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Los cortes de ruta como modo de protesta representan un problema muy grave para la provincia y para cada uno de los ciudadanos que, como ocurrió durante la última semana en la ruta 34 a la altura de Pichanal, se ven impedidos de circular libremente por la provincia.
Las demandas, por legítimas que sean, no deben derivar en ninguna forma de violencia, sino encauzarse dentro de la ley. El Estado debe dar respuestas a esas demandas y, también, mantener su autoridad. Estas movilizaciones se vienen multiplicando desde hace tres décadas. Protagonizadas por organizaciones que dicen representar a comunidades originarias, a desocupados, a desplazados o excluidos de la región, se han convertido, simultáneamente, en síntoma de la fractura social y del debilitamiento de la autoridad política y del poder del Estado.
A pesar de haberse convertido en un fenómeno casi naturalizado en el país, está demostrado que por este camino no se ha resuelto ningún problema y, en cambio, se altera aún más nuestra castigada actividad productiva.
Esto es lo que experimentan y testimonian empleados y productores del norte salteño que este año han sufrido las consecuencias de piquetes y barricadas en los accesos estratégicos, que los obligaron a soportar esperas interminables, varados en las rutas. En los primeros 90 días de este año, solamente, se registraron en el territorio salteño 75 cortes de diversa magnitud.
La crisis social es mucho más profunda de lo que los gobiernos quieren reconocer. El desempleo, la pobreza y la indigencia se espiralizan. Las víctimas son millones, pero las organizaciones que dicen representarlas solo apuntan a construir espacios políticos -financiados por el Estado- que benefician a sus dirigentes y nada aportan para que los excluidos puedan aspirar a una vida mejor, a un ingreso digno y a un trabajo estable, que es lo que necesitan y a lo que aspiran.
Lo que está en juego es el sistema democrático representativo. El 28 de julio, en Salta, el activista porteño Juan Grabois protagonizó un corte en General Mosconi donde acusó de "provocadora" a una salteña que necesitaba pasar por la ruta; justificó la protesta por la muerte de una niña a la que según sus padres "la mataron en el hospital" y, lejos de aconsejarles iniciar la correspondiente denuncia por mala praxis, acusó a "los criollos" por discriminadores y convocó a "una pueblada".
Este dirigente encarna la visión global del piqueterismo: capitalizar el sufrimiento ajeno para profundizar el clima de anarquía e ilegalidad que ya reina en el país. No solo obstruyen el desarrollo, la educación pública y el trabajo, sino que bloquean cualquier aporte positivo para resolver los problemas de las personas a las que ofrece un mesiánico liderazgo.
Un corte de rutas plantea una aparente contradicción entre derechos constitucionales: el de expresión y de protesta, por una parte, y el derecho a circular libremente.
Las rutas nacionales pertenecen a la jurisdicción federal, pero los cortes que se producen en ella afectan a la provincia, más allá de las banquinas. Frente al corte de una ruta nacional deberían intervenir automáticamente los fiscales provinciales y federales, y también los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Provincia.
No se trata de "mano dura" ni de represión, sino de sostenimiento del Estado de Derecho. Hoy, policías y gendarmes se abstienen de intervenir por falta de instrucciones claras, por eso es necesario un protocolo consensuado válido para resolver este tipo de conflictos.
Por otra parte, es decisiva la actitud de cada gobernador ante estos incidentes. Sin respaldo del Poder Ejecutivo, a cuyo cargo está la seguridad, el margen de maniobra de jueces y fiscales queda condicionado.
Fuera de la ley ningún derecho es sostenible y ninguna familia sale de la pobreza. El Estado no ofrece canales dinámicos para escuchar y resolver las necesidades. Entre tanto, los gobernantes toleran los cortes porque se sienten impotentes para dar respuestas efectivas a la demanda social y para restablecer la autoridad institucional de los tres poderes del Estado.