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Llaman la atención las rocambolescas vicisitudes del "Operativo Gedeón", un fallido intento de secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro con la finalidad de entregarlo a la justicia estadounidense, que puso una millonaria recompensa a su captura y la de otros cabecillas del régimen de Caracas, para comparecer en una causa en la que están imputados de complicidad con el narcotráfico.
El episodio alertó sobre un fenómeno de creciente relevancia: la utilización clandestina, por parte de los gobiernos de los países poderosos, de compañías privadas de seguridad que actúan en las sombras y permiten a sus respectivos estados eludir sus responsabilidades ante la legislación internacional.
Las declaraciones formuladas por dos ciudadanos estadounidenses apresados tras el fracaso del operativo otorgaron a Maduro una inesperada oportunidad para ridiculizar a la Casa Blanca. Luke Denman y Airon Barry son dos exinfantes de Marina contratados por Silvercorp, una empresa de seguridad cuyo propietario es Jean Goudreau, un oficial de las fuerzas especiales del Ejército ("boinas verdes"). Ambos confesaron haber sido reclutados para participar, junto a un grupo de cincuenta venezolanos, en un comando encargado del secuestro de Maduro y su posterior traslado a Estados Unidos. El servicio de inteligencia venezolano había infiltrado en la operación a uno de sus agentes, cuya información permitió desbaratar la maniobra, interceptar a los atacantes, matar a ocho miembros del grupo y apresar a casi todos los restantes.
Para agravar el papelón, The Washington Post publicó el texto de un contrato suscripto en octubre pasado entre Silvercorp y Sergio Vergara, un diputado nacional de la oposición venezolana, cuyo texto consigna que "el equipo de servicio prestará asesoramiento y asistencia a un grupo de asociados para capturar /detener /destituir al régimen actual e instalar al reconocido presidente de Venezuela, Juan Guaidó". Juan José Rendon, un consultor político que se desempeñaba como asesor de imagen de Guaidó, que participó en las campañas electorales de Sebastián Piñera en Chile, Juan Manuel Santos en Colombia y Enrique Peña Nieto en México, tuvo que dimitir a su cargo tras reconocer, y reivindicar, su participación en esas negociaciones.
La mirada de Trump
En la visión estadounidense, la captura de Maduro y su traslado a una cárcel norteamericana no sería algo necesariamente ilegal.
El fiscal Barr, autor del pedido de captura contra Maduro y sus colaboradores, ocupó ese mismo cargo entre 1991 y 1993 y fue designado por George Bush padre por su condición de autor de un dictamen legal que señalaba que el FBI podía ingresar a territorio extranjero para proceder a la detención de cualquier persona prófuga de la justicia norteamericana por causas vinculadas con el narcotráfico, el terrorismo transnacional o cualquier otro delito trasnacional.
Según ese dictamen de Barr, que sirvió para justificar legalmente la invasión estadounidense a Panamá y la detención del presidente Manuel Noriega, condenado luego a treinta años de prisión por la justicia norteamericana por complicidad con el narcotráfico, no sería ilegal que Silvercorp hubiera sido escogida por la DEA para la captura de Maduro, cuyo gobierno no es reconocido legalmente por Washington. Para la Casa Blanca, Guaidó es el único presidente legítimo de Venezuela.
La empresa, que prestó servicios de seguridad en actos de la campaña proselitista de Donald Trump, tiene algunos antecedentes sugestivos que fundamentarían esa decisión. Entre sus actividades públicas, figura brindar entrenamiento especial a las fuerzas policiales estadounidenses en varios estados. En videos promocionales difundidos en las redes sociales, Goudreau afirma: "no somos militares retirados, somos servicios activo de mitigación de riesgos".
Los rusos también juegan
La frustrada aventura de Silvercorp fue el sucedáneo de un proyecto anterior, que en principio fue descartado pero que podría volver a activarse ante ese fracaso. Erik Prince, otro oficial retirado del Ejército fundador de Blackwater, un gigante privado del rubro de la seguridad que tuvo que cambiar varias veces su denominación por algunos escándalos que acompañaron a su trayectoria asociada al Pentágono en Afganistán e Irak y que ahora gira con el nombre de Academi, había avanzado en un proyecto que implicaba la formación de una fuerza militar de cinco mil soldados reclutados en países latinoamericanos, especialmente en Colombia, que ingresarían a Venezuela para erigirse en el brazo armado de una sublevación civil que derrocaría a Maduro.
Prince, hermano de Betsy Devos, actual Secretaría de Educación del gobierno de Trump, define a Blackwater como "una prolongación patriótica de las Fuerzas Armadas estadounidenses". Su compañía es la principal contratista militar del Departamento de Defensa. Sus efectivos tienen presencia en los más disímiles frentes de conflicto, particularmente en Medio Oriente y África.
La empresa se hizo cargo de la eliminación de militantes de Al Qaeda en la "guerra global contra el terrorismo" declarada por la administración de George W. Bush. Para disimular el patrocinio norteamericano, suele emplear combatientes de otras nacionalidades.
En América Latina, privilegia el reclutamiento de oficiales y soldados del Ejército colombiano, considerado el más experimentado en combate por su experiencia en la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico.
Pero Washington no es el único actor relevante en este juego de “tercerización militar”.
Una parte vital del cinturón defensivo montado por Maduro para proteger a su régimen son los 500 efectivos altamente entrenados y fuertemente armados proporcionados por la compañía rusa Wagner, fundada por Yevgeny Prigozhin, un hombre de negocios íntimamente vinculado al presidente Vladimir Putin.
Prigozhin preside también el conglomerado mediático Patriot, de orientación nacionalista, e integra la lista de las personalidades rusas sancionadas por el Tesoro norteamericano por su participación en las maniobras de interferencia en las elecciones estadounidenses.
El despliegue de Wagner, que recluta sus efectivos entre ex oficiales y soldados de las tropas especiales del Ejército ruso, se hizo particularmente notorio por el protagonismo de sus efectivos contratados en Ucrania, donde fueron presentados como “voluntarios” que apoyaban a los separatistas pro - rusos. Pero la empresa participó también en Siria e Irak, respaldando a las tropas de la coalición internacional que enfrentó a ISIS y diseminó sus actividades en la República Centroafricana, en Libia y en otros países africanos, siempre de acuerdo con los intereses de Moscú en las guerras civiles que desgarran a ese continente.
La llegada de los efectivos de Wagner a Caracas tuvo empero una significación muy especial, ya que constituyó el primer acto de presencia militar oficial de Rusia en América Latina después de la crisis de los misiles en Cuba de 1963, un conflicto que estuvo cerca de desencadenar la tercera guerra mundial.
En esta oportunidad, tropas reclutadas por sendas empresas contratistas de los gobiernos de Washington y Moscú estuvieron a punto de entrar en combate. No está descartada la posibilidad de que ese choque suceda a la brevedad. Trump necesita obtener en Venezuela un éxito político que le ayude a conseguir su reelección en la contienda de noviembre próximo.