de negociación política, tal como ocurrió en 2012 cuando terrenos al sur de la ciudad de Salta, fueron expropiados por el Gobierno provincial, en aquel entonces a cargo de Juan Manuel Urtubey, y utilizados con fines políticos para traccionar votos a favor de Rodolfo Urtubey, hermano del mandatario, quien resultó electo senador nacional.
Más allá de ese objetivo político, el "reparto de tierras como en el viejo oeste", impulsado por el exgobernador Urtubey terminó en un descalabro inmobiliario en la zona sur de la capital, donde barrios preestablecidos se vieron ampliamente afectados por la demanda de servicios para esas 40 hectáreas en Finca La Vega, cuyos lotes fueron entregados inicialmente a sus moradores, sin ningún tipo de planificación ante la premura de la campaña electoral.