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Hace exactamente un año, los debates sobre la pandemia circulaban en torno a la posibilidad de crear una vacuna segura, efectiva y eficaz a gran escala. Un mundo hacinado por confinamientos, sistemas de salud colapsados, millones de casos, miles de muertes y un horizonte económico social deprimente. Hace exactamente un año le pedíamos un milagro a la ciencia. Seguramente mientras pase el tiempo y la realidad actual sea objeto de estudio, nos daremos cuenta de lo alcanzado por el desarrollo de vacunas, de cuidados, de innovación médica y maduración ciudadana acerca de riesgos en general. Posiblemente, al repasar la relación entre la pandemia, la desinformación, la ciencia y el rol del Estado, nos daremos cuenta de errores, de progresos y de dudas sin fundamento. Entre ellas, el debate de la vacunación contra la COVID.
En Salta, según números publicados por el Ministerio de Salud de la Nación, hay un stock de más de 300.000 vacunas sin aplicarse. A medida que avanza la campaña más grande de la historia de vacunación de nuestro país, justo para inocular contra la COVID, aparecen síntomas no médicos, pero sociales al respecto de la confianza en la ciencia, la evidencia médica, y el manejo operativo del Estado.
Sobre estas, quizás la última -el manejo por parte del Estado- sea muy debatible para alcanzar aprendizajes a largo plazo, pero los debates sobre la ciencia y la evidencia científica parecen inoculados por sesgos ideológicos o intelectuales más que un ejercicio honesto de debate.
También, el rol de la desinformación en redes sociales, campañas de educación pública ineficaces, problemas de transparencia y falta de divulgadores científicos con capacidad comunicativa, dejan al descubierto un cocktail mortal para empezar a transitar lo último de la pandemia.
El debate
Aún así, señalando las áreas de aprendizaje necesarias, la vacuna sigue siendo objeto de debate. Habrá múltiples razones para desentrañar el consejo médico y no querer vacunarse. Seguramente, en algunos casos, se trate de preguntas médicas muy específicas en casos donde la vacunación necesite la indicación de un experto.
En otros, será la falta de información, tiempo e incentivos para entender que solo cuando todos nos vacunamos, más rápido salimos de la pandemia porque nos cuidamos unos a otros. En otros casos, será la falta total de honestidad intelectual, las teorías conspirativas y una profunda convicción fanática por sobre la ciencia. Ante esto último, y en combinación con casos donde la vacunación es aceptada pero no prioridad, hay un debate clave sobre la obligatoriedad de aplicarse la vacuna contra la COVID.
Para responder y balancear entre la necesidad de cuidar la salud pública y la necesidad de proteger derechos individuales, la vacunación obligatoria contra la COVID -en un contexto de pandemia- tiene correlato en nuestro país y el mundo. Lo que vemos en la provincia de Jujuy llamando a la vacunación obligatoria para empleados del sector público, no es tan diferente a lo que pasa en, al menos, 28 otros países.
En Francia, una ley nacional permite al Estado pedir certificados de vacunación para entrar a bares, restaurantes, cines y para volver al transporte público. En Arabia Saudita -como en Jujuy- la vacunación contra la COVID es necesaria para trabajar en el Estado. En Serbia, el Reino Unido e Italia, los profesionales de la salud y desarrollo social deben estar vacunados para seguir en sus empleos. En Estados Unidos -Nueva York, California, Nueva Jersey, igual- solo accederán a sus trabajos públicos aquellas personas vacunadas. En Nueva York como en París, sin un certificado de prueba, los lugares de vida cotidiana no son accesibles. En Indonesia y Turkmenistán sin vacuna no se puede ni siquiera acceder a ayudas sociales. En definitiva, el mundo, de a poco, empieza a ver la obligatoriedad de la vacunación como requisito para bajar casos, evitar muertes, reabrir la economía y crear un sendero hacia una nueva normalidad.
Libertad y responsabilidad
Los límites de esta postura de obligatoriedad están en una concepción intrínseca de los derechos individuales. Es cierto que dentro del derecho internacional y los derechos humanos se debe respetar el derecho a la vida, la privacidad, y la elección a una intervención médica con previo consentimiento.
