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La semana pasada la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incorporó un nuevo indicador mínimo de trabajadores (IMT) para la producción y empaque de ajo, con el objeto de desarticular potenciales maniobras de fraude, al establecer una cantidad mínima de empleados requeridos para llevar adelante esas actividades. Con este nuevo IMT el organismo ya suma 92 actividades que quedan bajo presunciones laborales referentes a sectores agrícolas, ganaderos, industriales y comerciales, en todo el país.
El Indicador Mínimo de Trabajadores consiste en una serie de parámetros que toma la AFIP para establecer la cantidad de trabajadores que fueron requeridos en un período determinado y con relación a una actividad específica para la realización de un hecho económico que requirió la utilización de mano de obra, la cual no fue oportunamente declarada por su empleador en un período de tiempo determinado. El indicador se efectiviza a través de la aplicación de las "presunciones laborales" las cuales se utilizan con el fin de inferir una relación laboral oculta o una remuneración abonada y no declarada, a partir de la comprobación de determinados hechos ciertos (producción, construcción, prestación de servicios) obligando al responsable a demostrar lo contrario.
Ineficacia de este instrumento
Esta herramienta de fiscalización lleva más de diez años de vigencia aplicándose a numerosas actividades que van desde la gastronómica a la educativa, pasando por supermercados, lavaderos de autos, construcción, etc. Si la cantidad de trabajadores declarados o el monto de la remuneración imponible consignados por el empleador sean insuficientes o cuando dichas declaraciones no se compadezcan con la realidad de la actividad desarrollada y no se justifique fehacientemente dicha circunstancia, la AFIP podrá efectuar la determinación en función de índices que pueda obtener, tales como el consumo de gas, de energía eléctrica u otros servicios públicos, la adquisición de materias primas o envases, el monto de los servicios de transporte utilizados, el valor del total del activo propio o ajeno o de alguna parte del mismo, el tipo de obra ejecutada, la superficie explotada y nivel de tecnificación y, en general, el tiempo de ejecución y las características de la explotación o actividad.
Claramente el IMT es una herramienta pensada por la AFIP para combatir el trabajo ilegal. Que lo haya logrado se presenta como muy dudoso. No hay estudios oficiales que demuestren cual ha sido su grado de eficacia, pero lo cierto es que en la década de su vigencia el empleo formal ha permanecido estancado en la misma cifra (seis millones y monedas) mientras, paralelamente, aumentaba sustancialmente el empleo público y crecía la informalidad y la precariedad laboral. Los trabajadores informales, superan ampliamente a los formales y ya suman 7,6 millones de trabajadores clandestinos.
Sinceramiento
Quizá sea hora de un sinceramiento. Los datos no mienten: solo un tercio de los trabajadores están bajo la Ley de Contrato de Trabajo en el sector privado. Solo el 28% de la población económicamente activa (PEA) son empleados privados registrados (es decir, cuentan con todos los derechos), contra el 31% de hace 10 años. Un 14% de la PEA son trabajadores del sector público, 25% de cuentapropistas, 23% de informales y 8% de desocupados. Es decir, hoy son más los trabajadores informales y cuentapropistas (10 millones) que los trabajadores formales del sector privado (6 millones)". Las cifras muestran por sí solas que el mercado laboral argentino se ha degradado de manera constante en la última década.
La informalidad es casi patrimonio exclusivo de las pymes. Los empresarios de este sector alegan que "no cierran los números" para afrontar sus obligaciones salariales, impositivas, de cargas sociales, de consumos energéticos, etc. Si esta afirmación es verdad (como seguramente lo es) ¿tiene sentido aumentar la persecución tributaria sobre quienes de antemano sabemos que no podrán cumplir? No tiene gracia pescar en la pecera.