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Hoy caminaremos en Buenos Aires junto a los colectivos de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex en la Marcha del Orgullo.
Nuestro apoyo a la marcha se debe a que el derecho a la igualdad y a la no discriminación son principios básicos de los derechos humanos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas (1945) y en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) cuyo artículo 1 no deja dudas: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". De la misma manera, la agenda 2030, aprobada por todos los estados miembros de la ONU en el año 2015, nos interpela a la no discriminación bajo el lema de "No dejar a nadie atrás".
No obstante, el número de personas viviendo en países que criminalizan relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo viene reduciéndose progresivamente, 67 países y territorios en el mundo criminalizan esas prácticas y la estigmatización es un fenómeno persistente.
En más de un tercio de los países del mundo, las relaciones amorosas consensuales entre personas del mismo sexo se consideran delito, lo que exacerba prejuicios.
En muchos países a las personas transgénero se les imponen unas condiciones muy duras para que se reconozca legalmente su identidad de género. En muchos casos la falta de protección jurídica adecuada, junto con las actitudes hostiles de la población, llevan a una discriminación generalizada contra las personas LGTBI.
En ese contexto, la no discriminación por orientación sexual y/o por identidad de género debe ser uno de los principios rectores que fundamentan nuestros propósitos de justicia social y equidad, y nos guían en el establecimiento de una sociedad plural y diversa. En 2013 las Naciones Unidas pusieron en marcha la campaña "Libres e iguales", con el fin de promover la igualdad de derechos y el trato equitativo de las personas LGTBI.
Argentina ha realizado avances muy destacados en esta problemática. Las leyes del matrimonio igualitario, de educación sexual integral, y de identidad de género, son mecanismos legales que claramente incrementan el acceso efectivo a derechos fundamentales. No obstante, es indispensable intensificar esfuerzos para obtener el cumplimiento pleno de las leyes existentes y para lograr derribar barreras de pensamiento y de acción que siguen obstaculizando la promoción de una sociedad igualitaria, inclusiva y equitativa.