inicia sesión o regístrate.
Atravesar un contexto de pandemia mundial de inéditas características debería ser un buen punto para detenernos y replantear qué rumbo queremos tomar como persona, como provincia, y como país.
Los desafíos que crea la pandemia nos hacen reflexionar en más de una ocasión sobre las cosas importantes en nuestra vida.
De la misma manera debe pasar en todos los niveles del Estado, liderado por aquellos a quienes hemos elegidos como gobernantes. Pero, ¿lo están haciendo? ¿Estamos reflexionando hacia dónde queremos ir como individuo, comunidad y país?
La marcha del 17A dejó en claro que una parte de la comunidad de argentinos no está de acuerdo con medidas efectivas o percibidas que toman nuestros gobernantes. El derecho a la libre expresión es uno de los pilares dentro de las garantías constitucionales, y ejercerlo también conlleva a asumir responsabilidades, sobre todo dentro de un contexto de vulnerabilidad sanitaria.
Los interrogantes
Más allá de la lectura política y social de la manifestación, uno de los puntos sobresalientes dentro del universo de quejas que viraron entre lo razonable y lo fantástico, fue la consigna de falta de claridad sobre el rumbo del país.
Manifestantes en diversos puntos del país se hacían la misma pregunta: ¿cuál es la visión de país que ofrece el gobierno de turno? ¿Cuales son los objetivos pilares de la gestión de Alberto Fernández y el Frente de Todos? Preguntas lógicas y necesarias para interpelar la capacidad de gobierno y gestión de cualquier mandatario -las mismas preguntas podrían aplicarse llanamente al Gobierno de la Provincia de Salta, la Municipalidad de Capital o cualquier distrito subnacional. Inclusive, preguntas de tipo de visión estratégica, de planes, metas y rendición de cuentas, también son parte de la vida institucional del sector privado y las organizaciones civiles.
Entonces, a casi 10 meses de gestión en Nación, Provincia y Gobierno local, ¿sabemos cuál es la visión, pilares de gestión y planes estratégicos de nuestros gobiernos? La respuesta odiosa sería: sí y no.
Desde el punto de vista de una visión macro sobre el carácter político que impone su sello en un contexto de elecciones, la visión general del país que ofreció Alberto Fernández fue clara. El Presidente y los socios políticos del Frente de Todos -incluida la vicepresidenta- dieron cuenta de su visión de país en infinidad de oportunidades durante la campaña, a tal punto que aquel, como candidato era acusado de repetir las mismas consignas de manera frecuente. La plataforma electoral del Frente de Todos (todavía disponible online) no delata una traición a las palabras de Alberto Fernández cuando traduce "poner a la Argentina de pie"' en medidas como "rejerarquización de los Ministerios de Salud, Trabajo y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva", "convocar a una mesa de concertación de precios y salarios tendiente a generar un proceso de freno a la inflación", "implementar la declarada emergencia alimentaria y nutricional", o el "mejoramiento del sistema de administración de justicia".
Cada una de estas propuestas durante la campaña fueron implementadas como actos de gobierno en gestión. Antes de la pandemia, el discurso del presidente ante la apertura ordinaria del Congreso de la Nación también retomaría muchas de las propuestas de la campaña para convertirlas en estrategias y objetivos de gestión. Por ejemplo, la reforma de la organización y el sistema de administración de la justicia federal, la depuración de los servicios de inteligencia internos, la negociación de la deuda y el acercamiento geopolítico a Latinoamérica.
Saber escuchar
Ahora bien, un gobernante que no sabe escuchar, interpretar y corregir prioridades de gestión tomándole el pulso a la ciudadanía, lamentablemente corre el riesgo de caer en dogmas que carecen de consensos para administrar una relación armónica con la sociedad.
El caso de la fallida expropiación de Vicentín es un ejemplo de falta de lectura de la sociedad. La reforma judicial - aunque necesaria - carece de consensos y parece a destiempo con las prioridades en materia social, económica y política del país. De esta manera, aunque conozcamos la visión del primer mandatario sobre el país que imagina, aunque esa visión hasta salido victoriosa en las elecciones, y aunque esas mismas máximas hayan logrado más claridad en su primer discurso como presidente ante el congreso, la sociedad todavía demanda más claridad, transparencia y sobriedad para presentar un rumbo de país. Alberto Fernández, como Gustavo Sáenz o Bettina Romero tienen el mismo desafío: transformar una visión electoralista en gestión a través de un plan de gobierno que tenga pilares inamovibles para sus mandatos; pilares en los que la sociedad se vea reflejados, y en aquellos en los que se necesiten más consensos, poder construirlos desde la legislación, el debate holgado y la buena fe.
Por ejemplo, en Salta, la victoria de Sáenz en las elecciones tuvo como propuesta central la reforma de la constitución para limitar la temporalidad de los cargos políticos. Ahora bien, dentro de esa propuesta, hay un consenso de la sociedad civil y la sociedad en general que esos mismos elementos de transparencia, reforma política y democracia fueron sacrificados al instaurar un proceso rápido, poco transparente y a destiempo de tres nuevos jueces en la Corte Suprema Provincial.
Es verdad que la pandemia quebró todas las posibilidades de diseñar, compartir, consensuar e implementar un plan de gobierno más allá de la emergencia, es lógico que los gobiernos apunten a la pandemia como impedimento para crear espacios de planificación estratégica. Pero, a medida que la pandemia de tregua, la necesidad de clarificar, consensuar e implementar un rumbo de país, provincia y ciudad claros es imperativo para ejercer la responsabilidad de cualquier mandatario, que es, servir al ciudadano.
Para ello, hay un instrumento clave en la gestión pública que puede ofrecer la oportunidad para presentar un plan de gobierno, pilares de gestión y una visión a largo plazo: el presupuesto 2021. La ley N° 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional dispone que el Poder Ejecutivo debe fijar anualmente los lineamientos de evaluación del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país. Una lectura de relevamiento de los últimos 10 presupuestos nacionales revela que en cada uno, las prioridades en políticas públicas siempre fueron diferentes. Desde la creación de la asignación universal por hijo hasta la lucha contra el narcotráfico, pasando por el programa Fútbol para Todos, y la toma de deuda voluminosa. Es decir, si los planes estratégicos cambian cada año, no hay política pública a largo plazo que aguante o de resultados dignos de la transformación que requiere el país.
A la espera de que el presidente Fernández logre reencauzar su gestión a medida que la pandemia quede bajo control -lo cual no es garantía- el avance del Presupuesto 2021 al Congreso contempla cuatro objetivos desde la política económica:
1) estabilidad macroeconómica,
2) dinamismo productivo e infraestructura,
3) bienestar e inclusión social y
4) género, diversidad y justicia.
Sean o no estos cuatro objetivos los que la gestión de Alberto intente lograr, es urgente que aquellos con responsabilidades políticas de liderazgo por el voto popular logren conformar diagnósticos, equipos y canales de comunicación y participación política para asistir a la sociedad que busca en ellos respuestas para mejorar su vida.
Gestionar la cosa pública -sobretodo en pandemia- sin un rumbo, un plan, un esquema estratégico y una gestión inteligente, significa correr detrás de la urgencia constantemente. Es claramente un desafío poder construir una visión de país, provincia, y ciudad, pero es también una oportunidad para sanar la tensa relación entre la sociedad y la política, trabajando con integridad, transparencia y claridad desde el mensaje a la acción pública. Si alguna enseñanza deja la pandemia, es que nadie se salva solo. Es hora que los gobiernos en todos sus niveles construyan una visión a largo plazo basada en consensos, diálogo y rendición de cuentas.