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La ocupación irregular de las banquinas de la ruta nacional 50 en la zona de frontera de Aguas Blancas con Bermejo está en el radar de organismos nacionales, fuerzas de seguridad y la Justicia Federal desde hace algunos años. Sin embargo, la expansión de inmuebles ilegales en ese caliente y permeable borde internacional del departamento Orán con Bolivia sigue sin frenos.
A medida en que se dilatan las respuestas institucionales, las edificaciones irregulares se multiplican, consolidan y avanzan hasta extremos inauditos. Tal es así que una fracción de tierras está siendo loteada, al margen de las normativas vigentes, entre el Area de Control Integrado (ACI) y el puente internacional de Aguas Blancas y Bermejo.
Ese insólito loteo, en faldeos inestables del flanco izquierdo de la zona de seguridad fronteriza, ocupa una franja que no deberían tener urbanización alguna más allá de los puestos de control de Gendarmería, Aduanas y Migraciones. No obstante, el desarrollo avanza ante la mirada impotente de las fuerzas federales, cuya presencia fue redoblada allí con 310 efectivos de Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Prefectura Naval integrados al Plan Güemes.
Consultado por El Tribuno, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, aclaró que ese loteo se desarrolla sin autorización alguna. "Estamos alertando a la comunidad que se abstenga de adquirir terrenos que carecen de las habilitaciones y certificaciones ambientales, de Habitabilidad y factibilidad de servicios correspondientes", puntualizó. El Municipio, a través de su fanpage oficial, ha insistido en las últimas semanas con esa advertencia, mientras se aguardan intervenciones de organismos competentes en materia ambiental, territorial, fronteriza y judicial.
"La Municipalidad de Aguas Blancas informa a la comunidad: No comprar terrenos en loteos no aprobados, es fundamental para evitar estafas, problemas legales y la imposibilidad de acceder a servicios básicos y a la escrituración correspondiente. Los loteos irregulares carecen de la debida planificación y control municipal, lo que puede generar construcciones inseguras y dificultar la provisión de servicios esenciales como luz, agua, cloacas y gas. Además, estas situaciones imposibilitan la obtención de la escritura del inmueble", expresa la advertencia reiterada a través del canal de comunicación oficial.
Detrás del loteo resuena un apellido -Salazar- asociado a "Finca Karina", inmueble fronterizo que desde septiembre de 2024 está en el radar de la Justicia Federal de Orán y la Unidad Fiscal Federal de Salta. El Plan Güemes también tiene señalado a ese fundo fronterizo entre los cinco "sectores críticos de empeñamiento" en Aguas Blancas.
El programa operativo adjuntado a la resolución con la que el Ministerio de Seguridad de la Nación acaba de ampliar el Plan Güemes (lanzando a fines de 2024 en Aguas Blancas) a otros tres municipios del norte salteño (San Ramón de la Nueva Orán, Salvador Mazza y Tartagal), resalta que por Finca Karina ingresa "gran cantidad de mercadería" desde Bermejo y que ese inmueble fronterizo, de 18 hectáreas, también "posibilita el contrabando de vehículos y chatarra" desde Argentina hacia Bolivia.
Junto a Finca Karina, situada a 500 metros aguas abajo del Puerto de Chalanas, también están marcados como sectores críticos del contrabando y el narcotráfico El Basural (a 400 metros); el Sector de Gomones (a 120 metros); El Basural (a 400 metros) y la Subida a la Terminal (a 100 metros).
Más de 150 edificaciones
La ocupación irregular que se expandió sobre las banquinas de la ruta 50 y sectores próximos al Área de Control Integrado (ACI) de Aguas Blancas empezó hace algunos años con edificaciones precarias que, sin controles, crecieron en número y terminaron convertidas en sólidas propiedades de una, dos y hasta tres plantas. Otras son galpones donde se almacena mercadería que se cruza a uno y otro lado de la frontera en camiones y vehículos de menor porte.
Finca Karina, otra vez en el radar
La titular de Finca Karina (matrícula 10.383 del departamento Orán) es Gladys Gloria Salazar, quien en la cédula parcelaria figura como argentina soltera. Según los asientos, compró ese inmueble rural el pasado 10 de febrero a Alfredo Salazar, argentino casado, por $20 millones. El registro de la escrituración aclara: "No se recaba autorización para zona de frontera conforme resolución 166/09". Quien vendió la propiedad en febrero último (y que, según fuentes confiables, estaría detrás del loteo encarado en la zona de seguridad fronteriza de Aguas Blancas) la adquirió el 27 de agosto de 2019 a Paula Beatriz Ruiz en Córdoba.
Por estos días la cara visible de Finca Karina es José Luis Suárez, quien el pasado 11 de junio se presentó ante funcionarios federales como "inquilino" y justificó el alquiler de las 18 hectáreas fronterizas en la falta de espacios en Aguas Blancas para la cantidad de vehículos que llega para cargar mercadería ingresada desde Bermejo al país.
Fuentes bien informadas, aseguran que solo un 20% de las mercancías ingresan desde Bermejo por el Puerto de Chalanas y que el 80% del contrabando cruza por Finca Karina.
En el Juzgado Federal de Orán, la Fiscalía de esa jurisdicción y la Unidad Fiscal Federal de Salta la criticidad de Finca Karina es largamente conocida por causas relacionados con delitos transfronterizos, enfrentamientos a tiros, robos de camionetas cruzadas a Bolivia y grandes contrabandos. Una de esos emblemáticos expedientes es el del plan de saqueo y contrabando de rieles y piezas ferroviarias del ramal C25, por la que el intendente Atta Gerala, uno de los principales imputados, fue destituido y el Ejecutivo municipal de Morillo terminó intervenido.