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El Gobierno nacional estableció ayer el 1 de mayo como fecha límite para disponer el retorno de los trabajadores de la administración pública a la presencialidad, después de la serie de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que establecieron la modalidad remota a causa de la pandemia de coronavirus.
A través de la Resolución 58/2022 publicada ayer en el Boletín Oficial, la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete estableció que "antes del 1 de mayo de 2022 cada jurisdicción, organismo y entidad de la administración pública nacional (...) deberá disponer el retorno a la modalidad de prestación de servicios que era habitual en forma previa a la vigencia del Decreto N§ 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios".
La secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Gabriela Castellani, aseguró que esta resolución "no es un capricho" sino que es parte de las nuevas recomendaciones que estableció el Consejo Federal de Salud y que refrendó en una resolución el Ministerio de Salud.
"Los cuidados en esta nueva etapa se establecen con ventilación simple y no cruzada, con uso de barbijo y con eliminación de la obligatoriedad de dejar dos metros de distancia entre los puestos de trabajo. Así que ya estamos en condiciones de hacer una vuelta a la presencialidad completa en todos los edificios", afirmó la funcionaria en declaraciones a Télam Radio.
Por otra parte, en la resolución la Secretaría de Trabajo llamó a mantener presentes las "recomendaciones de cuidado generales para la prevención de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias agudas".
"Aquellos trabajadores que tengan diagnóstico de COVID-19 que no hayan requerido internación podrán reincorporarse a sus lugares de trabajo sin necesidad de presentar resultado de test negativo ni certificado de alta, según los criterios establecidos por el Ministerio de Salud", detallaron.
En tanto, el Poder Ejecutivo estableció que las oficinas responsables de Recursos Humanos "deberán solicitar a los trabajadores el certificado de vacunación", mientras que aquellas personas que hayan optado por no inocularse "recibirán asesoramiento del Departamento de Sanidad, o su equivalente" en cada organismo, a fin de "obtener información sobre las ventajas y posibles desventajas de la vacunación en su caso puntual".
"De continuar con la decisión de no vacunarse, deberán cumplir con sus prestaciones y firmar un consentimiento informando asumen toda responsabilidad derivada de la conducta que adopten", añade el texto.