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La muerte del asaltante Juan Pablo Kukoc a raíz de los disparos efectuados por el policía Luis Chocobar muestra a las claras una Argentina en la que la vida humana ha dejado de ser un valor.
La conducta de Kukoc y la defensa que de él hace su madre imponen una reflexión acerca del universo social en que viven, y en el que la seguridad y el orden jurídico se reducen a prácticas de supervivencia.
Nuestro país, en cuatro décadas, ha generado un nicho de marginalidad, es decir, de exclusión del trabajo, la educación y el sistema de valores, que es el principal desafío a resolver.
De todas maneras, Kukoc y su cómplice son los responsables de lo ocurrido en San Telmo. La exclusión social no supone la pérdida de la libertad y la autodeterminación. Instalar al criminal como mera víctima de la sociedad significa deshumanizarlo; erradicarlo de la condición humana.
El análisis acerca de si Chocobar se excedió en el uso de las armas corresponde a la Justicia. Hasta ahora, los pronunciamientos escuchados adolecen de un defecto: hablan como si el policía, que estaba fuera de servicio, hubiera planificado fríamente cada uno de los pasos que dio en ese momento. Por lo pronto, los disparos fueron mortales, porque Kukoc murió, pero no se trató de una ejecución, porque no se dirigían a órganos vitales. Tampoco resultó herido ningún transeúnte.
Resolver esto es materia de la Justicia, pero no es legítimo impugnar a priori el desempeño de Chocobar.
El desencadenante del hecho homicida fue el muerto. Y no es posible defender los derechos humanos ignorando la dignidad de la vida de las víctimas de los criminales.
El pensamiento abolicionista presenta en este punto huecos filosóficos y antropológicos.
¿Hizo bien el presidente en reivindicar a Chocobar? En principio, se trata de una intromisión de hecho en el desempeño de otro poder del Estado. Tampoco es prudente felicitar y premiar al agente cuando la investigación está en curso. Cuando existen dudas, especialmente, sobre el segundo disparo.
Sin embargo, la conducta del juez Enrique Velázquez que acusó y embargó al policía es desaprobada por el 90% de los argentinos. Esto no significa que sea jurídicamente incorrecta, pero muestra una fisura entre la seguridad que esperan los argentinos y los parámetros de los jueces. El presidente Macri y sus funcionarios fueron claros: queremos que los policías intervengan en defensa de la gente, como hizo Chocobar, que podría haber mirado para otro lado.
El terrorismo de Estado dejó un estigma que erosiona la credibilidad de las fuerzas armadas y de seguridad. Ese estigma es usufructuado ideológicamente por sectores políticos absolutamente tolerantes con la violencia cuando la ejercen los amigos. Esa falacia debe terminar.
Recuperar a la policía y modernizarla requiere asumir que la "mano dura" no resuelve ninguna forma de inseguridad ni violencia.
Hoy, el policía de tropa se siente "el último orejón del tarro", sin respaldo de las autoridades y cuestionado por la política. Sus intervenciones siempre están condicionadas por el supuesto de que pase lo que pase, será el primer sospechoso. La función policial requiere agentes con excelente formación, y que cuenten con garantías de un protocolo racional y absolutamente previsible.