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América latina, y nuestro país en particular, atraviesan un tiempo de tensiones, que se convierte en un punto de inflexión histórica.
En este contexto, el drama del desempleo es crucial.
Por una parte, el retroceso de la actividad económica, de la calidad de vida, de la incorporación de las personas a la actividad productiva es fácilmente cuantificable: basta analizar los datos históricos del INDEC y contratarlos con los de los organismos internacionales. Nuestra región tiene un atraso progresivo, pero la Argentina, junto con Venezuela, han caído en un abismo.
En nuestro caso, las causas son varias.
En primer lugar, el deterioro de la educación pública. La escuela dejó de tener importancia prioritaria para las dirigencias políticas. La politización de los gremios docentes, la ausencia de un régimen jurídico que establezca a la educación como servicio esencial y la desjerarquización profesional de los educadores son el fruto de un país que perdió la brújula.
El Consejo Federal de Educación decidió aumentar una hora de clase. Es la aplicación parcial de la Ley General de Educación sancionada hace 16 años.
Resulta indispensable, además, para empezar a recuperar la pérdida de escolaridad en los últimos dos años, por la pandemia y, también, por las alteraciones de la escolaridad regular en varias provincias. Y sin embargo, la iniciativa choca con la resistencia gremial.
El diagnóstico es categórico: déficit alarmante en lecto escritura y cálculo matemático, deserción de la enseñanza media que llega al 50%, y la consecuente ineptitud de la población para adaptarse a las nuevas modalidades de trabajo.
La consecuencia inmediata del fracaso escolar también se refleja en los números del INDEC: la degradación del empleo en todas sus formas: crecimiento de la población “ni ni”, que ni trabaja, ni estudia, ni busca empleo; altísimos niveles de trabajo informal, y una exigencia de formación cada vez mayor en la selección de personal.
De ese modo, se forma una pirámide en la que el vértice es ocupado por el pequeño grupo de los que acreditan formación superior completa.
Claramente, así se explica una pobreza estructural creciente y una culturalización del desempleo.
En estos términos, el futuro es sombrío.
La política argentina debe desembarazarse de las polémicas sobre el pasado, porque estas impiden volver a mirar hacia el futuro.
Debe entenderse que el período histórico que se extiende desde 1930, con el primer golpe de Estado, hasta 1983, con el retorno a la democracia, no sirve como paradigma para organizar a un país que vive una verdadera catástrofe social y que no está en condiciones de encerrarse frente al mundo.
La historia es dinámica y no sirve plantearla como la lucha entre los buenos y los malos. Hace medio siglo, con la crisis petrolera de 1974, la economía del mundo cambió.
La Argentina parece no haberse enterado. Por eso nuestro país bate récords de inflación, de presión impositiva, de desinversión y de desocupación: porque prevalecen los que piensan con categorías de la primera revolución industrial, cuando la economía mundial está viviendo la plenitud de la cuarta.
El régimen laboral, el sistema jubilatorio, el rol del Estado, la investigación científica, el sistema de financiamiento, las relaciones internacionales, en definitiva, la actividad del país, no pueden inspirarse en el pensamiento social del siglo XIX.
Ese congelamiento en el pasado se observa, en primer lugar, en la universidad argentina. Aún prevalecen los graduados en carreras humanísticas, jurídicas o administrativas por sobre las ingenierías, la ciencia dura o la tecnología. Al mismo tiempo, prevalece la perspectiva universitaria escolar por sobre el laboratorio.
La pandemia dejó varios interrogantes:
¿Cómo es posible que en el país de Bernardo Alberto Houssay, Luis Federico Leloir, César Milstein y René Favaloro no haya sido capaz de intentar al menos producir un vacuna propia?
¿Cómo se justifica que, en 2020, con toda la retórica política hablando de la sociedad informática, millones de niños y adolescentes no hayan tenido acceso fluido a internet?
En el sistema educativo, la quinta parte de las escuelas secundarias tiene orientación técnica. En las sociedades que han logrado un enorme viraje económico, la relación se invierte.
En esta conmemoración del Día de los Trabajadores es esencial mirar, en el presente, la magnitud de la crisis que se presenta hoy en nuestra sociedad, pero no perder de vista el futuro, que avanza en forma implacable e impredecible.
Nadie puede pronosticar hoy con certeza los alcances de la Inteligencia Artificial y la Robótica. Pero el de 2040, no cabe duda, será un mundo muy diferente del actual.
Con ese horizonte, la economía debe prepararse para la plena inclusión de las mujeres en la actividad, para la capacitación de hombres y mujeres en las nuevas tecnologías, en las habilidades blandas, para un comercio global que vuelve obsoleta la idea de “vivir con lo nuestro”, para nuevas relaciones laborales, que van volviendo arcaico al sindicalismo de posguerra y a los envejecidos eslóganes de la izquierda.
Es un mundo preocupado por el cambio climático, la desigualdad de ingresos, la exclusión de vastos sectores sociales y, por supuesto, las pugnas por la hegemonía planetaria cuya expresión más trágica es la invasión de la autocracia autoritaria de Vladimir Putin contra Ucrania.
Los trabajadores argentinos necesitan, hoy, autoridades y dirigentes que tomen con seriedad la política internacional, que adviertan los riesgos que, para el derecho y para la paz, entrañan las “democracias iliberales”, representadas por caudillismos retrógrados como los que proponen Donald Trump, la francesa Marine Le Pen o el húngaro Víctor Orban.
El Día de los Trabajadores es símbolo de una cultura que dignificó a quien se gana honestamente la vida y confía en el futuro de sus hijos y sus nietos.
Hoy, en la Argentina, abundan los “trabajadores desempleados” y se levantan las consignas de “los trabajadores de la economía popular”. No existe la economía popular; eso se llama “supervivencia. Los trabajadores tienen derecho a estudiar, trabajar y disfrutar. Hoy esos derechos están cercenados.
Y para recuperarlos y garantizarlos, es esencial poner la proa hacia el futuro.