Ahora bien, sin refutar a los fanáticos de John Stuart Mill, también es cierto que estos derechos absolutos pueden ser complementados de manera temporaria, proporcional y solo en casos de probada eficacia en salud pública, con medidas que regulen la autonomía. En un contexto de pandemia, con riesgos societarios masivos y repercusiones de todo tipo más allá de la individual, de manera proporcional y limitada, el Estado puede requerir ciertas acciones para proteger a toda la sociedad en su conjunto.
No pensemos solamente en vacunas: hasta hace unas décadas atrás el cinturón de seguridad de un auto tampoco era obligatorio, o en un caso mucho más extremo, en situaciones bélicas, el Estado puede llamar a la conscripción masiva.
La interpretación de que el bien común está por sobre la individualidad en casos de extrema fragilidad en salud pública es tema de debate en todo el mundo, y los ámbitos legales también.
La Corte Europea de Derechos Humanos en mayo de 2021 en el caso Vavricka y Otros vs. la República Checa, ratifica la razón de la obligatoriedad de vacunación durante la niñez para proteger la
salud pública y afirma que aplicar multas o sanciones a padres que no vacunen a sus hijos no está para nada en contra de los estándares regionales e internacionales en derechos humanos.
En otras palabras, siempre y cuando se cumplan los requisitos de proporcionalidad, de acceso garantizado a vacunas y de información previa consentida, el Estado puede exigir, por razones de salud pública, la vacunación.
El calendario argentino
En Argentina es igual desde 1978 con el calendario de vacunación, cuyo origen viene desde 1946 con el visionario ministro de Salud, Ramón Carrillo. Hoy, la Argentina tiene uno de los regímenes de vacunación más importantes y completos del mundo, con 22 vacunas de acceso gratuito.
Comparado con el Reino Unido por ejemplo que tiene 16, la Argentina cuenta con una ley de vacunas aprobada en 2018 que rige la normativa para afrontar desde el Estado la provisión, inclusión y control del sistema de 22 vacunas desde la niñez a adultos.
Llamativamente, la ley 27.491 en su artículo 7 también determina que las vacunas “indicadas en una situación de emergencia epidemiológica son obligatorias para todos los habitantes del país conforme a los lineamientos que establezca la autoridad de aplicación”.
El instrumento constitutivo hoy estaría en forma para agregar al calendario las vacunas contra la COVID. En otras palabras, la normativa existe para facilitar herramientas al Estado, pero por una cuestión de psicología social, es mejor apostar a la ciudadanía a tomar sus decisiones en función del contexto, sin forzar su reacción.
Quizás, en la medida que la población no se vacune, el Estado deberá rever sí refuerza su estrategia mediante la normativa vigente. Volviendo a Stuart Mill, la única razón para que el Estado use su poder de coerción contra el individuo, es cuando ese individuo representa una amenaza de seguridad hacia otro individuo. Quizás la variante Delta venga a ejemplificar esta máxima.
Por eso, con más de 200 millones de casos y cuatro millones de muertes a nivel mundial, la pandemia seguirá creciendo, el virus mutando y la economía cayendo si en aquellos lugares privilegiados -como Argentina, como Salta- no nos vacunamos. El paso de lo electivo a la obligatoriedad debe ser inteligente. Para eso, hay pasos previos, incentivos y formas de atraer la atención de los no vacunados a la importancia de hacerlo.
Hay casos de aprendizaje en todo el mundo, y en nuestro país: incentivos monetarios y no monetarios. Al fin de cuentas el costo de pagar a alguien por vacunarse es siempre menor a tener que confinar a la economía a otro periodo de cierre por casos de covid.
Y los casos de incentivos no-monetarios son aún más flexibles. En Barcelona, para los vacunados, se rifan entradas de toda la temporada para ver al Barca jugar (aunque sin Messi). Por eso, las autoridades como el COE de Salta debe tener una estrategia sanitaria y social con amplitud, coherencia y prudencia, pero sin dejar de mirar el objetivo: salir de esta pandemia vacunándose. En el lado individual, y con soluciones emergiendo sobre el faltante de segundas dosis, ante la duda, consulte con su médico de cabecera, con un científico profesional.
(*) Mg. en Políticas Públicas. Candidato a Doctor en Derecho.
Co-Director Droit Consultores