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Se ha destacado en la opinión pública, una interesante polémica sobre la actuación de la Justicia porteña en relación con distintos fallos que han beneficiado a delincuentes extranjeros, ello principalmente por las declaraciones del presidente de la Nación y las principales autoridades porteñas, cuestionando tales decisiones. Al final de la semana se aseguró desde el oficialismo que se ha avanzaría en un proceso de destitución de la jueza actuante en uno de los casos. El senador Miguel Pichetto, vía Twitter, incluso aseguró que impulsaría el "enjuiciamiento" al fiscal por "consentir" la medida.
El ciudadano común, ajeno a los intersticios de la ley y la burocracia estatal, podría pensar -siempre se tiende a pensar, con pesar, sobre la forma en que actúa la Justicia- que existe impunidad y que los jueces y fiscales no son confiables. En general estaría de acuerdo con esa afirmación. La sensación no es novedosa ni privativa de los abogados: las encuestas lo señalan, los argentinos confían cada vez menos en sus jueces. El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA señala que el índice de credibilidad del Poder Judicial en el país descendió del 23,7% en el 2011 al 19,7% en 2015 y a 11,7% a fines de 2017.
Sin embargo, analizada la información con que contamos los ciudadanos, la razón pareciera no estar con los políticos ni la gente, sino con la magistrada actuante.
Al que le caiga el sayo...
Sabemos por la prensa de la actuación del motochorro extranjero, de la exigua reparación ofrecida a la víctima del delito por el intento de robo ($700) y sabemos de lo rápido que recuperó su libertad, cuando en el fondo no correspondía hacerlo.
Conocimos luego la protesta de las autoridades políticas: "No lo podemos creer. Estoy indignado. Con bronca, caliente. No puede ser que la Policía actúe una y mil veces y después venga esta jueza y libere a dos motochorros con antecedentes en una semana... No hay sentido común; hay impunidad" (dijo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta). Y también, "Con una Justicia así, no hay policía que aguante", como lo dijo el propio Presidente.
Pero la cuestión dista de ser así: no estamos sino ante un caso de lisa y llana aplicación de una "probation" (expresión que significa suspensión de un juicio penal a "prueba"), y que en el exiguo plazo previsto para la jueza, en realidad se implementó con eficiencia un procedimiento socialmente reclamado e impuesto, paradójicamente, por la lentitud de la justicia, para contrarrestarla: el de flagrancia, urgido por el fiscal. Con la información obrante en la causa, se dictó una rápida sentencia, que benefició al delincuente, porque la jueza consideró que era lo que correspondía.
Falló el Ejecutivo
Si es así, ¿qué falló? Pues el sistema de información estatal sobre el delito y el delincuente, que no depende del Poder Judicial sino del Poder Ejecutivo Nacional Registro Nacional de Reincidencia y Dirección Nacional de Migraciones, que no informó de los antecedentes criminales en su país de origen ni tampoco que tenía un impedimento para ingresar a la Argentina y una orden pendiente para deportarlo. Sin embargo, había ingresado y los controles estatales no lo detectaron.
Ley, jueces y Gobierno
Bien visto entonces el asunto, tenemos a una juez -para nada inexperimentada sino de muchísimos años en la Justicia-, que se limitó a aplicar la ley, que establece la posibilidad de una probation cuando se trata de tentativa de robo y respecto al detenido no se informan antecedentes penales. ¿Por qué habría de actuar de otra manera? Su defensa ante el ataque mediático y político fue contundente y puso la pelota en otro lado: "Los jueces no somos legisladores, solo operadores del sistema y contamos con las herramientas que nos brinda el ordenamiento legal del cual no podemos apartarnos so pena de violar derechos y garantías de orden constitucional".
La afirmación es cierta y, en mi opinión, aceptable. Cabe, sí, una reflexión sobre lo connotado del tema en la agenda pública - agenda que se nutre hoy, entre otros temas, por la denominada "extinción del dominio", la baja de la edad de imputabilidad para menores y la compra de equipos Taser- y el apuro en criticar una decisión de la justicia cuando las tintas debieran cargarse sobre la inoperancia estatal en otra área del sistema. O en su caso, sobre la factura de la ley.
Creo que en un Estado democrático y constitucional de Derecho -así todo con mayúscula-, cuando la relación entre Gobierno, ley y Justicia muestran cierta tensión, no debiera criticarse al juez que se limita a aplicar la ley sino, en todo caso, al que la elude.
Tantos casos de impunidad y demoras, tantos casos irresueltos o mal resueltos, evidencian esa característica del problema. Lo mismo respecto del apuntado problema de celeridad en ciertos procesos -que muchas veces dejan a la saga garantías constitucionales-, pero desinformación por otro -en tiempos de redes de datos, información on line-, al momento de sentenciar. Algo insólito.
De su lado, el problema de credibilidad y confianza en la Justicia -al que no escapa ni el Gobierno ni el parlamento argentino- no pareciera residir tanto en la sobrecargada Justicia ordinaria de cualquier jurisdicción sino principalmente en un fuero como el fuero federal porteño (los 12 de primera instancia -como se los conoce en el foro-), las Cámaras y la CSJN, que como intuimos y apreciamos pareciera ir y venir al fragor de los tiempos y cambios de gobierno, adelantando y ralentizando causas de perfil político, generando esa desalentadora sensación de desconfianza que reflejan las encuestas del Observatorio de la UCA.
Si el marco de aplicación de leyes para la “probation” o “flagrancia”, deben ser nuevamente discutido, si el régimen penal de menores deben ser reformado, o para temas como la “extinción del dominio” deben ser integralmente debatidos, lo constitucionalmente aceptable es que lo sea en su ámbito natural que es el Congreso de la Nación, el único lugar en que deben fijarse ese tipo de reglas, que luego reclamamos que los jueces apliquen.
Sabor amargo
Nos queda como sabor amargo, la crítica infundada a la Justicia, que en este caso falló como era esperable que fallara. Y que se rectificó cuando contó con toda la información, ordenando finalmente la deportación. El saldo negativo es el ataque a la independencia judicial. Siempre debe tenerse presente que esta independencia, reclamada y deseable en jueces y fiscales, su legitimidad y confianza pública, son el vértice de nuestra democracia constitucional. Son garantes de nuestras libertades y pretender jugar con ellos, el juego de la política, o con la mera critica infundada con más el cerco del enjuiciamiento, cuestionar su desempeño, es lisa y llanamente peligroso para el Estado de Derecho.