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Los últimos días llegan mensajes desde Italia de personas que dicen que, si pudieran volver una semana o diez días atrás, tomarían otras decisiones para evitar la propagación del Covid-19, que ya fue declarada una pandemia mundial y colapsó los sistemas sanitarios de países con un acceso universal y de calidad al derecho a la salud pública.
En la Argentina son cada vez más los casos sospechosos y los confirmados aumentan día a día. Las autoridades de Salud toman decisiones a partir de la situación epidemiológica de esta enfermedad, sobre la que no se sabe mucho, y ese es su deber.
En Salta, los resultados para confirmar un coronavirus en la actualidad, en que aun los análisis para este virus se hacen solo en el Instituto Malbrán, en Buenos Aires, demoran entre cuatro y cinco días.
Por ahora, todos los casos estudiados son de personas que han estado los últimos 14 días en países con alta circulación de Covid-19 o que han estado en contacto estrecho con ellos. Sin embargo, se sabe que son muchas las personas que no han cumplido la cuarentena obligatoria al volver al país.
El tomar decisiones responsables en este momento, más allá de las indicaciones de las autoridades sanitarias, es una cuestión de solidaridad y de respeto a los demás pero, sobre todo, es una cuestión de bioética.
La salud pública es un derecho de todos garantizado por el Estado. Sin embargo, la garantía efectiva de este derecho está sujeta a condiciones estructurales y económicas propias del sistema y no va a alcanzar para atender a todos… O, al menos, en un contexto de gran desigualdad, a quienes no tengan recursos económicos como para acceder a un servicio privado.
En Italia, uno de los países con mejor sistema sanitario público del mundo, en este momento los pacientes con cáncer no pueden acceder a la quimioterapia. En las guardias médicas, deciden por “triage” a qué pacientes con Covid-19 van a atender de acuerdo con las probabilidades que tienen de curarse. Los demás mueren.
La salud pública es un derecho de todos garantizado por el Estado. Sin embargo, la garantía efectiva de este derecho está sujeta a condiciones estructurales y económicas propias del sistema y no va a alcanzar para atender a todos
Dicen que es “una guerra” -ellos lo saben-. Piden no subestimar la situación y sí, cumplir con los mandatos de las autoridades sanitarias.
La salud pública es un bien colectivo. No podemos enfermarnos todos porque si los recursos -camas, respiradores, atención médica, entre otros- se gastan en unos, no estarán disponibles para otros.
Como señala la viróloga e inmunóloga española Margarita del Val en la carta “Ganar tiempo”, que se encuentra en Internet, hay que dejar a un lado el individualismo para entender el Covid-19 como una epidemia.
El problema no es si me enfermo yo, sino si yo puedo ser vehículo de contagio, que lleve a la muerte a personas más vulnerables en un par de saltos de contagio.
Si se infecta un profesional de la salud, deberá guardar cuarentena y no podrá atender y, si yo tengo una urgencia por otro asunto y el sistema está colapsando, es probable que no reciba atención.
Para evitar que esto suceda, hay que autolimitar contactos con otras personas. “Cualquier retraso en la diseminación del virus y la extensión de la epidemia es importante”, dice la experta.
Quedarse en casa es una cuestión de bioética, de respeto y de amor. Como dijo Jorge Drexler en una canción, luego de tener que suspender conciertos a raíz del avance del Covid-19, “ya volverán los abrazos, los besos dados con calma”.