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El contexto de pandemia develó una serie de falencias que deberían obligar a los salteños a reconocer sus verdaderas prioridades y actuar al respecto.
El Gobierno desea avanzar este año con la reforma de la Constitución Provincial, y más allá del debate originado relacionado principalmente con la ocasión de hacerlo, plantea la oportunidad de un debate histórico sobre el futuro de la provincia y el rol de la Educación para alcanzar cualquier meta de crecimiento y desarrollo que se proponga.
Hasta ahora el debate y el interés de las autoridades expresadas a la sociedad están centrados en la duración de los mandatos de cargos ejecutivos y legislativos, inamovilidad de los jueces, el mandato de los concejales y la composición de los organismos de control.
¿Y la educación?
Los inconvenientes que está originando la "bimodalidad" en los establecimientos educativos, principalmente de gestión estatal, este año (por no mencionar lo ocurrido en el 2020) y la complicada reconexión de los niños y jóvenes con la escolaridad presencial actual demuestra con crudeza qué poca importancia estratégica le otorga la sociedad y las autoridades públicas a la educación.
Hasta ahora todo indica que nuestros dirigentes involucrados con la reforma estarían pasando por alto el drama educativo que afecta especialmente a los salteños y que se agravó con la COVID-19, como si la educación no fuera un derecho esencial.
No pareciera estar contemplado como punto clave de la reforma cuáles son los aspectos y las perspectivas que refieren a la proyección de las necesidades y soluciones educativas que impone el siglo XXI.
La actual Constitución que se pretende reformar fue sancionada el 2 de junio de 1986, reformada parcialmente, concordada y sancionada por la Convención Constituyente el día 7 de abril de 1998 y jurada el día 8 del mismo mes y año. Desde ese entonces a hoy hubo cambios normativos y de contexto que afectaron sustancialmente a la cuestión educativa a nivel nacional y que la Constitución local aún no refleja explícitamente.
Una oportunidad histórica
Podría ser una oportunidad histórica, que impone el tiempo actual, para actualizar las bases sobre la que se asienta el sistema educativo salteño; personalmente incluiría primordialmente en el debate al actual art. 49, que habla de las bases del sistema educativo local y el art. 76 relacionado al mismo, para destacar la importancia de la educación en el Desarrollo Económico y Social de la provincia. Algo semejante a lo que ocurrió en la última reforma de la Constitución nacional cuando se incorpora la "cláusula de progreso" y la relaciona directamente con los aspectos educativos.
Si bien es cierto, la ley de Educación 26206 contempla varios aspectos de los mencionados, estableciendo el derecho de los alumnos a desarrollar sus aprendizajes con instalaciones y equipamiento adecuados, que aseguren su calidad (art. 126, inciso j), sabemos por experiencia que el principal factor de incumplimiento de este derecho es la insuficiencia de recursos estatales para garantizar la construcción y mantenimiento de las escuelas.
Esto genera en muchas provincias diversos problemas: falta de aulas y de conectividad en las escuelas y espacios educativos adecuados, falta de instalaciones dignas, calefacción, equipamiento, entre otros.
Otro problema que se debe poner en la mesa de debate es el relacionado con la necesidad de contar con datos del sistema educativo en general y en particular sobre el nivel socioeconómico de los alumnos de cada escuela para la toma de decisiones, además de ser un factor que promueve condiciones poco justas y equitativas de distribución de los recursos estatales para la infraestructura escolar.
La actualización de la Constitución podría sentar las bases para que estos temas sean objeto de posterior legislación provincial.
Me refiero específicamente a las cuestiones relacionadas con la calidad educativa y la educación y formación profesional de los trabajadores a lo largo de la vida, que posibiliten el desarrollo de las personas y la región, además de permitirles el acceso a un trabajo digno e inclusivo que permita reducir brechas y desigualdades. Cabe destacar que la calidad de la vida humana depende cada vez más de propuestas educativas que abran acceso al conocimiento, incorporen las nuevas tecnologías, se integre al mundo y consoliden valores fundamentales.
Un tema crucial, que dejó al desnudo la pandemia y que debería destacarse, son los relacionados con las condiciones adecuadas de infraestructura y equipamiento que garanticen a todos los niños y jóvenes el acceso a la educación; pero que no solo esté relacionado con las condiciones edilicias, sino de conectividad y recursos que se deben disponer para la bimodalidad.
Calidad Educativa
Es evidente que la pandemia profundizó la desigualdad por muchos motivos.
Fue desesperante la baja capacidad operativa y de gestión que han demostrado la administración provincial y el propio Gobierno nacional ante la pandemia, inclusive a la hora de planificar y poner en marcha acciones que ayuden a paliar los efectos de COVID-19. Un tema no menos importante y que prácticamente no está contemplado es el de la calidad y debería incorporarse. El derecho a la educación con materiales pedagógicos y tecnologías educativas adecuadas, actualizadas y justamente distribuidas entre los/as alumnos/as y escuelas y un Estado presente que tenga la obligación de distribuir materiales y tecnologías educativas adecuadas, actualizadas y de calidad para todos los alumnos es fundamental.
Un ejemplo de esto, computadoras con acceso a internet y materiales de consulta para docentes y padres.
Es importante considerar que estos materiales forman parte del eje de la calidad educativa, dado que tienen claros fines pedagógicos y deben ser elaborados por equipos profesionales de especialistas.
La Ley de Educación Nacional (Nº 26.206) establece la obligación del Estado de dotar a todas las escuelas de los recursos materiales necesarios para garantizar una educación de calidad (incluyendo equipamientos científicos y tecnológicos, bibliotecas y demás recursos pedagógicos), dando prioridad a aquellos establecimientos que atienden población en situación económica desfavorable (art. 85).
Asimismo, la mencionada ley pone especial énfasis en el fortalecimiento de las bibliotecas escolares y su creación en aquellas escuelas donde aún no se hayan desarrollado (art. 91). Por otra parte, dedica un apartado a las nuevas tecnologías y medios de comunicación, haciendo hincapié en la incorporación de estas herramientas en el proceso de enseñanza - aprendizaje (arts. 94 a 99).
La Constitución local debería contemplar este aspecto explícitamente para que se garantice este derecho
Contemplar la calidad educativa expresamente también implica velar por el derecho a la educación, con docentes bien preparados y actualizados permanentemente, capaces de desarrollar prácticas pedagógicas y curriculares adecuadas y significativas, ya que la formación y capacitación de los docentes es un aspecto central de la calidad educativa, ya que el cuerpo docente es el principal determinante de los procesos de enseñanza.
Sentar las bases para el derecho a una educación de calidad que garantice altos niveles de conocimientos básicos comunes y capacidad para el aprendizaje autónomo y socialmente significativo a lo largo de toda la vida es clave. Los aprendizajes de los alumnos deben ser adecuados, actualizados y significativos, para que se cumpla plenamente su derecho a la educación. El Estado es el garante de este derecho y debe generar las condiciones necesarias para su cumplimiento.
Animarse a poner en agenda y meterse en el debate profundo de la educación que necesitamos que propicie el progreso de Salta para salir de la pobreza es la oportunidad y el desafío que se podría poner en agenda.
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* Silvia Álvarez coordinó los encuentros virtuales Desafíos de la educación digital que viene (Ucasal)