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Estamos en una fase importante de un aspecto crucial en el nuevo escenario: con la actual presión impositiva el acuerdo UE-Mercosur será una trituradora de empresas agroindustriales argentinas. El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea y el Mercosur se transformará en una trampa mortal para las empresas agroindustriales argentinas si, al momento de entrar en vigencia, lo hace con un esquema tributario similar al actual. Un TLC solamente funciona si las empresas de ambas regiones que integran el acuerdo pueden alcanzar su máximo potencial para aprovechar las oportunidades presentes en el nuevo macro-mercado. Pero si el Estado de una de las partes del acuerdo les pone un pie encima y, además, las obliga a competir con empresas que, lejos de ser bastardeadas, reciben ayudas oficiales, entonces estamos a un paso de la fórmula del perfecto desastre. En el período 2015/17 un 19,3% del ingreso total de los empresarios agropecuarios de la Unión Europea provino de subsidios estatales, según indica el último documento de políticas agropecuarias elaborado por OCDE (Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2018). En lo que respecta al Mercosur, Argentina es el único país que aplica derechos de exportación y que procedió a recortar reintegros a las exportaciones para financiar al Estado. Es decir: es el único país del Mercosur que exporta impuestos, lo que implica que los empresarios agroindustriales deben hacer esfuerzos adicionales para sobrevivir porque, por una unidad de producto equivalente, reciben mucho menos dinero que sus pares de Brasil, Uruguay y Paraguay.
Los TLC, si están bien diseñados, permiten que las naciones expresen sus ventajas competitivas al momento de exportar y que mejoren su estructura de costos al importar. El balance entre los empleos que se crean al incrementar las exportaciones versus los que se destruyen por las mayores importaciones debería, al final del día, resultar beneficioso para ambas partes. Pero para que el sector agroindustrial argentino pueda expresar su potencial, debe al menos competir en igualdad de condiciones con su pares de Brasil, Uruguay y Paraguay. Si ese no es el caso, entonces el acuerdo UE-
Mercosur probablemente en territorio argentino destruya más riqueza y empleos de los que pueda llegar a generar. Además de una presión impositiva equivalente, las empresas agroindustriales argentinas tendrían que competir con reglas de juego equivalentes a las presentes en los demás países que integran el Mercosur, donde la inflación anual es de un dígito y no del 57%.
Argentina es un equipo de tercera división que acaba de firmar un compromiso para jugar en primera. Tendrá que hacer grandes esfuerzos para ponerse a punto. O perderá por goleada. En los años 2022 y 2023 Argentina debe devolver al FMI más de 40.000 millones de dólares. La única manera de disponer de tales recursos es que el Estado, en todos sus niveles, deje de vampirizar al sector privado para transformarse en un auténtico prestador de servicios. Por lo tanto, el acuerdo UE-
Mercosur no es para la Argentina una buena noticia en sí misma, dado que eso depende de que la corporación política abandone su negocio sustentado en la extracción sistemática de recursos al sector agroindustrial. No parece, por cierto, una tarea fácil.