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El 10 de septiembre fue el cierre del III Congreso del Grupo de Estudios de Derecho Social (GEDS), organizado por la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, filial Salta. En realidad, estos eventos reciben el pomposo título de congresos siendo que en ellos existe escasa deliberación y que tampoco sancionan normas de ninguna naturaleza. La palabra congreso tiene varias acepciones en el Diccionario de la Real Academia y ninguna de ellas sirve para definir este tipo de eventos. Es curioso que en esa variedad de significados el Real Diccionario mantiene, aunque advirtiendo que está en desuso, el que considera al congreso como "cópula carnal" (se podrían hacer variados chistes sobre los congresos legislativos, pero este no es el momento). Lo cierto es que en estos encuentros si bien el debate es acotado, las muchas veces originales opiniones de los disertantes sirven de detonante para apasionadas discusiones de pasillo. Como al evento concurren jueces, legisladores, profesionales y actores sociales muchas veces se produce un efecto inmediato (por ejemplo, los jueces en sus sentencias).
Los temas elegidos, en mi personal modo de ver, tuvieron un eje común: la falta de una normativa adecuada o lo desacertado de la existente. De tal manera los operadores del derecho social se vieron sacudidos y expulsados de su zona de confort, al advertir que nuestra legislación laboral no es mala: es pésima. Pero esto no significa en modo alguno coincidir con los libertarios o algunos grupos patronales que pregonan que se debe desproteger al trabajador para lograr milagros económicos con la libre empresa y el libre mercado. Por el contrario: hay reformas posibles que, protegiendo más al trabajador, benefician al empresario. Doy un ejemplo, tomado de los temas debatidos: la falta de protocolos de prevención del mobbing o de la violencia laboral desprotege gravemente a sus víctimas. Pero también desprotege al empleador que muchas veces ignora que en el subsuelo de su empresa se está calentando a fuego lento una olla, azuzada por algún jefezuelo, que explotará en manos del empresario y de cuyas consecuencias deberá hacerse cargo. Otro de los temas debatidos, referido al derecho sindical, dejó al desnudo no solo la imperiosa necesidad de reformar el anacrónico modelo sindical argentino, sino también de aprovechar la fabulosa oportunidad que brinda la negociación colectiva. La mayoría de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) fueron celebrados en 1975, y pocos han sido "aggiornados" por lo que los fenómenos tecnológicos y las nuevas modalidades de relación laboral todavía no tienen un marco adecuado.
Otros temas desarrollados en el congreso, como riesgos de trabajo, empleados públicos y procedimiento laboral también requieren una profunda reforma estructural. Reitero que esta es una visión personal y quiero dejar a salvo de toda crítica a la magnífica Ley de Contrato Trabajo, que a pesar de su cercenamiento durante la dictadura militar ha mantenido su lozanía y regulado con acierto las relaciones obrero-patronales. El problema son las leyes que se le han injertado con posterioridad que la han convertido en una especie de Frankenstein jurídico.
Lo cierto es que congresos como este obligan a los académicos y otros interlocutores sociales a preguntarse si lo que hasta entonces consideraban como un dogma no debe ser sometido a un más severo escrutinio. Esa es la importancia de estos eventos que implican un desafío hacia un objetivo fundamental en nuestro país: cumplir el mandato constitucional del artículo 14 bis de la Constitución y brindar el máximo amparo, como lo ha marcado nuestra Corte Suprema al "sujeto de preferente protección constitucional": el trabajador.