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La grieta, aún más persistente y ponzoñosa que la pandemia, no nos abandona (como el conocido desodorante). Todo debate sobre el proyecto presentado por el presidente Fernández de Kirchner (no hago referencia a un apellido matrimonial, sino que quiero decir que el proyecto fue presentado por el primer mandatario, pero -se dice- que lo hizo a instancias de la primera mandataria, ex), se encuentra teñido de interés o parcialidad.
Lo cierto es que no parece de lo más atinado encarar una reforma de semejante magnitud, cuando estamos navegando en el Titanic un 14 de abril de 1912. Una pavorosa pandemia que nos ha paralizado y una monstruosa deuda externa que nos inmovilizará aún más parecieron hasta ahora los únicos andariveles por los que transitaron estos 7 meses de gobierno.
Lo primero que debe quedar en claro es que por más que se titule “Ley de organización y competencia de la justicia federal”, se trata nada más que de una reforma del fuero penal de la justicia federal. De los 85 artículos del proyecto, escasos 13 artículos se dedican a reformas cosméticas del fuero civil y comercial y su unificación con el contencioso (unificación que no parece tener mayor justificativo). Claro está que los reformados son, casualmente, los tribunales más sensibles, los que investigan las principales causas de corrupción, de narcotráfico, de lavado de dinero... Se sostiene que el principal objetivo (no del proyecto sino del consejo de notables) será el aumento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Llama la atención porque eso es absolutamente imposible sin la anuencia de la oposición (hacen falta dos tercios del Senado).
Pero un frío abrasador me recorre la espalda. Me queda un interrogante, un temor (que espero no sea una premonición), ¿es descabellado suponer que en las altas esferas (Cristina - Macri) se establezca un pacto de impunidad?
¿Sería disparatado temer que de alguna manera se faciliten las mayorías para lograr un aumento “consensuado” de los miembros de la Corte?