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La Cámara de Diputados dio anoche media sanción al proyecto que incluye en la ley 7623 una vía recursiva jerárquica y crea un procedimiento ejecutivo para exigir el pago del canon del 10% del valor de la producción anual por explotar tierras del Estado otorgadas en concesión.
Este proyecto fue enviado por el Ejecutivo en el 2012, logró media sanción de Diputados pero no avanzó en el Senado y ahora fue reflotado por el PJ.
La ley 7623 establece las condiciones económicas para explotación de inmuebles rurales de propiedad del Estado provincial y determina que la contraprestación a percibir por la Provincia no podrá ser inferior al 10% del valor de la producción anual que se obtenga del predio en explotación.
Con la modificación, el Ejecutivo decidirá la autoridad de aplicación y con la inclusión del artículo 5§ bis se establece que la autoridad de aplicación será la que determine la liquidación del canon. Contra esa determinación solo se podrá interponer recurso jerárquico ante el gobernador.
Resuelto el recurso jerárquico, la liquidación se considerará firme y tendrá carácter de título ejecutivo, y se perseguirá el cobro por vía judicial, conforme el procedimiento previsto por el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia para el juicio ejecutivo. La ejecución estará a cargo de la Fiscalía de Estado.
El debate se centró inevitablemente en las tierras de Salta Forestal. El diputado por Anta Pedro Sández (PJ) criticó la pasividad del directorio de Salta Forestal SA, entidad que fue reconducida por ley, de no controlar la producción que sale de la zona para exportar, un tema básico para determinar el 10% de canon que se debe cobrar.
El diputado Guillermo Martinelli (UCPS) coincidió con los conceptos centrales de su par anteño "porque efectivamente se está haciendo un rapiñaje por parte de particulares en bienes que pertenecen al Estado" provincial.
En su intervención, el diputado Claudio Del Plá insistió en que "desde el Ejecutivo se condonó deuda por Salta Forestal, una facultad netamente legislativa, y recordó que el PO denunció esa situación, la que está siendo analizada en la Corte de Justicia, donde ya se comenzó a votar al respecto".
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