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Una marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) contra el retiro del subsidio a los combustibles derivó ayer en enfrentamientos con policías que resguardaban los accesos a la plaza Murillo, centro del poder político en La Paz.
Centenares de mineros que trabajan en el Estado y el sector privado, fabriles y maestros rurales marcharon hacia la plaza Murillo, donde están las sedes del Ejecutivo y el Legislativo bolivianos, atendiendo una convocatoria de la COB en contra del decreto que levantó la subvención de los combustibles que rigió por más de dos décadas.
Los movilizados intentaron ingresar a la plaza por cuatro lugares y trataron de retirar por la fuerza las vallas colocadas por la Policía. Desde la marcha se lanzaron petardos y se detonaron cargas de dinamita para hacer retroceder a los agentes antimotines, a lo cual estos respondieron con gas pimienta y gases lacrimógenos.
El máximo dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andrés Paye, dijo a los medios que su marcha es "pacífica" y justificó las detonaciones de dinamita al asegurar que tuvieron que "reaccionar" ante lo que consideró una provocación.
Los manifestantes bloquearon luego la avenida Mariscal Santa Cruz, una de las principales vías del centro histórico de La Paz.
La COB convocó a una huelga general e indefinida contra el decreto 5503, que dispuso el retiro de la subvención de los combustibles, medida que solo cumplen los mineros, mientras que otros sectores realizan bloqueos de rutas.
La COB fue aliada política de los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
Es el primer conflicto que afronta Paz desde que tomó juramento el pasado 8 de noviembre.
El decreto
El decreto 5503, emitido el pasado miércoles por Paz, estableció nuevos precios para los combustibles, lo que supuso incrementos del 86% para la gasolina y del 162% para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.
El Gobierno señaló que no dará marcha atrás con la medida, ya que mantener la subvención demandaría en 2026 un gasto de 3.500 millones de dólares, equivalentes al 6,4 por ciento del producto interior bruto (PIB).