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Joe Biden nunca podría haber imaginado que la primera crisis internacional que iba a afrontar doce días después de haber asumido la presidencia ocurriría en la remota Myanmar, históricamente conocida como Birmania, donde un golpe de Estado liderado por el jefe del Ejército, general Min Aung Huang, derrocó y detuvo al presidente Win Mynt y a la "consejera de Estado" y virtual jefa política gubernamental, Aung San Suu Kyi, anuló el resultado de las elecciones legislativas de noviembre pasado, a las que tildó de "fraudulentas", y prometió convocar a nuevas elecciones en un plazo de un año.
Con inusitada velocidad, el flamante mandatario estadounidense intimó a los militares a "dar marcha en sus acciones de manera inmediata".
Por primera vez en su historia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizó una sesión de emergencia para considerar la situación planteada por un golpe de Estado en un país miembro de la organización.
El organismo condenó la intervención militar, solicitó la inmediata liberación de los detenidos y exigió el restablecimiento de la democracia, pero la reunión reflejó una nítida divergencia de criterios. Mientras Estados Unidos, la Unión Europea y Japón reclamaron la reposición de las autoridades depuestas, China y Rusia pidieron una solución negociada a la crisis.
El entredicho constituye una primera prueba de fuego para Biden en cuanto a la relación con China, que ejerce un virtual protectorado sobre su vecina Myanmar, cuyo territorio es una pieza estratégica de la "Ruta de la Seda" diseñada por Beijing para expandir su influencia a nivel global.
El detonante del golpe fue que ese mismo día asumía sus funciones el nuevo Parlamento electo, en el que la gobernante Liga Nacional para la Democracia (LND) tenía una abrumadora mayoría de 375 de los 476 escaños, número suficiente para impulsar una reforma constitucional para modificar el texto aprobado en 2008 por el régimen militar que gobernó el país desde 1962 hasta 2011. Esa Constitución, dictada para proteger la retirada militar, otorgó al Ejército el 25% de los representantes parlamentarios, garantizó su presencia al frente de los ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Fronterizos y le concedió el derecho a intervenir cuando estuviera amenazada la unidad territorial del país. Esta cláusula fue utilizada por los militares para justificar la legalidad a su decisión.
Ese sistema de "democracia vigilada" que rigió el país durante una década desde las elecciones presidenciales de 2011 generó un complejo mecanismo de cohabitación cívico- militar compartido entre la LND, fundada por Suu Kyi en 1988 como expresión de la oposición al régimen dictatorial entonces imperante, y la cúpula del Ejército, que impulsó la formación del Partido Solidaridad y Desarrollo de la Unión (USDP) para reforzar desde la oposición civil esa estructura de control castrense sobre el poder político.
En 2017 la LND intentó una enmienda constitucional para emanciparse de esa tutela pero la oposición unificada de los legisladores del Ejército y del USDP frustró esa iniciativa, que recobró viabilidad con el resultado de las elecciones de noviembre último, que abrieron también la posibilidad de que Aung San Suu accediera a la presidencia de la República.
"Madame Suu"
"Madame Suu", como la apodan sus partidarios, es el personaje central de esta larga historia. Es portadora de un apellido ilustre: su padre, el general Aung San, asesinado en 1948, fue uno de los artífices de la lucha por la independencia. Estudió en Londres y Nueva York, se casó con un ciudadano británico y fue madre de dos hijos. A su regreso a Myanmar en 1988 se erigió en el símbolo de la resistencia a la dictadura militar. Estuvo intermitentemente bajo arresto durante quince años, sin abandonar el liderazgo de su partido. En 1991 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Liberada en 2010, al inicio de una etapa de transición democrática, se presentó a elecciones y obtuvo una banca parlamentaria.
Cuando en 2015 anunció su intención de presentar su candidatura presidencial, el Ejército sacó a relucir una cláusula constitucional, redactada especialmente contra ella, que consignaba que el primer mandatario no podía tener marido o hijos extranjeros.
Inhabilitada legalmente, apoyó la nominación de Win Mynt, un incondicional suyo, y después de la victoria electoral fue designada "consejera de Estado", un cargo equivalente al de primer ministro creado para permitirle asumir directamente las riendas del gobierno.
El prestigio internacional de "Madame Suu", forjado como defensora de los derechos humanos, descendió abruptamente por su actitud ante la crisis humanitaria originada en la sangrienta represión militar desencadenada en 2017 contra los rohingyas, una minoría musulmana que durante siglos habitó en la región limítrofe con Bangla Desh.
El conflicto étnico
Como reacción a incidentes suscitados con la comunidad local de religión budista, con la que los rohingyas mantuvieron siempre una convivencia conflictiva, y con la excusa de combatir a un pequeño grupo guerrillero islámico, el Ejército forzó a más de 500.000 del total de 850.000 musulmanes a huir a Bangla Desh y establecerse en campamentos de refugiados.
En esa oportunidad, presionada por los militares y obligada a declarar en su defensa en el Tribunal Internacional de La Haya ante las acusaciones de “limpieza étnica”, Aung San Suu justificó la acción represiva como una respuesta legítima a la amenaza del terrorismo islámico.
Esta actitud no redujo empero su popularidad entre sus compatriotas: una encuesta realizada en 2020 le otorgó un 79% de imagen positiva.
La diversidad étnica e idiomática fue siempre un factor de ingobernabilidad de Myanmar. En un país de 55 millones de habitantes, la constitución reconoce la existencia legal de 135 etnias y de 36 idiomas.
La cuestión de los rohingyas es una versión extrema de esa problemática ancestral, porque no fueron incluidos en esa nómina de etnias reconocidas, con la excusa de que son ciudadanos extranjeros, inmigrantes de Bangladesh. La profunda fragmentación de la sociedad producto de esa multiplicidad de etnias, que periódicamente provoca el estallido de disputas violentas por el control territorial, potenció el rol unificador del Ejército y del clero budista, una religión profesada por el 90% de la población.
El fantasma del narcotráfico
Pero un factor no suficientemente contemplado de las pujas de poder es el rol del narcotráfico. Myanmar es parte del llamado “triángulo de oro”, epicentro del tráfico de estupefacientes a nivel mundial. La construcción de la ciudad de Naipydó, desde 2005 la capital administrativa que sustituyó a Rangún, que continúa siendo la capital económica, estuvo a cargo de empresas contratistas que lavaron de ese modo dinero de los cárteles de la droga.
Los militares y la elite empresaria local suelen ser beneficiarios de ese negocio ilícito. Ese entramado de intereses permite entender mejor la dimensión del conflicto. Explica también por qué, a pesar de las crecientes manifestaciones de resistencia civil alentadas desde las redes sociales, nada indica que el Ejército retroceda ni que China acompañe la ofensiva internacional propiciada por Biden.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico