Una polémica inusual se desató en la Legislatura luego que el Senado volviera a comisión un proyecto de ley de Diputados. El trámite autoriza al Poder Ejecutivo a transferir en carácter de donación a favor de alrededor de 104 familias rurales una fracción de unas 250 hectáreas de los predios conocidos como Potrero de Linares.
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Una polémica inusual se desató en la Legislatura luego que el Senado volviera a comisión un proyecto de ley de Diputados. El trámite autoriza al Poder Ejecutivo a transferir en carácter de donación a favor de alrededor de 104 familias rurales una fracción de unas 250 hectáreas de los predios conocidos como Potrero de Linares.
Al parecer, de los dos anexos que contiene el proyecto original, uno tiene un listado de 104 familias cuyos datos son similares, y lo más llamativo es que no se sabe si habitan o no esas tierras.
El proyecto aprobado por Diputados en octubre pasado tiene en un primer anexo un listado con 33 familias, cuyos domicilios fueron constatados, que siguen trabajando y ocupando estas tierras desde el año 1932.
Al rechazar la iniciativa con los dos anexos se frena una solución histórica para los pobladores que reclaman por su derecho adquisitivo de décadas. Según el presidente del Concejo Deliberante de Campo Quijano, Carlos "Lupi" Cruz, hay algo raro en todo esto.
"Se frena una solución por un lado y, por otro, se plantea acomodar gente de un listado con la que podría haber compromisos políticos de funcionarios que representan a los vecinos de Quijano", dijo el edil.
El concejal agregó que "al pasar a comisión para un nuevo análisis se dilata el trámite original. Eso podría devenir en un nuevo listado en cuenta del anexo 2 que fue rechazado. Pedimos que se apruebe con el anexo 1 con el listado genuino, y que se haga un relevamiento de la zona para saber quién más vive en realidad en esas tierras. No queremos ninguna sorpresa a futuro con gente metida por política, como en otro barrio popular, pero allá lejos".
Al norte de La Silleta, por un camino rural, se llega al predio donde funcionó la colonia Nicolás Lozano, que en agosto de 2010 cerró sus puertas.
Con los años se acondicionó por su estado de abandono, para que en el 2014 el Gobierno provincial cediera 130 hectáreas de esa finca al Arzobispado de Salta para la puesta en funcionamiento de la Fazenda de Esperanza, espacio de recuperación de jóvenes adictos.
Las tierras se extienden al norte y al sur en medio de cerros, con unas 5.600 hectáreas en total, que integran Potrero de Linares, inmueble del Estado provincial. Allí, unas 250 hectáreas iban a ser cedidas a 33 familias que eran simples custodios y pasarían a ser propietarios.
El polémico listado con las otras 104 familias frenó la solución para las 33 anteriores. "No entiendo la actitud del senador del departamento al no querer que se trate la ley. Así se perjudica a las familias que esperan desde hace años", argumentó Cruz.
Por su parte, el diputado provincial Lino Yonar, autor del proyecto, dijo que "la idea es no dejar a nadie afuera. Y no permitir que se instale cualquiera. Son dos listados que pueden tener coincidencias en nombres y apellidos porque son los relevamientos que existen; uno realizado por Salta Forestal en el 94 y otro por Tierras Fiscales. La ley dice que, ante la imposibilidad de saber quién vive en la zona, se debe hacer un nuevo estudio. Con este retraso no hacemos justicia con familias que tienen décadas viviendo ahí".