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El 25 de mayo de 1973, en una pueblada, todos los detenidos políticos que dejaba la dictadura de Alejandro Lanusse quedaron en libertad. Entre otros "se fue a su casa" el contrabandista y asaltante de bancos Aníbal Gordon, quien a partir de ese momento se dedicó a volcar su experiencia criminal en la conformación de la Triple A. No fue un error. Y esto no es mera historia.
Hoy no existe una mística revolucionaria pero sí una caricatura burguesa de la izquierda histórica, intenta volver al mito de Rousseau, el del buen salvaje, el hombre intrínsecamente bueno, al que la sociedad lo vuelve malo.
En este caso, la caricatura está encarnada en Víctor Hortel, el ex jefe del Servicio Penitenciario del cristinismo, que se presentaba vestido de Hombre Araña para conformar el Vatayón Militante, integrado por detenidos que con él salían a "militar" por las calles.
El juez de Casación de La Plata, Víctor Violini, habilitó la liberación de 2.300 presos, a pedido de 19 defensores oficiales de la provincia de Buenos Aires. El argumento es la vulnerabilidad de los detenidos frente al coronavirus. En esa provincia hay 50.000 presos y plazas carcelarias para 25.000. Una aberración cuya culpa no la tiene el coronavirus, sino un sistema administrativo, político y jurídico que no se toma en serio el sentido profundo de una cárcel: proteger a la sociedad, tratar de reinsertar a los delincuentes y evitar cualquier trato inhumano por parte del Estado.
¿Alguien cree que la bonaerense Comisión Provincial de la Memoria, instigando a la liberación masiva de presos está pensando en una sociedad mejor o un orden más justo?
¿O que generando privilegios para el exvicepresidente Amado Boudou o el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, el gobierno y algunos jueces militantes contribuyen a mejorar la dignidad de las prisiones? Todo lo contrario. Lo mismo ocurre con las ambivalencias del oficialismo, que intentan direccionar la mirada hacia los jueces sin pensar en la legislación ideologizada que ellos contribuyeron a desarrollar.
Los presos hacinados en cárceles, comisarías y alcaidías representan una violación de los deberes esenciales del Estado y un agravio a la dignidad de los seres humanos. Esto se agrava con un virus altamente contagioso ¿Tiene sentido darles la prisión domiciliaria a más de seis mil, como proponen?
Entre las libertades que autorizó Violini se incluye la de un hombre de 68 años que hace pocos meses abusó de una adolescente de 13 y, según el magistrado kirchnerista, está más seguro en su casa, cercana a la de su víctima, que preso. Su pensamiento es afín con el del exjuez Raúl Zaffaroni, a quien le perdonan su pasado en la dictadura. Y también es coherente con las designaciones de Horacio Pietragalla como secretario de Derechos Humanos, o de Sabrina Frederic como ministra de Seguridad, a quienes se les premia una militancia sin reparar en la idoneidad.
No son los jueces, solamente. Es un Estado que deja caer la estructura carcelaria, carece de políticas de contención para las verdaderas víctimas de la marginalidad, con adicciones o conductas asociales que necesitan internación con tratamiento y rehabilitación. Es el mismo Estado que, frente al crecimiento del crimen organizado, hace del "desarme policial" una política virtuosa.
La irresponsabilidad ideológica termina exaltando al delito como "virtud del pobre"; así, sin darse cuenta, criminaliza a la pobreza. La contracara es la reacción de quienes no soportan la impunidad criminal, tienen miedo, y terminan cultivando conductas discriminatorias y sectarias.
Si hay leyes abolicionistas, la responsabilidad es del Congreso; si hay políticas de seguridad a cargo de amateurs ideologizados (de derecha o izquierda) la responsabilidad es de los gobiernos. En realidad, la ausencia de una sociedad equilibrada y de la plena vigencia de los derechos humanos es responsabilidad de todos los poderes del Estado y de los actores de la política, la cultura y el claustro.