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El pasado 19 de marzo, los integrantes del Consejo Económico y Social de nuestra provincia se reunieron, y no fue una reunión más. Ese día, las opiniones se mostraron sumamente críticas, como nunca. Sorprende que este órgano consultivo que originalmente se creó para respaldar el Plan 2030 de políticas públicas, en esta ocasión se pronunciara advirtiendo que están en riesgo esas metas, razonables, por cierto, y se expresara con mucha preocupación sobre la coyuntura por la que atraviesa especialmente la provincia, la región y el país.
El Consejo Económico Social (CES), ya constituido por ley, es el encargado de velar por el cumplimiento del Plan de Desarrollo Estratégico 2030, diseñado por representantes de todos los sectores de la comunidad provincial, el mismo no es un plan del Gobierno, sino que nació como iniciativa privada para generar una política de Estado diseñada en función de la necesidad de buscar caminos complementarios a modelos de gestión pública y complementar con la participación privada. La ley habilita a integrar el CES a 35 sectores, entre los más importantes podemos citar a cámaras empresarias, INTA, Pastoral Social, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, Asociación Israelita de Salta, sindicatos del sector privado y público, 62 Organizaciones, Copaipa, Universidad Católica, UNSa, ONG Alfarcito, Fundación Salta, Pro Yungas y la Asociación de DDHH Miguel Ragone.
El Pan de Desarrollo Estratégico 2030 fue el documento final con las conclusiones de todas las mesas sectoriales y participaron en su confección alrededor de 540 personas vinculadas y comprometidas con todas las actividades de nuestra provincia.
El análisis pesimista del CES fue expresado en un comunicado donde advierte que las medidas adoptadas por los gobiernos provincial y nacional, "no aportan a concretar los objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico 2030, por lo que deberán ser revisadas por los poderes públicos".
Los planteos fueron referidos a "la drástica caída de las exportaciones de nuestra producción, las dificultades de las pymes, las indefiniciones del avance de la frontera agropecuaria, la gran presión tributaria tanto provincial como nacional, la altísima tasa de interés, la inflación, la cotización del dólar acompañado por la disminución del consumo y la falta de un rumbo conocido".
Un diagnóstico preocupante
Más allá de las lealtades militantes y, mucho más profundo aún, de la confianza en la democracia como único sistema político que garantiza libertades personales (de pensamiento, de opinión, de opciones de vida) y ofrece las posibilidades para alcanzar la máxima equidad social posible, vivimos en un país que viene retrocediendo en las libertades (por el aumento de la intolerancia), en la equidad social, porque la pobreza se multiplicó por seis desde 1976 y se duplicó desde 1983.
Ningún espacio de opinión y ninguna universidad deberían ignorar estos datos, salvo que prefieran encerrarse en la ceguera militante.
Y nuestra provincia, como el NOA y el NEA, padecen esa decadencia, con el agravante que impone la ausencia de un federalismo real. El narcotráfico, la violencia social, el desempleo y la pobreza son el síntoma de una realidad lacerante que se profundiza por la ausencia, justamente, de políticas públicas enérgicas y eficaces que impulsen en desarrollo humano. Salta está mal.
Panorama sombrío
"Sensación de decadencia y empantanamiento". Con estas palabras se expresó un integrante del CES al referirse a la economía de nuestra provincia ante la información oficial referida a la caída de las exportaciones de Salta y la pérdida de competitividad de las economías regionales que en algunos rubros llega al 32% por la suba de costos y la disminución de los precios internacionales, según el lapidario diagnóstico de Economía & Regiones.
Si a esta realidad le sumamos los altos costos para las pymes instaladas en nuestra región; el Consenso Fiscal, que lejos de bajar los impuestos en nuestra provincia los aumentó; el cierre del ingenio San Isidro; los ajustes del ingenio San Martín del Tabacal; la resolución del ministro Bergman, que ordenó replantar bosques en 32 proyectos rurales productivos aprobados, y que nuestro Gobierno provincial, que a su vez resignó sus atribuciones y ordenó acatar el dislate y puso en peligro la continuidad de esas actividades y, especialmente, la seguridad jurídica para el desarrollo de la provincia. Está en deuda aún la discusión del ordenamiento territorial cuya interpretación de la ley convierte a regiones de zonas amarillas en rojas, y de esa manera someten a nuestra provincia a una situación indefinible, imprevisible, sin falta de políticas de estado y con todas las condiciones necesarias para espantar a cualquier inversor.
La reacción y el reclamo de los integrantes del CES es de sentido común, aunque sorprendente, de acuerdo con la historia reciente. Pero no basta con un documento: debe convertirse en un compromiso renovado para seguir trabajando y exigiendo a los poderes públicos que todas estas asimetrías, falta de definiciones y atrasos en cumplir los objetivos de desarrollo de nuestra provincia y región sean resueltas. Es el compromiso fundacional de Salta 2030 y del CES.
El país no federal
Cada vez nos quedan más lejos el puerto de Buenos Aires y los centros de consumo. Salta limita con tres países y seis provincias; es injustificable inentendible, salvo con falacias, que a pesar de la riqueza en recursos naturales y las óptimas condiciones para la agricultura y ganadería, Salta aporte menos del 2% del total de exportaciones del país.
El Plan 2030 contempló estas ventajas comparativas y competitivas para el desarrollo de nuestra provincia, pero la tendencia nos distancia día a día del objetivo planteado. Hoy empezamos a pensar en un Plan Salta 2050.
Hay que ponerse a hacer. Es necesario generar un antes y un después. Es inconcebible, por ejemplo, que con todas las tierras aptas para la ganadería de Salta (a las que podemos agregar cinco millones de hectáreas) no alcancen para autoabastecernos y, por negligencias propias y por arbitrariedades del mercado, tengamos que importar carne vacuna y lácteos.
Hoy estamos enfrascados en problemas como las tasas de interés, la inflación y el dólar cuando la prioridad debería estar puesta en eficientizar y diversificar nuestra producción, darle valor agregado y buscar nuevos mercados, como hacen los países normales.
Es de esperar que el documento del CES no caiga en saco roto y que pongamos en marcha un proceso de desarrollo. Es sustancial el compromiso de todos los salteños para exigir a los gobernantes normas tendientes al crecimiento de nuestra producción y que el sector privado sea el gestor. Tenemos el diagnóstico. Solo falta construir, con voluntad y convicción de nuestros dirigentes, la Salta que nos merecemos.