El título de esta columna de opinión marca una diferencia con la idea -probablemente mayoritaria en Salta- de que es la Democracia (un ente inmaterial, un artilugio intelectual) la que está en deuda con los ciudadanos de nuestra provincia. A mi modo de ver, somos los ciudadanos (con nuestros votos, nuestras protestas y propuestas, con nuestra participación activa, con nuestro civismo y sed de justicia, con nuestras ganas de progresar) quienes hacemos la Democracia.
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El título de esta columna de opinión marca una diferencia con la idea -probablemente mayoritaria en Salta- de que es la Democracia (un ente inmaterial, un artilugio intelectual) la que está en deuda con los ciudadanos de nuestra provincia. A mi modo de ver, somos los ciudadanos (con nuestros votos, nuestras protestas y propuestas, con nuestra participación activa, con nuestro civismo y sed de justicia, con nuestras ganas de progresar) quienes hacemos la Democracia.
En Salta, desde hace más de cuatro décadas, funciona lo que podríamos llamar un sistema informal de poder conformado por ideas, postulados, trayectorias, verdades, semi verdades y mentiras que funciona como una cortina de hierro que frena el desarrollo de una cultura democrática, que deforma el crecimiento económico, y que nos sume en este aparente desarrollo que crea una sensación engañosa de paz social.
Una cultura donde imperan una cierta resignación y un cierto fatalismo. Muchos segmentos de nuestra sociedad recelan de los cambios y de las innovaciones y permanecen en un estado semi inconsciente de conservadurismo activo y cerrado a lo que se descalifica como foráneo.
Mientras los Tratados Internacionales están configurando un nuevo orden de convivencia basado en los Derechos Humanos para todos, mientras los actores globales diseñan día a día un nuevo orden económico, en Salta predominan el patriotismo jurídico provincial y una cierta tendencia a negar o ignorar hechos y datos cuando estos desmienten nuestras orgullosas apreciaciones superficiales.
Todo gobernante padece de adanismo y, nada más asumir, sucumbe ante las mieles del culto a la personalidad y del reeleccionismo, y se ve tentado a ocultar los problemas estructurales apelando a la propaganda o imponiendo una agenda centrada en el "vamos viendo" y en el oportunismo.
El hacinamiento, la indigencia, la ineptitud de los aparatos del Estado para cumplir sus cometidos, la falta de idoneidad de quienes mandan o representan, la depredación de nuestros recursos naturales, el trabajo no registrado, la corrupción impune son fenómenos con los que convivimos sin mayores preocupaciones y sin asumir responsabilidades ni abocarnos a su tratamiento.
Los que mandaron y mandan a lo largo de estos 40 años, con la aquiescencia de mayorías minoritarias o manipuladas, no atinaron (o no quisieron) construir una democracia constitucional moderna, una economía de mercado y un Estado de Bienestar basado en la solidaridad social y territorial.
Instituciones y dogmas de la Salta hispana subsisten maquillados. Los que denostaron el "Estatuto del Gaucho" de Martín Miguel de Güemes, y rechazaron alevemente las iniciativas libertarias de Joaquín Castellanos sobre el empleo decente o sobre las aguas públicas, continúan inspirando leyes, sentencias, premios y castigos.
Un régimen electoral que transforma el 35% de los votos ciudadanos en el 70% de diputados y el 90% de senadores que, a su vez, colonizan al Consejo de la Magistratura y a la Auditoria, es el núcleo de nuestras carencias institucionales. De aquí derivan la falta de transparencia y control del accionar de los poderes público. De aquí deriva la falta de independencia de la Justicia y sus áreas de anquilosamiento intelectual.
Salta carece de una visión estratégica compartida. Nuestros gobernantes no sienten la necesidad de dotarse de un plan; nuestros candidatos apelan a prácticas clientelares (que, afortunadamente, han entrado en crisis) y se presentan sin programas. Por lo tanto, nuestros problemas se ocultan, se postergan o se enfocan desde la improvisación. Nuestra riqueza común esta puesta a disposición de la especulación cuando no de emprendimientos no sustentables. El Consejo Económico Social, nacido para mejorar la democracia representativa, sobrevive sin autonomía ni autarquía financiera.
A lo largo de estos 40 años han sido más los gobernantes que se subordinaron a las directrices de Buenos Aires que aquellos que plantearon posiciones propias del federalismo regional, solidario e inteligente. Es el caso de las políticas referidas a nuestros hidrocarburos, a la minería, a los biocombustibles, a la agroindustria, al comercio exterior y transfronterizo y a la infraestructura para la producción y el bienestar.
Es cierto también que Salta ha crecido en términos económicos. Y es igualmente verdadero que nuestro potencial de desarrollo es enorme.
Por consiguiente, en el contexto antes reseñado, tenemos por delante el desafío de lograr que este desarrollo se multiplique en el marco de instituciones plenamente democráticas y que este orientado por un Plan Estratégico confeccionado, no por lobistas, sino por los representantes de las fuerzas del trabajo y de la producción, incluyendo a las representaciones de miles y miles de ciudadanas y ciudadanos excluidos de las condiciones dignas de vida y de labor de las que hablan la Constitución Nacional reformada en 1994 y nuestra Carta Magna provincial.
Arriesgo tres conclusiones: la primera afirma que Salta avanzó en estos 40 años de democracia; la segunda recuerda que nos queda mucho por hacer para alcanzar, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU); la última advierte, para aventar triunfalismos, que los salteños hicimos en 40 años lo que otras naciones o provincias hicieron en un par de años.