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La nueva Ley de Ministerios, con la que inaugura la gestión el gobernador Gustavo Sáenz, distribuye la atención de las políticas referidas al género entre los Ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social.
Al primero le asigna el diseño de políticas destinadas a la orientación y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia, así como también las referidas a proveer información, contención en temáticas relacionadas con delitos contra la integridad sexual de la mujer, violencia doméstica, maltrato y abusos. Mientras tanto, las acciones orientadas al cuidado integral de la mujer embarazada y un amplio concepto de "políticas referidas a cuestiones de género" pertenecen al área de Desarrollo Social. Es significativa -y preocupante- la semántica estatal que surge de la inscripción de los temas de género en estas áreas, y en particular en la de Seguridad. Al menos permite conjeturar que en el imaginario oficialista la problemática del género se reduce a la contención de víctimas de violencia y se enfoca, por tanto, hacia políticas centralizadas en una gestión policial preventiva-represiva.
La dimensión de género
En primer lugar, el género es una temática mucho más amplia que las violencias. Cuando se habla de género también se habla de desigualdades, de discriminaciones laborales, económicas, educativas, presupuestarias.
El género también incluye diversidades y disidencias sexuales, la reivindicación de la autonomía de las mujeres, el análisis de prejuicios, estereotipos, mandatos e intersecciones. La desigual distribución de tareas domésticas y de cuidado hoy forma parte del debate. La problemática de género implica una amplia agenda de la que toman nota la casi totalidad de los gobiernos en el mundo, incluido el de nuestro país con la reciente creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El plural utilizado en el nombre de la nueva agencia del Estado refleja las teorías feministas más avanzadas.
La ley en cuestión
Estos y otros ítems que integran los temas de género no encuentran lugar claro en la nueva distribución de competencias provincial, o bien y al menos, se piensan dentro de los parámetros de políticas de Seguridad y de Desarrollo Social, sin mucha precisión de lo que implicaría.
En este sentido, lo que se omite es bastante expresivo por sobre los temas a los que se adjudica relevancia: la violencia como suceso y la problemática de la mujer embarazada. La nueva ley parece mostrar que la matriz asumida es de carácter reparadora, paternalista y, por tanto, se piensan formas asistencialistas de intervención estatal, lo que nos devuelve un esquema regresivo para abordar las violencias.
La violencia estructural
En segundo lugar, pensar las violencias desde el ámbito de la Seguridad refleja que la idea de violencias que prevalece en los equipos oficialistas es de contingencias dispersas, de excesos anómalos que deben atenderse, tal vez, con respuestas punitivas. Esta concepción limitada y solo recortada al fenómeno violento condiciona la imaginación y la capacidad de acción de las agencias estatales.
Quienes estudian el fenómeno de la violencia señalan su carácter estructural y lo describen como epifenómenos que denuncian la sistematicidad de la enorme estructura que articula desigualdades. La subalternidad de lo femenino y de todo aquello que no reporta al binomio femenino - masculino es el germen de la violencia de género. También advierten sobre los fracasos de las soluciones punitivas con las que se intentan mejorar los indicadores provinciales en la materia. La respuesta penal es la primera reacción estatal con respecto a la violencia. Privilegiando la respuesta judicial al problema de las violencias, se la expulsa de la órbita del Poder Ejecutivo, oscureciendo así posibles acciones del Estado en orden a la planificación de políticas efectivas y eficientes.
Ante el fracaso de estas soluciones lineales, hay buenas razones para pensar que la salida de la espiral de la violencia se encuentra del lado de asignaciones presupuestarias suficientes, de insistir en capacitación y sensibilización, del diseño de políticas de cuidado, de políticas de vivienda con asignaciones especiales a mujeres y en mayores inserciones laborales formales.
Cobran relevancia entonces los análisis que pueden practicarse del impacto de las actuaciones estatales hasta el momento, de los resultados de la declaración de emergencia que rige hace cinco años en la provincia y la conciencia de las propias capacidades estatales locales. El monitoreo y evaluación de resultados resultan indispensables para reformular o barajar y dar de nuevo, -si se quiere- las políticas públicas provinciales.
Un enfoque integral
Es razonable pensar que existe mayor probabilidad de efectividad de las políticas en tanto las violencias sean abordadas desde un enfoque integral y transversal de manera que permita conmover las dinámicas que reproducen desigualdades y violencias. Es ahí donde puede señalarse que quizás no sea la mejor estrategia ubicar las acciones en el marco de políticas de Seguridad, sino pensar en la conveniencia de elegir un lugar más central y estratégico dentro del nuevo esquema institucional en la provincia.
La transversalidad de la materia exige, sin duda, una localización menos periférica. Los trazos gruesos que contiene la Ley de Ministerios, si bien son susceptibles de ser complejizados y dotados de mayor densidad, deberían acertar la posición dentro del nuevo dibujo institucional, ya que de ello depende en gran parte, la eficacia de las políticas que a futuro se implementarán. En este sentido, posicionar es político. La provincia se debe políticas creativas y basadas en evidencia que sean capaces de superar las asimetrías de género, origen de las variadas formas de violencia.