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Mientras la Provincia presentó un amparo para que se restituyan las pensiones por discapacidad y cada vez se conocen nuevos casos, Federico Núñez Burgos, comisionado a cargo de la Defensoría del Pueblo de Salta, manifestó que el Gobierno nacional aplica un mecanismo de suspensión de pensiones basado en la presunción de que "todas las pensiones que se han entregado son truchas". "No les preocupa si son truchas o verdaderas, el objetivo es que realmente se suspendan", sostuvo, y advirtió que esta política afecta a beneficiarios que dependen de estos ingresos para su medicación, prestaciones y sustento diario.
"Hoy estamos viendo los efectos de esa situación: personas a las que se les suspende la prestación porque no han recibido la carta documento o porque las notificaciones llegaron a direcciones incorrectas. Esto afecta principalmente a quienes cobran en la segunda quincena de agosto y la primera de septiembre", explicó.
Y remarcó que no existen datos precisos sobre la cantidad de pensiones suspendidas debido a la falta de respuesta de ANDIS. "Pedimos que se nos informe cuántas pensiones están siendo auditadas y cuántas suspendidas, pero nunca habilitaron esos registros. Solo tenemos la estimación de quienes, al ir a cobrar, se encuentran con que no pueden y vienen a nuestras oficinas a reclamar", añadió.
La problemática se trasladó a la calle ayer. La Asociación de Transportistas de Discapacidad se concentró frente a la Legislatura, siguiendo la sesión que trataba el veto presidencial a la emergencia de discapacidad, que por cierto se logró revertir. "Se saca medicación, prestaciones, pensiones. El sector viene golpeado hace rato", dijeron.
En paralelo, se supo que la curadora oficial María José Miranda, del Ministerio Público Pupilar de Salta, presentó al menos cinco recursos administrativos ante ANDIS en representación de personas con problemas de salud mental que perdieron sus pensiones. La Justicia ya declaró que estas personas no pueden valerse por sí mismas en actos de la vida cotidiana. Hasta el momento, ANDIS no respondió, y de rechazarse los pedidos, los recursos podrían pasar a la Justicia Federal.
El Gobierno de Salta anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con una acción de amparo para exigir la restitución inmediata de las pensiones suspendidas y la devolución de los montos retenidos, además de solicitar auditorías sobre posibles otorgamientos irregulares. El gobernador Gustavo Sáenz aseguró que la Provincia no permitirá que se vulneren derechos adquiridos ni que se castigue a beneficiarios legítimos. "No pueden pagar justos por pecadores", afirmó, destacando que la suspensión masiva afecta a miles de familias.