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Centenares de millones de campesinos de la India protagonizan la protesta rural más grande de la historia universal.
Alrededor de 250 millones de campesinos, un número equivalente al 3,3% de la población mundial, participaron en noviembre pasado de una huelga en rechazo a tres leyes del gobierno de Narendra Modi que modifican las normas regulatorias que durante décadas rigieron en el sector agrícola.
En el pico de las manifestaciones, una columna de campesinos invadió Nueva Delhi, destruyó las barricadas colocadas por la policía y clavó la bandera de los sindicatos agrícolas en el Fuerte Rojo, un monumento histórico emblemático donde setenta años atrás se alzó por primera vez la bandera de la India independiente. Las autoridades postergaron por dieciocho meses la aplicación de las medidas pero los campesinos exigen su derogación.
Superpoblado y al límite
El campesinado indio está integrado por unos 700 millones de personas, más de la mitad de la población de alrededor de 1.300 millones de habitantes, la segunda en el mundo después de China. El 68% son productores pequeños o marginales que poseen menos de una hectárea de tierra, un tamaño que se ha venido reduciendo a lo largo de los años. Entre ellos, hay unos 300 millones de personas que no producen siquiera lo suficiente para vender, viven por debajo del índice de pobreza y constituyen hoy el mayor núcleo duro de la pobreza a escala mundial, un fenómeno que hasta una década atrás estaba radicado en Chi na.
La estimación de la FAO es que más de la mitad de los niños menores de 5 años se encuentran crónicamente desnutridos y presentan dificultades para el aprendizaje. En este segmento de la población, el promedio de vida es de 25 años. Una demostración de las condiciones de vida es que una de las principales banderas de política social enarbolada por Modi es la instalación de inodoros en las zonas rurales para combatir las enfermedades que devastan a la población. "Vengo de una familia pobre. Conocí la pobreza. La dignidad de los pobres empieza por ahí", explicó el primer ministro.
La extrema fragmentación de las unidades productivas genera un bajísimo nivel de productividad. El índice de productividad promedio del agro indio es un décimo del estadounidense. Esto hace que la agricultura que emplea a más de la mitad de la población aporte solo un sexto del producto bruto interno. La causa reside en el enorme atraso tecnológico. Apenas un 10% de las cadenas de distribución de productos perecederos poseen capacidades de almacenamiento modernos (frío, equipos automatizados, etc.). La casi totalidad de estos escasos servicios se destinan al tratamiento de la papa y otros derivados, lo que virtualmente excluye a los demás productos.
El resultado es que, según la FAO, cada año el 40% de las frutas y hortalizas producidas, lo que equivale a no menos de 370 millones de toneladas de productos perecederos, permanecen a la intemperie y se pierden antes de llegar a los consumidores. Encima, los recursos hídricos son extremadamente erráticos y provienen casi exclusivamente de los "monzones", que se desatan en fechas difíciles de prever y sólo durante tres o cuatro mese por año.
El dilema de la modernización
Esto ocurre en un país de brutales contrastes. India es la octava economía mundial y su acelerado ritmo de crecimiento permite suponer que ocupará el quinto lugar en los próximos diez años. Es el primer exportador mundial de software. La ciudad de Bangalore alberga uno los mayores centros globales de alta tecnología. Más de la mitad de los ingenieros extranjeros que trabajan en Silicon Valley son de origen indio. Bombay es la sede de la segunda industria cinematográfica más grande del mundo, después de Hollywood. India es una potencia nuclear y misilística. También colocó un satélite artificial en la órbita de Marte. 300 millones de indios conforman una nueva clase media de alto poder adquisitivo y representan uno de los mercados más codiciados por las marcas de lujo de Occidente.
Lo notable es que la estructura especializada del Estado, cuyo epicentro es la Corporación de Alimentación de India, es un instrumento fundamental para el mantenimiento de este ruinoso statu quo del sector rural. La razón de esta paradoja es que cuando la India se independizó en 1947 la prioridad excluyente, como sucedía en esa época en China, era garantizar la seguridad alimentaria de una gigantesca población que entonces ascendía a entre 300 y 400 millones de personas y sufría periódica hambrunas con millones de muertos.
A tal efecto, los sucesivos gobiernos del izquierdizantes Partido del Congreso montaron un complejo mecanismo legal por el que los productores vendían al Estado la totalidad de sus cosechas, sobre todo trigo y arroz, a precios fijados oficialmente, para garantizar su subsistencia. Los agricultores empezaron a vender sus cosechas en unos 7.000 mercados mayoristas regulados por el Estado, conocidos como "mandis". Estos mercados están dirigidos por comités integrados por agricultores, comerciantes y comisionistas que actúan como intermediarios, organizan el almacenamiento y financian acuerdos comerciales.
Con el tiempo, la experiencia empezó a mostrar los inconvenientes del sistema estatal, que implica además un elevado gasto en subsidios a la agricultura.
La primera consecuencia negativa fue la paulatina reducción de la diversidad de la producción. El segundo problema, más grave aún, fue que esa estructura burocrática fuertemente centralizada permitió que una minoría de productores privilegiados, favorecidos por sus conexiones políticas, se fueran apoderando progresivamente de los mercados, sumergiendo al resto en la marginalidad.
Modi, líder del Partido Janata (histórico rival del Partido del Congreso), quiso tomar el toro por las astas.
Las tres leyes que catapultaron la rebelión campesina apuntan a una desregulación y liberalización de los mercados, mediante la eliminación del monopolio estatal de la comercialización y la supresión de los subsidios.
En realidad, estas disposiciones convalidan una práctica creciente, disparada por las ineficiencias y la corrupción de la estructura estatal: una gran cantidad de campesinos venden sus productos por fuera del mercado oficial, a precios erráticos, en un caótico circuito paralelo en el que los intermediarios se llevan gran parte de las ganancias.
Estas deformaciones en las prácticas comerciales hacen que Devinder Sharma, un especialista indio en políticas alimentarias, interprete que “la ira por la injusticia hacia los productores se estaba gestando. Ahora se canaliza a través de esta protesta contra las nuevas leyes”.
Gurman Singh Charuni, uno de los líderes de las movilizaciones campesinas, afirma que “si dejas que las grandes empresas decidan los precios y compren cultivos, perderemos nuestras tierras”. Agrega: “no confiamos en las grandes empresas. Los mercados libres funcionan en países con menos corrupción y más regulación. No pueden funcionar con nosotros aquí”.
El conflicto constituye el mayor desafío que afronta la India desde su independencia y nada indica que pueda tener una solución en el corto plazo. Modi no puede resignar su propósito de transformar un sistema agrícola obsoleto pero no está en condiciones de imponer “manu militari” las medidas necesarias para concretar ese objetivo.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico