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Teletrabajo sí, teletrabajo no, esa es la cuestión. Muchos piensan que la avalancha de proyectos de ley sobre teletrabajo que hoy se encuentran para ser debatidos en el Congreso nacional son consecuencia de la “novedad” que forzosamente impuso la prolongada cuarentena como alternativa al trabajo tradicional. No es así, hace más de 20 años que en nuestro país se ha intentado regular esta pujante modalidad laboral. Sin embargo, ninguno de las decenas de proyectos presentados bajo las muy diferentes administraciones que gobernaron durante estas dos décadas alcanzó el podio de los ganadores. Hasta el momento de comenzar a escribir esta nota no había encontrado respuesta a la razón por la que se hubiera dejado sin regular un aspecto tan particular de la relación laboral y que lentamente -en nuestro país- viene imponiéndose en el mundo del trabajo (la norma más afín al tema es la que reglamenta el trabajo a domicilio: la ley 12.761, sancionada en 1941!).
La respuesta a ese fracaso: ninguna ley que afiance el trabajo a distancia goza del beneplácito de las centrales sindicales. La Confederación General del Trabajo, si bien siempre bloqueó estas iniciativas, en esta oportunidad (por insistencia del Gobierno) participará del debate, pero con serios reparos. En realidad, la mayoría de los gremios que la integran se oponen a la sanción de leyes sobre el tema y proponen que esa modalidad de trabajo se discuta por actividad, en cada convenio colectivo. Cabe preguntare por qué no hicieron esa propuesta en los últimos 20 años, en los que los paritarios se limitan a discutir cuestiones salariales.
Por su parte, la CTA Autónoma a través de su coordinador del Observatorio del Derecho Social, Luis Campos, expresó que “el teletrabajo les sirve a los empleadores para debilitar la organización sindical”. En la misma tesitura, Rodolfo Aguiar, secretario adjunto de ATE, consideró que “se trata de un fenómeno que favorece la precarización y tercerización de servicios, aunque es cierto que se impone en la urgencia, por lo que debería aceptarse su regulación excepcional y solo por un tiempo determinado”.
Y agregó: “El teletrabajo torna invisible la relación laboral, genera horas excesivas de labor; no reconoce las extras, no autoriza licencias por enfermedad, hay riesgos de no declarar síntomas de enfermedad o lesión, de estrés por objetivos de productividad elevados; hay ausencia de indemnización por accidentes, riesgo de pérdida de status de asalariado y la precarización es mayor para las mujeres, ya que se establece hasta triple jornada”. Finalmente, expresó: “Para los gremios se produce una disminución o debilitamiento del colectivo laboral, desaparece la solidaridad y militancia, hay falta de apoyo de los teletrabajadores a las huelgas, posible pérdida de afiliados al pasar a la figura de autónomos, más explotación del empleador y lugares precarizados e inestables”.
Gran parte de las objeciones planteadas son acertadas, pero las centrales obreras no advierten que con su permanente bloqueo solo han logrado que el teletrabajo continúe desarrollándose sin control alguno, muchas veces en la clandestinidad, dejando en desamparo a quienes intentan proteger. Si bien el teletrabajo no está regulado, tampoco está prohibido, por lo que -en la práctica- se desarrolla con las condiciones impuestas unilateralmente por el empleador. Tanto una ley como la negociación colectiva podrían neutralizar los defectos que se le achacan al trabajo remoto y dar la posibilidad de que los trabajadores disfruten de muchas de sus ventajas (la OIT ha recomendado su implementación).
Los 14 proyectos presentados por diputados de varios bloques buscan regular la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital, el consentimiento por escrito, compensación de gastos, derecho a la intimidad, seguridad e higiene y, quizá la más importante, el derecho del trabajador de desistir de la modalidad. Los analizaremos en una próxima nota.