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Martín Guzmán dialogó ayer con Kristalina Georgieva para negociar el aumento del 60 por ciento que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar un acuerdo con Argentina que permita refinanciar la deuda de 44.000 millones de dólares que contrajo Mauricio Macri en 2018.
Guzmán explicó que no es posible aumentar las tarifas eléctricas en un 60 por ciento como exige el staff del Fondo, en tanto que Georgieva replicó que -a su juicio- no parece sustentable el sendero fiscal que se propone para reducir el pesado déficit argentino.
No es que Georgieva no comparta el sendero fiscal diseñado por el ministro de Economía, simplemente no cree que pueda cumplirse si no se aumentan las tarifas en 60 por ciento.
La comunicación entre Buenos Aires y Washington solo sirvió para ratificar las discrepancias que enfrentan a la Argentina con el FMI.
Alberto Fernández no está dispuesto a ajustar las tarifas en un 60 por ciento, mientras que el Fondo reclama ese fuerte incremento para garantizar que habrá un déficit fiscal de 2.5 del Producto Bruto Interno (PIB) en 2022.
Con la negociación aún empantanada, tras la llamada de Guzmán con Georgieva, el Gobierno no descartan la posibilidad de solicitar a la Casa Blanca que influya -de nuevo- en la toma de decisiones del FMI.
Si Georgieva no recibe una instrucción directa de la Casa Blanca, a favor de la propuesta que defiende Guzmán ante el staff del Fondo, Argentina podría caer en default el próximo 22 de marzo.
Alberto Fernández deseaba anunciar el acuerdo durante esta semana, y lograr que la Cámara de Diputados y el Senado sancionen la Ley FMI en menos de quince días. Con este calendario parlamentario, el Presidente se garantizaba que el board del Fondo avalara el programa antes del 22 de marzo.
Pero las exigencias del FMI congelaron los deseos presidenciales, y ahora en Balcarce 50 afirman que finalmente habrá anuncio durante el fin de semana. Si fuera así, los plazos son muy cortos.
Y aún no se sabe con certeza cómo se resolverían las diferencias que a esta hora empantanan las negociaciones entre Argentina y el Fondo.
Es poco probable que Cristina Fernández y Máximo Kirchner aprueben un acuerdo con el FMI que establece un ajuste de tarifas eléctricas del 60 por ciento para 2022.
Alberto Fernández tampoco comparte ese ajuste económico, pero si lo hiciera para evitar un default en marzo, los diputados y senadores que responden a CFK y Máximo votarían en contra de la decisión presidencial.
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