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La reunión de Alberto Fernández con los gobernadores parece destinada, exclusivamente, a mostrar una foto que respalde la mala noticia que el Presidente debe darles a los acreedores privados: el país no tiene ninguna posibilidad de pagar nada por lo menos hasta dentro de cuatro años. Todos tienen en claro que no les van a pagar, pero el Gobierno argentino necesita refinanciar la deuda para no caer en default.
La directora del FMI, Krystalina Georgieva, no dejó lugar a dudas: proyecta una recesión mayor que ninguna otra desde 1930, anunció que el organismo dispone de un billón de dólares para asistir a los países más vulnerables y, añadió, que la Argentina es un "paciente diabético e inmunodeficiente, infectado de coronavirus". La funcionaria prestó especial atención a nuestro país, quizá para avalar la gestión de Fernández y Martín Guzmán con los acreedores. Hasta ahora, las propuestas elevadas fueron rechazadas.
Con una caída del 28,3% en la recaudación y una perspectiva negativa de 5,2% para el PBI de 2020, los gobernadores, encadenados todos a la recaudación nacional, no pueden esperar demasiados alivios. La coparticipación ya no va a ser un salvavidas. Las ayudas de emergencia, tanto para las provincias como para los sectores de bajos ingresos, son indicios de una emisión que anticipa un rápido colapso. Un dólar desdoblado en los hechos, que llegó a cotizar 110 pesos, no es el resultado de la especulación, como dijo el ministro Matías Kulfas, sino de tres factores: la cuarentena, una herencia de inflación y déficit que atraviesan la historia de todos los argentinos vivos, y la persistencia de un error que empieza cuando Néstor Kirchner decide echar a Roberto Lavagna del ministerio de Economía. Desde entonces, hace quince años, la economía nacional no tuvo una conducción orgánica. Ahora, tampoco. El ministro Guzmán es discípulo de Joseph Stiglitz, un ícono de la economía contestataria, muy crítico del FMI, que asesoró a Cristina Fernández. El balance de 2015 habla por si solo de los resultados. Cristina nunca tuvo un ministro con autoridad, el gabinete de Mauricio Macri fue anárquico y el actual parece no aportar nada decisivo a la crisis económica. La foto con los gobernadores consolida al Presidente en la gestión, porque muestra algo que debe ocurrir en los malos momentos: "todos juntos". En cambio, la foto con Máximo Kirchner y Carlos Heller (con el trasfondo de la expresidenta) no ayuda demasiado. Parece una imagen en sepia, con un joven político millonario y un banquero proponiendo un impuesto a la riqueza. Un impuesto a la riqueza en un país con el 40% de la economía en negro.
Para Fernández y los gobernadores, el momento es muy difícil. La posibilidad de imponer un sacrificio a los sectores que están en el vértice de la pirámide puede ser justa, viable y necesaria. Siempre y cuando sea equitativa y sus impulsores no intenten disfrazarse de Robin Hood. La paralización de la actividad productiva, el comercio y los servicios va a ser impiadosa con los sectores más vulnerables.
En los barrios más humildes, la gente aplaude a los militares. El cura villero Daniel Echeverría, párroco de la capilla Monseñor Angelelli, dijo que sin la presencia del Ejército, podría haber saqueos en la zona. El intendente Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario piden a los uniformados porque temen que el conurbano se convierta en un polvorín.
La inequidad social de la economía global es el gran problema del siglo XXI. En la Argentina, la desigualdad es evidente y resulta de la inoperancia del Estado para encauzar la economía con objetivos de producción y empleo genuino, y sobre todo, el desinterés rampante de los gobiernos por desarrollar un sistema impositivo progresivo y distributivo. Un sistema, y no un acumulado de remiendos.
Es tiempo de catástrofe y nadie nos va a regalar nada. La "diplomacia de los barbijos" que intenta brindarnos China, tampoco. Los gobernadores van a tener que resolver este desafío descomunal desde las provincias, con trabajo genuino, ministros eficientes y gestiones transparentes.